Redacción El País
El Poder Ejecutivo reglamentó este miércoles el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto que genera una reparación económica, social y moral “a las víctimas de ilícitos cometidos por organizaciones políticas armadas” entre 1962 y 1976.

El texto establece que "serán beneficiarios de dicha reparación moral y patrimonial las víctimas de los hechos ilícitos" que "hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacidad permanente, total o parcial, para el trabajo o la privación de libertad por más de sesenta y dos horas".

En el artículo 3 se establece que los montos de las reparaciones patrimoniales será.

• A los causahabientes de quienes perdieron la vida: US$ 150.000
• A quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo a sus causahabientes: US$ 100.000
• A quienes fueron privados de su libertad por más de sesenta y dos horas o a sus causahabientes: US$ 50.000

Por otro lado, el artículo 4 indica que "los beneficiarios que hayan recibido una indemnización por parte del Estado como consecuencia de una sentencia judicial, transacción, decisión administrativa o leyes especiales, solo tendrán derecho a la diferencia entre la suma efectivamente percibida, convertida a la cotización valor dólar estadounidense interbancario del día del cobro".

El aval al otorgamiento de las pensiones quedará en manos de una comisión especial que será presidida por el Ministerio de Educación y Cultura junto a dos delegados de las organizaciones "más representativas de las víctimas". Para conceder las prestaciones se necesitará el voto de cuatro de los cinco delegados.