MAYOR PRECISIÓN EN LAS DENUNCIAS

Una niña había salido con su abuelo en el oeste de Montevideo. De un momento a otro sufrieron un accidente, el adulto quedó inconsciente y ella tomó el celular para llamar al 911. Pero al ser atendida no supo decir su ubicación.

Casos como estos hay cientos a diario, porque si no es un niño el que reporta una emergencia es un adulto en tal estado de shock que no puede decir con precisión dónde está.

Se trata de situaciones a las que están acostumbrados los operadores telefónicos del Centro de Comando Unificado (CCU), quienes además tampoco pueden dar por sentado el sitio desde donde se llama cuando escuchan que la persona se encuentra en 18 de Julio -seguramente el nombre de avenida más común en Uruguay junto con Bulevar Artigas-, por lo que deben perder varios segundos al preguntar en qué departamento se encuentra el denunciante.

Son problemas que, no obstante, se encaminan a desaparecer, advierten en el Ministerio del Interior, porque la Policía está “actualmente” trabajando en la implementación de un “sistema de geolocalización” que permitirá saber la ubicación -con bastante precisión- de la persona que hace la llamada por celular, indicaron a El País fuentes de la cartera de seguridad.

Y no solo eso, porque la Policía también sabrá -cuando el sistema se ponga en práctica en “los próximos meses”- la “identificación” de quien hace el llamado y si tiene contrato con la empresa telefónica.

La necesidad de mejorar la tecnología no es un descubrimiento de la actual administración: ya la ley de Rendición de Cuentas de 2017 había dispuesto, en su artículo 97, que “los operadores de telecomunicaciones” debían proporcionar a la cartera de seguridad “la localización geográfica del dispositivo al momento de la llamada, con la mayor precisión posible: radio base, celda celular, GPS y demás datos que se obtengan”.

Fue así como durante el año pasado el ministerio trabajó “con los diferentes involucrados” en la materia, como las autoridades del Centro de Comando Unificado, las operadoras telefónicas e incluso la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para “avanzar con este proyecto”. Desde este organismo, su presidenta, Mercedes Aramendía, dijo a El País que su rol ha sido el de asesoramiento en “asuntos técnicos” relacionados con la “normativa aplicable” y las “reuniones con partes interesadas”, entre otros asuntos.

Con ese norte, entonces, la secretaría de Estado adjudicó a la empresa Sonda -mediante licitación abreviada- el servicio para instalar y configurar el servidor necesario para poner en práctica el sistema, y se gastó en eso un total de US$ 9.196,36, tal como consta en el sitio web de compras estatales.

Para el ministerio no hay dudas de que la geolocalización de los llamados por celular -porque las alertas de la aplicación del 911 tienen georreferenciación automática- traerá un “gran beneficio” que, a priori, puede discriminarse en dos “bondades”, indicaron.

La primera es que se mejorarán “los tiempos de respuesta a la emergencia policial”, lo cual -va de suyo- también redundará en una “mejora en la calidad” de la atención de los operadores que a diario reciben un promedio de 3.000 llamadas -unas 100 mil mensuales.

El segundo beneficio es que el uso de esta nueva tecnología permitirá asimismo que todas las llamadas al 911 desde un celular sean “redirigidas automáticamente a la Jefatura departamental que corresponda”. Esto es algo que no ocurre en la actualidad, ya que la sede del CCU, ubicada en la avenida José Pedro Varela, centraliza todas las llamadas al 911 y los números de emergencia asociados, como 104, 109 y 112 -que es al que se llama en Europa-, para luego enviar la información a los distintos departamentos.