Redacción El País
Luego de una semana plagada de amenazas de bomba, tanto a centros comerciales como estudiantiles, se condenó a un hombre y se formalizó a una mujer vinculados a estos hechos y la Policía confirmó la detención de otra persona. Este nuevo detenido es una persona mayor de edad y se investiga su participación en la amenaza que sufrió el liceo 33 de Camino Carrasco en Montevideo.

"Hay más personas involucradas, la Policía sigue trabajando. Esto no termina acá", aseguró el conferencia de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro. "Vamos a seguir trabajando, estos son los primeros resultados y no vamos a claudicar en la investigación de ninguno de estos hechos", aseguró.

Negro resaltó la eficacia para detener "en menos de 24 horas" a los autores de las amenazas en el Montevideo Shopping.

Por su parte, Julio Sena, director de Investigaciones, señaló que hay "un trabajo profesional de la Policía" y reiteró "el compromiso y profesionalización del personal" para llevar adelante las investigaciones.

Ana Sosa, directora de Inteligencia, indicó que "fueron 12 las instituciones, públicas y privadas, afectadas por estas amenazas". Sobre el detenido por lo ocurrido en el liceo 33, "es un hombre de 20 años con antecedentes por receptación". Además, fueron alrededor de 20 llamadas y cinco correos electrónicos con mensajes amenazantes.

Sosa señaló que el miércoles, cuando las autoridades realizaron una conferencia de prensa, venían "avanzados con la información, pero no la brindaron porque perjudica a la investigación policial".

El fiscal de Flagrancia de 15^o Turno, Raúl Iglesias, relató primero los hechos por los cuales se individualizó al guardia y se remontó a semanas atrás. El 17 de febrero, ingresó un llamado a la Seccional N° 8 alertando por un artefacto explosivo en el sanatorio de Casa de Galicia ubicado en la Avenida Millán.

Ante ese llamado, se activó un protocolo de seguridad en conjunto con Bomberos, quienes concurrieron con un camión y realizaron un "importante despliegue". Luego de inspeccionar el lugar se determinó que se trataba de una falsa alarma.

"Está de más decir que genera alarma pública e importantes perjuicios para el personal que trabaja allí y quienes están internados", dijo Iglesias durante la audiencia.

El 24 de febrero volvió a reportarse un episodio similar. Tanto estos casos como el del 22 de marzo, en el que debió evacuarse el Montevideo Shopping, se pudo determinar que la llamada partió del celular del imputado. La llamada fue idéntica al caso de Casa de Galicia.

Foto: Matías Pérez/El País.

Por otra parte, Iglesias relató que, por su parte, la mujer llamó al 911 para alertar de dos personas a las que describió con detalle, diciendo que tenían un bolso y que estaban hablando sobre poner una bomba. "Es una mentira flagrante", aseguró el fiscal que agregó que en las filmaciones no se pudo constatar la existencia de estas personas.

La defensa de la imputada volvió a oponerse, asegurando que ella se dirigía al baño cuando escuchó a dos jóvenes que subían por la escalera mecánica riendo y comentando lo que había ocurrido el día anterior en el Montevideo Shopping, a la vez que decían "vamos a hacer lo mismo acá". Según su versión, llamó al 911 para advertir sobre lo que había escuchado, y que de ese aviso "no se desprende una amenaza".

El fiscal nuevamente hizo énfasis en la falta de exactitud en el relato. "Hay que enviar un mensaje muy contundente a la ciudadanía de que no se pueden permitir estas acciones que generan un gran perjuicio", argumentó ante el juez mientras solicitaba la prisión preventiva, que no fue otorgada.

Finalmente, la mujer fue imputada por simulación de delito en concurso formal con un delito de violencia privada, debiendo cumplir con 45 días de arresto domiciliario total. Por su parte, el guardia aceptó un acuerdo abreviado y fue condenado a seis meses de libertad a prueba por reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito.

Deberá fijar domicilio, concurrir a la seccional y hacer dos horas de trabajo comunitario semanal hasta el final de su condena.