Ayer fue un día de celebración para el Plan Juntos. En la sede de la calle 25 de Mayo, autoridades y técnicos conmemoraron los primeros 12 años de este programa y también el décimo aniversario de trabajo de unos 10 funcionarios.

En torno a una mesa con torta, sándwiches y medialunas, los invitados festejaron que en estos 144 meses se brindaron más de 2.600 soluciones habitacionales: el equivalente a 130 edificios con 20 apartamentos cada uno, ocupados por familias uruguayas.

Sin embargo, el festejo se vio empañado por la reciente puesta en pausa de las intervenciones del Plan Juntos en el barrio Marconi. Una escalada de episodios violentos que se intensificó en los últimos cinco meses y obligó al coordinador general del programa, Rody Macías, a detener provisoriamente las obras. El coronel retirado e integrante de Cabildo Abierto pedirá la colaboración de otros organismos del Estado para elaborar un plan de acción con “estrategias conjuntas”, ya que entiende que sin él seguirán estando en peligro tanto los vecinos como los técnicos a su cargo.

Macías ya le entregó al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano -su correligionario-, un informe pormenorizado de la situación en el Marconi. Allí enumeró asesinatos, balaceras, asaltos y amenazas de muerte de bandas criminales a familias de la zona, según supo El País.

El documento de 27 páginas, redactado por los asistentes y técnicos que trabajaban de forma asidua en el barrio, fue acompañado por una carta del coordinador general del Plan Juntos, con una síntesis de los hechos más graves.

“La cronología detallada expone el aumento del nivel de violencia territorial, principalmente a partir del mes de julio. De manera paralela, la presencia policial en el territorio disminuye casi en su totalidad”, afirmó Macías como preámbulo.

La última perla se sumó al collar el pasado fin de semana. Al sistema informático del Plan Juntos entró una “novedad urgente” sobre la situación en el Marconi, porque, si bien el obrador en este barrio se replegó provisoriamente hacia Casavalle, “por seguridad”, se continúa en contacto con las familias.

Hace días, en la calle Artagaveytia hubo un tiroteo con intervención de la Policía. Una vecina resultó herida y, cuando la balacera cesó, los oficiales se llevaron detenida a una familia entera. Este núcleo familiar vivía justo en frente de una beneficiaria del plan, mientras que sus dos hijas estaban a la espera de sus propiedades. No obstante, según la comunicación interna, ellas transmitieron “que prácticamente quedarían solas en la cuadra”, que el riesgo era “muy grande” y que tenían “mucho miedo”, por lo que querían irse del barrio, pero no tenían dónde alojarse.

Por esta razón, desde el Plan Juntos se articuló con el Ministerio de Desarrollo Social para buscar una “solución inmediata”.

Ante el funcionariado, Macías enfatizó que ellos son “los primeros” y los que “más están” en el territorio, “de una manera diferente y única”, pero “sin hacer comparaciones con otros organismos” del Estado. Si bien el programa originalmente buscó hacerle frente a la emergencia sociohabitacional (declarada por el expresidente José Mujica y votada por todos los partidos), con los años sumó más cometidos. Por ejemplo, se firmaron convenios para atender la salud bucal de los participantes, se instalaron plazas y se organizaron actividades culturales y capacitaciones.

Sin embargo, en el último tiempo la violencia recrudeció en el Marconi, donde se despliegan acciones desde 2016, lo que forzó la retirada de los técnicos. Consultado por El País, el coordinador general del Plan Juntos se limitó a decir que los enfrentamientos “han crecido en los últimos tiempos”, lo que “pone en alerta” a todos los funcionarios públicos. Pero en la nota que remitió a Lozano, Macías detalló que por la “escalada violenta” hubo que hacer seis repliegues de obra en 2022.

Primero hubo una balacera a mediados de junio. Tres semanas después, se produjo un enfrentamiento armado cerca de las viviendas.

El 28 de julio del año pasado, según el coordinador, hubo un “amedrentamiento e intento de asalto a vehículos del Plan Juntos”. A tan solo ocho días, dos vecinos murieron en el marco de un enfrentamiento armado.

Sin embargo, la violencia no frenó entonces: agosto fue un mes particularmente complejo para los vecinos del Marconi. El día 12, tres delincuentes asaltaron un camión de la Intendencia de Montevideo portando armas largas. Y en un lapso de cuatro días, asesinaron a una mujer y a su hijo, incendiaron una vivienda y mataron a la vecina que denunció el hecho.

“Durante el mes de setiembre se registraron dos balaceras en las inmediaciones del obrador del Plan Juntos”, continuó Macías, que agregó que al mes siguiente se registraron tres balaceras más y un asesinato en las inmediaciones de obras en curso. También hubo crímenes y tiroteos en noviembre.

Este año, la situación se complejizó aún más, según el relato del coordinador general al ministro Lozano.

En enero, un enfrentamiento armado cerca del obrador llevó a que solo se continuara el proceso con una vivienda. Es decir, el programa se retiró “a los efectos de preservar la integridad de sus trabajadores de las restantes obras (...), trasladando el obrador al centro de trabajo de Casavalle como base del personal”.

Si bien se retomaron las tareas después de contactar a la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, para reforzar la presencia policial, la inseguridad forzó nuevos repliegues. El pasado 1° de junio, una persona fue asesinada tras una persecución vehicular, y este auto impactó contra una vivienda del Plan Juntos. Desde entonces un funcionario fue agredido; asesinaron a un participante del programa y amenazaron de muerte a su familia y a otras dos de la cuadra; y vandalizaron la casa de una mujer luego de que bandas criminales la coaccionaran.

Estos sucesos “terminan siendo claves para que el programa realice una pausa en la intervención, considerando que se agotaron las estrategias para la viabilidad de la misma”.