REFORMA JUBILATORIA
Hay “sorpresa” y malestar entre los socios por postura de Cabildo, que pidió que no se hereden las pensiones de presos de la dictadura.
Era natural y esperable que a las puertas del debate parlamentario -que se estima que comenzará la próxima semana-, la discusión por la reforma de la previsión social sirviera para perfilar a algunos socios de la coalición de gobierno.
Porque esa será la instancia en la que, más allá de lo contemplado en el texto del Poder Ejecutivo -que recogió varios de los planteos de todos los partidos del oficialismo- los legisladores y referentes partidarios buscarán seguir introduciendo modificaciones, con un tono y profundidad que variará en cada caso.
Este es un escenario que de alguna manera estaba previsto por Luis Lacalle Pou, que el jueves pasado, tras la sesión del Consejo de Ministros en la que se firmó la iniciativa –para enviarla al otro día a la Cámara de Senadores– hizo referencia a este tema. Consultado precisamente por el “margen” que tendría el proyecto para que se hicieran más cambios a los articulados por el redactor de la reforma, el abogado Rodolfo Saldain, el presidente contestó que esa era “la pregunta del millón” y luego adelantó que el gobierno estaba abierto a aceptar toda modificación, siempre y cuando fuera “en el sentido de la reforma”.
“Creer que es el mejor proyecto es pecar de soberbia. Si se guarda la armonía que necesita este proyecto de ley, bienvenido”, continuó el mandatario, que de inmediato acotó que esperaba una discusión por lo menos ágil: “Hay que hacer sintonía fina entre la (perilla) de la velocidad y (la de) las modificaciones”.
En rigor, el abordaje formal del proyecto comenzará luego del martes próximo, fecha en que se votará la comisión especial del Senado en donde se debatirá el texto y se recibirán decenas de organizaciones. Será un ámbito que lo integrarán 15 senadores, ocho del oficialismo y siete del Frente Amplio -cuyo presidente volvió a adelantar la postura crítica de su partido (ver aparte)-, aunque los nombres aún no están definidos, a excepción del Partido Colorado, que designará a los senadores Carmen Sanguinetti y Raúl Batlle.
Pero antes de entrar en ese proceso, hubo un actor de la coalición -a saber, Cabildo Abierto- que en las últimas horas ya dio señales de pretender algunos cambios no menores, al margen de los concedidos en el propio texto del gobierno.
En rueda de prensa este lunes, el senador Guido Manini Ríos dijo que entendía que había “margen para negociar” y que insistiría en que se tomen en cuenta nueve cambios que Cabildo Abierto pidió al gobierno y no se incorporaron. En diálogo con El Observador, el legislador se refirió en especial a uno de ellos: la eliminación del decreto que habilita a los familiares de quienes fueron presos en la dictadura a heredar la pensión que reciben como compensación, dado que ello es, a su parecer, “una injusticia”.
Estos mensajes no cayeron bien en la coalición, especialmente en filas del Partido Colorado. Los recibieron con “sorpresa y disgusto, pues “parecía que ya había un entendimiento” dentro del oficialismo y este tipo de declaraciones, ahora, darían a entender lo contrario. “Hemos aceptado propuestas de Cabildo que no se compartían, como extender el plazo de la transición. Es sorpresivo” el nuevo posicionamiento mostrado por Manini, dijo a El País un dirigente colorado.
Entre los blancos el malestar fue menos directo. Se manifestó en la necesidad de marcar diferencias o distanciarse del socio cabildante. El senador blanco Sergio Botana, por ejemplo, aseguró que en este tema lo fundamental es conseguir “amplios consensos” y que en ese sentido “hay dirigente políticos que están actuando con mucha madurez”, entre los que citó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, al expresidente José Mujica y al exministro de Economía Danilo Astori.
“Hacer política en este momento no vale mucho y por eso no puse a Manini en esa lista”, señaló Botana, para quien es importante que en el Parlamento “se busquen acuerdos porque lograr una base amplia es lo que dará posibilidad, estabilidad y sustentabilidad al sistema”.
El senador Gustavo Penadés, en tanto, opinó que, a diferencia de lo que dijo Manini, el proyecto tiene en realidad “muy poco margen de negociación parlamentaria, porque ya se hicieron todas las concesiones en la negociación entre los partidos”. Consultado acerca del pedido explícito de Cabildo sobre las pensiones de prisioneros en la dictadura, respondió que se podrá “estudiar” pero reiteró que “los márgenes son muy acotados”. “No quiere decir que no se puedan hacer modificaciones, pero no podemos echar más agua a la leche”, concluyó.
Frente Amplio votará una “buena parte del articulado”
El presidente del FA, Fernando Pereira, consideró ayer, a título personal, que su partido no votará la reforma de la seguridad social “en general”, pero sí “buena parte del articulado”. Y aclaró que el proyecto de ley se va a “procesar con los tiempos que un tema de esta delicadeza lleva”. La reforma jubilatoria debe hacerse, agregó Pereira en declaraciones a Sarandí. Y añadió que “en el caso de que este gobierno no (la) realice, por las dificultades enormes de que tiene que conseguir acuerdos, el FA la va a hacer”, pero no de esta manera. Asimismo, cree que en la propuesta del Ejecutivo “hay una ecuación clara: para equilibrar el gasto, la gente se va a jubilar más tarde y va a cobrar una jubilación menor”.