Las 180 cajas de suplemento alimenticio, donadas por un laboratorio, se encuentran en poder de la policlínica de plomo del centro hospitalario Pereira Rossell desde el pasado miércoles, a pesar de que el director nacional de Salud, Diego Estol, había afirmado que serían destruidas.

Se trata de 90 cajas del suplemento Squalene y otras 90 del suplemento Alkowyglicerols, con cincuenta cápsulas cada una, que tienen como fecha de vencimiento abril y junio de 2005. Son componentes que ayudan a la nutrición, aunque no tienen indicación específica para la eliminación de plomo de la sangre.

Las cajas estuvieron depositadas durante ocho meses en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió aceptar la donación el 19 de enero pasado y el presidente Jorge Batlle firmó un decreto el 4 de marzo por el cual exoneró de tributos a las 180 cajas, las autoridades ministeriales pusieron luego un manto de duda sobre el estado de los suplementos alimenticios.

Sorpresivamente, el juez de primer turno de Aduanas Wash-ington Balliva, quien intervino de oficio, ordenó entregar las cajas a la policlínica del Pereira Rossell, tal cual estaba planificado inicialmente.

La entrega fue realizada el miércoles, en presencia de la directora de la clínica, Elena Queirolo, y de la directora del hospital. "Las cajas fueron inspeccionadas una a una y se encuentran en buen estado", dijo Queirolo a El País.

Sin embargo, el producto no será utilizado por el momento y espera en un rincón de la policlínica que las autoridades del ministerio digan qué hacer. "Nosotros queremos utilizar el suplemento, porque cada vez recibimos más consultas", expresó Queirolo. Advirtió que sólo "una causa muy fuerte" justificaría la destrucción de la donación.

A tres años de su creación, la policlínica de plomo atiende a más de 600 niños. La directora explicó que las 180 cajas de suplemento alimenticio no alcanzarían para todos, por lo que se optaría por usarlo en los casos de mayor riesgo: los niños más pequeños, y los que tienen cifras elevadas de plombemia.

El juez Balliva solicitó que se le comunique el destino final de las cajas: si se utilizan o se destruyen.