Es una polémica que se instaló tras el femicidio de la adolescente Valentina Cancela a mano de su exnovio, ambos de 17 años: por qué el agresor no tenía puesta una tobillera electrónica cuando había registro de denuncias por golpear a su entonces pareja. El juicio unánime de expertos, políticos y operadores judiciales fue que “falló el sistema”, porque debió haberse ponderado el peligro que corría Cancela. Pero entonces comenzaron los cruces de responsabilidades: la disputa ha sido en torno a quién tiene un poco más la culpa de no haber protegido a la adolescente con un dispositivo electrónico que asegurara un radio mínimo de distancia con quien terminó matándola en la Playa Brava de Punta del Este la semana pasada.

“Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, de no haber previsto esta situación, no se previó”, fue una de las primeras declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de la tragedia. Pero enseguida agregó que el adolescente imputado no tenía tobillera no porque la Policía o la cartera lo hubiera negado sino porque no había existido orden judicial. “No podemos poner la tobillera porque queramos, si no es con autorización judicial; y no podemos darle custodia si no es con actuación judicial”, señaló el jerarca.

Y aquí se desató el debate. El ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli opinó en diálogo con Canal 10 días atrás que la tobillera “era perfectamente aplicable” en este caso y que la ley “no establece definición” alguna en contra de su uso en los adolescentes. Y luego entró en escena la Asociación de Magistrados del Uruguay. Lo hicieron “ante expresiones incorrectas de autoridades del Poder Ejecutivo”, según indicaron en un comunicado que tuvo el objetivo de aclarar que “conforme a lo dispuesto por norma reglamentaria” en una acordada de la Suprema Corte de Justicia (8028/2019), “dictada en coordinación con el Ministerio del Interior”, está establecido que “por razones jurídicas y técnicas es necesario que el dispositivo se imponga respecto de personas mayores de 18 años”. Y además, afirmaron que Interior, en virtud de la referida normativa reglamentaria, cuestiona (e incluso ha negado) la colocación de tobilleras en menores de 18 años”.

Esta aseveración no es compartida en la cúpula de la cartera de seguridad porque los datos con los que cuentan indican otra cosa. Por ejemplo, desde 2021 a la fecha, la Justicia indicó -y así cumplió Interior- la colocación de 82 dispositivos electrónicos en casos de violencia a adolescentes (entre 13 y 17 años). En “la inmensa mayoría de los casos”, agregaron los informantes a El País, el agresor era un mayor de edad. De estos 82 casos, hay 23 que siguen activos -es decir, que no cesaron como medidas cautelares- e incluso hubo tres situaciones registradas en los últimos meses en las que el agresor también tenía menos de 18 años.

En todos los casos, el agresor lleva la tobillera mientras que la víctima porta un dispositivo que avisa mediante una alarma cuando el atacante no está respetando el radio acordado por la Justicia.