MOVILIZACIÓN POR EL 8M

Aunque la Policía lleva dos meses y medio desarmando reuniones y disolviendo aglomeraciones, y a pesar de que extendió el plazo de vigencia de la ley que lo habilita a hacerlo, este 8 de marzo se comportó de otra forma. Ante la marcha de miles por el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio del Interior observó sin intervenir y dejó que la masa de gente siguiera su curso, aun ante la certeza de que implicaba un “notorio riesgo sanitario”, más en un escenario de aumento de casos. ¿Por qué se tomó esta decisión?

Bastante se especuló al respecto en la previa del 8M. ¿El gobierno asumiría el costo político de enfrentar una aglomeración feminista? ¿Se ampararía en la ley que limita el derecho de reunión para hacerlo? Las autoridades evitaron respuestas claras.

Dentro del movimiento feminista se habían planteado dos posturas. La Intersocial Feminista del Uruguay organizó eventos y llamó a no adherirse a la marcha. El colectivo Feminismos.uy, en cambio, citó a la hora 17 del lunes a concentrarse en tres puntos del centro: Plaza Independencia, Santiago de Chile y San José, y Plaza de los Treinta y Tres, y desde allí marchar hacia la Plaza Libertad.

La vicepresidenta Beatriz Argimón había transmitido un mensaje desestimulando la convocatoria. “Yo marché toda mi vida, pero pienso que no están dadas las condiciones para hacer ninguna marcha. Entiendo que la prioridad ahora es cuidarnos personalmente y en lo colectivo”, había dicho en diálogo con El País. En sentido similar se había pronunciado la intendenta Carolina Cosse.

El lunes, el propio Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado advirtiendo que era de “alto riesgo la realización de todo evento” que pudiera “devenir en aglomeración multitudinaria”.

Pero lo cierto es que, si bien hubo menos gente que en años anteriores, la marcha fue multitudinaria. De acuerdo con lo que pudo constatar El País, al inicio se mantuvo el protocolo (distancia, tapabocas), pero luego fue llegando más y más gente, y el cuidado sanitario se hizo difícil.

Aún en este escenario, la Policía resolvió mantenerse al margen. La decisión no se tomó en ese momento, sino que fue a partir de una conversación que mantuvieron el ministro Jorge Larrañaga y el presidente Luis Lacalle Pou.

Según explicaron a El País fuentes del Ministerio del Interior, se hizo en procura de “evitar un daño mayor”. Se entendió que una intervención policial en la marcha podría haber generado un “caos”.

“Es inimaginable que la fuerza policial se emprenda contra 8.000 personas porque hubiera sido generar una situación de una violencia de tal característica que no hubiera sido responsable para la convivencia de los uruguayos”, confió una fuente de la cartera.

La Policía se amparó para su no intervención en el artículo 30 de la ley de procedimiento policial, que indica que “en toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que se pretende impedir”. Esta lectura, explicaron las fuentes, se hizo bajo la premisa de que en la marcha “había mujeres con niños, mujeres mayores” y que, además, “había un alto porcentaje de manifestantes que estaban de tapaboca” y marcharon de “forma pacífica”.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que la marcha del 8M se trató de algo “excepcional” y por eso no se disolvió, a pesar de que juntó a muchos más que tantas reuniones desactivadas durante el verano. “¿Qué sería hoy del Uruguay si hubiera habido represión? Sería un incendio nacional”, valoró una fuente de la cartera de seguridad al ser consultada.

En el ministerio entienden que la Policía actuó estratégicamente y que se colocaron en distintos puntos para evitar que se generaran incidentes. La Policía estuvo cerca de la marcha, y colocó vallados y efectivos en lugares donde anteriormente hubo incidentes, para evitar atentados contra la propiedad pública y privada.

Hubo vallas en la iglesia del Cordón, en la Suprema Corte de Justicia, en la sucursal 19 de Junio del Banco República, en Presidencia, el Palacio Santos y Cancillería.