El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, compareció como testigo en una audiencia por el habeas corpus presentado recientemente por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe). En su declaración señaló a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por "no poner como prioridad al sistema penitenciario" y no responder informes en los que se daba cuenta sobre la muerte de presos por omisión de asistencia. Desde el organismo estatal dijeron a El País que no hay registro de este tipo de fallecimientos, y que siempre han dado respuesta a los requerimientos.

El pasado viernes se llevó adelante una audiencia tras la presentación de un habeas corpus por parte de Ofucipe, representado por el abogado Juan Raúl Williman. El objetivo fue pedir que se destinen “recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad”.

Además, manifestaron que actualmente hay 1.300 funcionarios civiles penitenciarios, lo que significa que hay en promedio entre uno y tres cada 180 personas privadas de libertad, según la cárcel. El recurso presentado tuvo tres ejes: hacinamiento, capacidad de asistencia de los funcionarios y alimentación.

A esta audiencia, a la que pudo acceder El País, concurrieron en calidad de testigos el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. Este último, tras ser consultado sobre las condiciones médicas de los reclusos, si bien dijo que existe asistencia e hizo mención a ciertos avances, aseguró que debe mejorar y apuntó contra ASSE.

Es que todos los años se reportan entre 15 y 25 presos que mueren por omisión asistencial, según informó el comisionado parlamentario. "A nuestros informes me remito. Lamentablemente nunca tuvieron respuesta por parte de ASSE, que ni siquiera nos contestó o nos dijo que es una exageración", dijo durante la audiencia.

En conversación con El País, Petit reafirmó estos dichos y aclaró que se trata de "un promedio" y que las cifras varían cada año. También hizo mención a que, si bien no todos los casos fueron responsabilidad de ASSE —ya que pudo haber estado involucrado el propio INR, el Poder Judicial u otros organismos—, "muchos de ellos sí lo fueron".

Además, si bien aclaró que existe atención médica, dijo que "el rol de ASSE sigue siendo algo pendiente". "No es un organismo pobre. Tiene muchos recursos, mucha calidad técnica y tecnología. Lamentablemente no ha fijado una prioridad en el sistema penitenciario", finalizó.

Desde el organismo dijeron a El País que no hay registro sobre muertes por omisión de asistencia, y que esa afirmación "de ninguna manera es así". "Esperamos que se haya tratado de un error conceptual", dijeron tras ser consultados.

Además, destacaron que "la atención ha mejorado", que "ASSE siempre se ha manejado bajo los parámetros legales y profesionales" y que siempre, también, han "cumplido con los requerimientos". "Jamás nos hemos negado a atender pacientes. Hay casos en que hasta los propios privados de libertad tienen más consultas médicas que una persona extra muros", concluyeron.

Con respecto a la no respuesta a los informes del comisionado, aseguraron no haber recibido ninguno que contenga ese dato.

Foto: Agustín Carballo

El director del INR también compareció como testigo durante la audiencia, en la que fue consultado por varios temas. Con respecto al hacinamiento, Mendoza admitió que en este momento hacen falta 2.000 plazas que se saldarían "dentro de un año y poco" con la construcción de nuevas cárceles que ya están en proceso. También hizo referencia a posibles ampliaciones de centros ya existentes.

En cuanto al traslado de reclusos hacia cárceles del interior donde sí hay plazas disponibles, aseguró que "no se puede llevar a cualquier interno de un módulo a otro", y dio dos argumentos principales.

"La mayoría de los problemas que hay en la cárcel ya los traen desde afuera", explicó. En este sentido, dijo que cada centro tiene sus propias particularidades, e hizo referencia a que, por ejemplo, en la cárcel de Rivera hay gran influencia de facciones de la frontera con Brasil, o que en el litoral con Argentina hay varios reclusos de esa nacionalidad.

Por otra parte, dijo que algunos presos no quieren ser trasladados porque "ganan en comodidad pero pierden la visita de su familia", ya que muchas no tienen los recursos para trasladarse seguido hacia otro departamento.

Con respecto a la alimentación, declaró que "debe seguir mejorando", y destacó que próximamente el Ministerio del Interior firmará un convenio con una empresa argentina para brindar alimento en algunas cárceles, y que capacitarán como parte del equipo de cocineros a privados de libertad, que luego podrán tener un diploma.

Por último, consultado por el sistema de rehabilitación y tratamiento de adicciones, Mendoza adelantó otro posible convenio, esta vez con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir una BID clínica en Modulo 9 del centro Santiago Vázquez —exComcar— para 200 personas.