Redacción El País
El Ministerio del Interior apunta a cambiar en esta Rendición de Cuentas las penas mínimas y máximas para el homicidio intencional y sumar al agravamiento del delito las mutilaciones y desmembramientos que se registran en la guerra narco, entre otras modificaciones.

El País tuvo acceso a documentos con los motivos detrás de estos cambios impulsados por la cartera que dirige Luis Alberto Heber, que tomaron por sorpresa tanto a integrantes del oficialismo como de la oposición, según fuentes políticas.

La modificación prevista para los homicidios no es menor, y de hecho, es la primera vez en este período de gobierno que se apunta a cambiar la pena del homicidio intencional. El artículo 310 del Código Penal -en su última redacción del 2018, año que se registró el récord de 421 homicidios- señala que la pena se ubica entre dos y 12 años de penitenciaría.

La nueva redacción, comprendida en el artículo 145 de esta Rendición, apunta a que el castigo para el homicidio intencional sea de un mínimo de seis años de penitenciaria a un máximo de 18 años.

Fuentes de Interior indicaron a El País que la pena mínima actual es “ridícula” y está descompasada de otros delitos graves y respecto a lo que ocurre en otros países.

Tras analizar lo que ocurre en América del Sur, notaron que para estos casos los países con menos pena (Bolivia y Paraguay) tienen cinco años. De esta forma, buscan corregir el “absurdo” -como indicó una fuente de Interior- y que el guarismo “tenga proporcionalidad con otros delitos graves que involucran violencia contra las personas, y donde las penas son mucho mayores”.

En la fundamentación de la propuesta se remarcó que “no se justifica que en un delito donde se quita intencionalmente una vida humana, la pena sea mucho menor” que en una rapiña (de cuatro a 16 años de penitenciaría), copamiento (de ocho a 24 años), extorsión (de cuatro a 10 años) y secuestro (de seis a 12 años).

Cabe puntualizar que un homicidio intencional con circunstancias agravantes especiales, tiene una pena de 10 a 24 años de penitenciaría, mientras que si estas son muy especiales, el castigo aumenta de 15 a 30 años de cárcel.

Por otro lado, el gobierno busca a través del artículo 146 de esta Rendición incluir una décima circunstancia agravante “muy especial” de los ho-micidios. Esta modificación apunta a castigar la crueldad de crímenes vinculados principalmente con la guerra narco que se desata en varios puntos del país.

Esto implica sumar al ar- tículo 312 del Código Penal, ya modificado en el año 2020, el agravante de quien haya matado “con o seguido por, el vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima”.

La “justificación” para este cambio es que las modalidades delictivas cambiaron, “especialmente” en los “conflictos entre grupos criminales y en particular al narcotráfico”.

Quienes cometen esos asesinatos, apuntó la cartera, “apelan con cierta regularidad a incinerar o mutilar el cadáver de las víctimas”, buscando dos objetivos. Por un lado, “entorpecer o enlentecer” la investigación criminal, al “eliminar indicios, evidencias y elementos de prueba”, tales como ADN o huellas, que permitan “esclarecer el crimen y dar con los responsables”.

Por otro lado, delincuentes y grupos criminales realizan estos actos para enviar “un mensaje a sus pares de intimidación, advertencia, amenazas y del ejercicio del poder de la violencia y de la crueldad que están dispuestos a ejercer”.

Interior planteó, además, que esta “tendencia” a lo que se llama “segundo homicidio”, que es la “destrucción definitiva” de los restos, impide a la familia acceder al cuerpo tras el asesinato. Lo que muestra la “radicalización” de delincuentes y grupos criminales.

En ese sentido, de no aprobarse la inclusión de este agravamiento, este fenómeno “podría seguir expandiéndose y radicalizándose”. La situación, acotó la cartera, requiere de una “respuesta firme y contundente” que actúe de forma “disuasiva y punitiva”.

Para el ministerio, “la destrucción del cuerpo del ‘primer homicidio’ merece una clara respuesta político jurídica contra esta práctica de vilipendio, crueldad y violencia inusitada”.

Con esta propuesta se busca “tender a quebrar esta tendencia criminal” y “reforzar las políticas de seguridad pública para combatir estas modalidades en el plano disuasivo y punitivo por parte del Estado”.

Por otro lado, Interior incluyó otro cambio contra los delincuentes en esta Rendición. En el artículo 153 se prevé agregar un artículo a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que permita “inhabilitar” la conducción por hasta 10 años.

Puntualmente, se apunta al conductor que maneje un vehículo “hurtado o que fue utilizado para cometer un delito o cuyos datos identificatorios hayan sido adulterados de cualquier manera o que pertenezcan a otro vehículo”.

En primer término se “retendrá” la licencia de conducir del implicado y se le “sancionará con la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos automotores, por el término de cinco años”. Incluso, en caso de reincidencia, “se extenderá dicha sanción por el término de 10 años”.

Interior busca, además, en esta Rendición extender de seis meses a dos años las escuchas telefónicas “para el caso de investigaciones complejas o que involucren a organizaciones criminales”, tal como indica el artículo 152. De esta forma, se apuesta a cambiar un plazo fijado en el año 2014.