Un tercio de los presos extranjeros que cumplen condenas en las cárceles uruguayas cayeron en esa situación por delitos vinculados a drogas, según reveló un estudio realizado por académicos de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentado en los últimos días.

El informe permitió realizar recomendaciones al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y trazar el perfil de los delincuentes, para comprender diferencias con los reclusos uruguayos.

De los 373 privados de libertad extranjeros que se encontraban divididos en 23 cárceles uruguayas al momento de comenzar con las encuestas —abril de este año—, 293 fueron los que pudieron o decidieron participar —casi el 80%.

Si bien el número de reclusos varía cada día debido a los ingresos diarios a los centros penitenciarios, así como las liberaciones, en el corte realizado para este estudio la población extranjera en cárceles representaba un 2,4% del total. "El hecho de que la cifra no sea altamente significativa en el total las hace aún más invisibles", adelantaron los académicos en el informe en su introducción.

Si bien pueden presentarse variaciones entre hombres y mujeres, el estudio llegó a que la franja predominante en cuanto a edad es de 20 a 44 años, siendo más aquellos que tienen entre 35 y 39, así como los que van entre 25 a 29.

Con respecto a sus estudios, casi el 20% del total manifestó tener como mayor nivel educativo la enseñanza secundaria incompleta. Le siguen aquellos con primaria incompleta —17,5%— y primaria completa con 14%.

En cuanto a la cantidad, si bien ha aumentado en los últimos años se mantiene estable. En 2019 había 334 privados de libertad extranjeros, mientras que para abril de 2024 eran 373. De ese último número, 144 eran brasileros, 105 argentinos y 19 colombianos. Se encontraban seguidos de nacionalidades como la dominicana, cubana, chilena y paraguaya.

Al analizar los perfiles delictivos entre locales y extranjeros, existen diferencias en los delitos cometidos. En la generalidad de los reclusos uruguayos, el delito mayoritario es el hurto, mientras que en los extranjeros es la actividad delictiva vinculada a estupefacientes —ya sea de forma directa o en modalidad de asistencia.

En total, el 35% de los inmigrantes privados de libertad están en prisión por este tipo de delitos. Se trata de casi el doble que los uruguayos, que son el 18%.

Este número aumenta todavía más cuando se tiene en cuenta solo la población femenina. Las privadas de libertad uruguayas por delitos de estupefacientes representan un 43% mientras que esa cifra sube al 53% en las inmigrantes.

Una de las posibles explicaciones, según se indicó en el informe, apunta al crecimiento del microtráfico y al endurecimiento de estas penas luego de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "En ese delito tanto en la población femenina en general como en la extranjera en particular suele ir de la mano con la introducción de drogas en las visitas carcelarias a las parejas masculinas", se afirmó en el estudio.

Con respecto a la situación migratoria de los presos extranjeros, se determinó que más de la mitad no cuenta con un estado regular, o puede devenir en irregular por sobrepasar el tiempo que pueden permanecer como turistas. "En este estado de situación, muchas de estas personas corren el riesgo de quedar indocumentadas, lo cual tendrá consecuencias no solo durante su privación de libertad sino en su vida afuera del sistema carcelario", dice el documento.

La directora del proyecto, Silvia Facal, dijo a El País que debido a la situación migratoria irregular, muchos reclusos no pueden cobrar peculios por sus trabajos, o acceder a servicios como la salud, por lo que se está evaluando como solución que se brinde un documento especial para que puedan acceder a esos derechos.

Entre las conclusiones que arroja el estudio, se aseguró que el principal problema ha sido "la falta de una Política de Estado que trascienda los gobiernos de turno". También han sido reafirmadas algunas necesidades ya mencionadas en los distintos informes del Comisionado Parlamentario Penitenciario, como la de un mayor presupuesto para el tratamiento de los reclusos de cara a la obtención de su libertad.

Además se enfatizó en la falta de recursos humanos necesarios para las tareas básicas, el hacinamiento extremo en algunas unidades, y otros elementos como mejorar la cobertura en salud, y servicios en cuanto a educación y posibilidad de trabajo.

"No nos imaginamos que la situación iba a ser tan dispar como la que terminamos encontrando", relató Facal a El País y dijo que es necesario que se implemente "al menos un referente para las temas vinculados a la población carcelaria extranjera".

Los centros en los que se encuentran recluidos mayor cantidad de hombres extranjeros son los penales de Libertad (91), exComcar (86) y Cerro Carancho (55). En los primeros se debe a que son dos de los centros con mayor capacidad de albergar reclusos, además de sus medidas de seguridad, mientras que en el último caso se trata de una cárcel en el departamento de Rivera, una de las fronteras con Brasil en la que se registran mayor cantidad de incidentes vinculados con bandas criminales que operan en ambos países.

En el informe se hace mención a la presencia de reclusos integrantes de las bandas Os Manos, Bala Na Cara, Os Tauras y el Primer Comando Capital (PCC), que es una de las organizaciones criminales más importantes de sudamérica.

Las mayoría de las mujeres —23— se encuentran recluidas en la Unidad 5 de Colón, en Montevideo, mientras que la cárcel de Las Rosas y Conventos en Cerro Largo cuentan con tres reclusas cada una. Las ocho restantes están distribuidas en distintos departamentos.