Redacción El País
La Fiscalía Letrada Departamental de Tacuarembó de Primer Turno solicitó la formalización respecto de una persona de iniciales A.F.L.R. por la comisión, en calidad de autor, de un delito de violación especialmente agravada por ser la víctima menor de 18 años de edad y por aprovecharse de su condición de educador.

La investigación comenzó por una denuncia radicada por los padres de la víctima y las autoridades de un centro educativo, que daba cuenta que la niña (de 12 años) fue víctima de abuso sexual por un profesor (de 45 años). Desde el inicio del año lectivo, tanto el entorno de la niña como del indagado, notaron un acercamiento inadecuado para un profesor y su alumna. Autoridades del centro educativo lo habían hecho notar pero no se logró revertirlo, según consta en el pedido de formalización presentado por la Fiscalía.

También se pudo precisar que, en ocasión de una salida recreativa que la víctima hiciera con su prima, se separó de esta para ir al encuentro del indagado en un local donde se produjo un encuentro sexual entre ambos. Asimismo, se pudo determinar que el indagado proveyó a la niña de un anticonceptivo de emergencia. Y que, luego de estos hechos, la niña volvió al encuentro de su prima. Las autoridades del liceo se reunieron con la niña, quien solicitó hablar a solas con la psicóloga. Es en ese marco que la víctima reveló los hechos descritos y agregó que sentía temor porque la pareja del indagado le había increpado por la relación que mantenía con su marido, y había amenazado con hacerle daño a ella y a su madre.

Luego de la conversación de la niña con la psicóloga, la dirección del centro se comunicó con los padres de la niña y se realizó la denuncia policial.

A la víctima se le realizaron las pericias forenses y los resultados del examen físico fueron compatibles con lo relatado por la niña. También se le hizo una pericia psicológica.

La Fiscalía recabó múltiples evidencias, tales como declaraciones de testigos, de autoridades del centro educativo, las pericias forense y psicológica, registros fílmicos, la declaración del imputado y de la esposa en calidad de imputada. Además de la formalización, la Fiscalía solicitó que se disponga respecto del imputado la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.580. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva para el indagado.

En primera instancia se hizo lugar a lo solicitado por parte de la Fiscalía como medida cautelar, esto es, la prisión preventiva por 120 días. Esta decisión fue apelada por la defensa, y en sentencia de Segunda Instancia, se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico.

En un audio que envío a personas de su confianza el indagado hace un mes decía que “estoy confiado en que la verdad sea lo que prime”. “Yo voy a plantear todas mis pruebas que tengo de actitudes de ella y de mensajes amenazando a mi pareja y a mí “, dice el audio. “A veces decía que estaba conmigo y otras veces decía que no. Ella tiene su abogado. Yo tengo mi abogado. Será un momento feo, feo, porque habrá que escuchar muchas mentiras y cosas” decía. El hombre admitía tener “miedo”.