De manera pública, tanto desde el Ministerio del Interior como en Fiscalía, se destaca el trabajo colaborativo que los organismos llevan adelante. Sin embargo, en ocasiones los cruces se hacen evidentes, y estos tienen que ver con la forma en que se imputa a los delincuentes. Esto es lo que pasó con el caso de un “motochorro” en el Buceo.

En el marco de una serie de jornadas de intercambio que viene haciendo el Ministerio del Interior con vecinos de varias zonas de Montevideo, en el Buceo se dio cuenta de un grupo de delincuentes que habían robado a varios vecinos, bajo el mismo modus operandi. Llegaban en moto por la noche y arrebataban celulares, mochilas o carteras. También se dieron casos en que llegaban a pie y se llevaban motos que estaban estacionadas.

Lo que más generaba enojo en la gente era la impunidad con la que se movían y reiteraban los delitos. Por eso la Policía reforzó el patrullaje en el barrio y aumentó su presencia en zonas aledañas, a donde los delincuentes escapaban luego de los robos. Además, se pusieron más cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos.

Pero cuando comenzaron a verse los resultados, la respuesta de Fiscalía generó desconcierto en la Policía. El caso que funcionó como punto de quiebre fue aquel por el que se de- jó en libertad a un joven de 16 años que reincidía en el robo a mano armada.

El delincuente venía siendo investigado por reiterados asaltos, los que realizaba desde su moto, y los vecinos habían dado pistas que permitieron identificarlo.

La Policía logró detenerlo a principios de mayo y lo derivó a la Fiscalía. En esa instancia se resolvió imputarlo por un delito grave de receptación, pero el fiscal a cargo del caso solicitó que se le aplique una medida socioeducativa por un lapso de seis meses, bajo la modalidad de libertad asistida.

Esto significó que el menor no quedara recluido en el Inisa, como reclamaban algunos vecinos y policías, sino en libertad y bajo la asistencia de equipos multidisciplinarios -psicólogos, asistentes sociales y sociólogos- en días determinados por la Justicia.

La medida buscó contemplar y dar lugar a una reinserción del joven, pero en este caso no se logró el efecto, porque el sábado 10 de junio, a menos de un mes de su anterior delito, fue detenido una vez más por la Policía con una motocicleta robada y un revólver largo, calibre 22.

Con las pruebas en su contra, y teniéndose en cuenta la reincidencia, la Policía confió en que sería recluido en un centro de menores, pero para la sorpresa de los oficiales de la seccional 9a -quienes realizaron la detención- no fue así.

Si bien se comprobó que el implicado había incurrido en dos faltas graves -un delito de porte y tenencia de arma en un lugar público, junto a un delito de receptación-, más el delito que había cometido antes, se dispuso una vez más una pena de libertad asistida y una medida socioeducativa.

“Es otro caso insólito que a nivel policial causa sorpresa y preocupación”, señaló una fuente del Ministerio del Interior a El País.

Son varias la quejas que la cartera ha realizado sobre el accionar de la Fiscalía en los últimos tiempos, incluso dándose reuniones entre las autoridades ministeriales y el fiscal de Corte, Juan Gómez, donde se le entregaron listas de delincuentes que habían quedado en libertad tras ser detenidos.

Molesta, por ejemplo, el caso de un joven de 19 años con antecedentes penales por receptación y tentativa de hurto agravado, que fue detenido el pasado 8 de junio. El implicado tenía al momento de su captura un celular, que había sido robado a una joven en inmediaciones de Luis Alberto de Herrera, cerca de la facultad de Odontología. La investigación en su contra dispuso una medida preventiva de arresto domiciliario nocturno. Lo cual genera que el delincuente permanezca libre gran parte del día.

Los reclamos desde la Policía sobre la Zona Operacional 2 -que incluye el barrio de Buceo- por el accionar de la Fiscalía, no son nuevos. El más reciente fue el que protagonizó, como foco de las críticas, la fiscal Brenda Puppo.

A criterio de la Policía de Montevideo, la fiscal no trabajó como debía algunos casos, en los que decidió dejar en libertad a delincuentes pese a las evidencias reunidas por los uniformados.

En abril El País informó sobre 18 delincuentes que habían sido capturados infraganti y que al no ser imputados continuaron robando y asaltando. “Se nos ríen en la cara cuando quedan sueltos”, sintetizó un jerarca policial sobre esta situación.