Miguel Ángel Rocca, padre del único imputado—Nicolás Rocca, de 33 años— en la causa por el choque fatal en Manantiales, denunció una “construcción fatal del accidente”. “Estamos convencidos de que Nicolás no se cruzó de carril”, aseguró.

Este miércoles, la jueza Ana María Guzmán formalizó el pedido de imputación contra Nicolás Rocca después de que la pericia técnica oficial de accidentología vial señalara que la SUV Nivus Volkswagen conducida por el joven fue la que invadió el carril del Ford Ka conducido por Josefina Ferrero. La decisión fue anunciada durante una audiencia, donde también se resolvió pedir la prisión preventiva efectiva del acusado por 45 días prorrogables.

El padre de Rocca -docente universitario, director y productor de cine- dialogó con La Nación y cuestionó no solo los dichos -que definió como “mentirosos”- del abogado de las familias de las fallecidas (Micaela Trinidad y Josefina Ferrero), sino que también apuntó contra el fiscal Sebastián Robles. “No es seriedad”, asestó el hombre, y subrayó: “Todas las imprecisiones, divulgación de falsa información y distorsiones que se fueron instalando en los distintos medios por los abogados de una de las partes, con el consecuente estigma y repudio social”.

“Pensaba que tenía que mantenerme al margen, pero vi la audiencia y entendí que no podía quedarme callado”, enfatizó el hombre.

Foto: Ricardo Figuredo

Los exámenes toxicológicos de los conductores involucrados en el choque frontal dieron positivo para ambas partes. Según la pericia, Ferrero había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis al momento de impactar de frente con el Volkswagen Nivus. Por su parte, en el examen de sangre de Nicolás Rocca se detectó la presencia de metanfetamina (MDMA) y morfina (administrada en el Sanatorio Cantegrill producto de las heridas en el siniestro). Ambos conductores tenían también alcohol en sangre: el hombre tuvo un resultado por debajo a los 0,10 gramos en el espirómetro y en Ferrero se detectó un 0,39 gramos.

“El fiscal habló de una ‘borrachera’, e incluso la jueza [Ana María Guzmán] intervino y dijo que menos de 0,1 gramos en sangre no es borrachera”, apuntó el padre de Rocca. Al ser consultado por la detección en sangre de MDMA, el hombre dijo que la droga estimulante había sido consumida tres días antes al choque.

Rocca, quien destacó que su hijo todavía padece “secuelas físicas y psicológicas, y se encuentra bajo tratamientos en curso sin alta médica, señaló también al “informe policial con errores”. “La pericia habla de banquina y no hay banquina, hay una zanja. Hay un montón de falacias, ¿cómo puede ser que se lo llevaron detenido? ¿Dónde está el principio de inocencia?”, apuntó, y reconstruyó: “El fiscal intentó la prisión preventiva por posible fuga, pero Nicolás siempre estuvo a derecho e incluso alquilamos un año en Uruguay para esta acá, así que la jueza lo refutó. Después el fiscal dijo que Nicolás tiene muchos contactos y que iba a entorpecer la investigación, por lo que ahí aceptó la preventiva”.

“No están dadas las garantías mínimas del proceso”, denunció Rocca, quien aseguró que en el choque “no hubo intencionalidad”. “Está estigmatizado. Lo lógico sería que empiece el proceso, que la fiscalía investigue. Acá pasó una tragedia y nosotros vamos a luchar por su inocencia. Si hubiera sido un error humano, él [Nicolás Rocca] sabe que va a tener que hacerse responsable”.

“Soy un privilegiado porque mi hijo está vivo”, resumió, al tiempo que pidió también respeto a las familias de las víctimas fatales.

“La conducta del imputado encuadra prima facie en lo establecido en los artículos 1, 18, 60, 314 inc. 2 y art. 321 del Código Penal por lo que el imputado Nicolás Rocca debe responder como presunto autor penalmente responsable de ‘un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado de la muerte y la lesión de varias personas’”, resumió el fiscal Sebastián Robles para calificar los delitos que formalizó la juez Ana María Guzmán esta semana.

Andrés Ojeda, representante legal de las familias de las dos fallecidas -Micaela Trinidad y Josefina Ferrero- se manifestó satisfecho con la decisión de la magistrada. “Es una sentencia correcta y fundada”, resumió el letrado en diálogo con La Nación.

A raíz de la decisión de la jueza Guzmán, el fiscal Robles deberá reunir testimonios para avanzar con la acusación y -potencialmente- un juicio oral. No obstante, una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado con su defensa, para que el juicio se realice de forma abreviada, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa.

“Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral”, definen autoridades, y precisan: “[El proceso] aplica para hechos que constituyan delitos que se castiguen con una pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad”.

Tras el accidente, producido el pasado 4 de enero, varias dotaciones de Bomberos de la ciudad de San Carlos y de La Barra de Maldonado arribaron al lugar para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los vehículo.

Hasta ahora, el fiscal del caso, Sebastián Robles, había solicitado cinco medidas respecto del imputado, que fueron ratificadas luego por la jueza de la causa y debían completarse en un plazo de 45 días.

Apenas después del siniestro, además de la prohibición de abandonar el país, el letrado le pidió que fije domicilio en Uruguay; le retuvo los documentos de viaje; le vedó la comunicación entre él y el resto de los involucrados en el siniestro y le requirió que, si llega a abandonar el hospital, se comunique de inmediato con la fiscalía.

Domitila Dellacha / La Nación (GDA)