POLÉMICA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Es uno de esos inagotables temas. El aborto (o interrupción voluntaria del embarazo, como más guste) recobró relevancia cuando el presidente Luis Lacalle Pou dijo la semana pasada y ante una pregunta de un periodista del interior en conferencia de prensa “que hay que tener una política de desestímulo de los abortos” y que el gobierno tiene “una agenda provida”. Además, el año pasado, cuando estaba en campaña electoral, el ahora mandatario había dicho que haría “lo imposible” para que no hubiese más abortos.

Aún así, Lacalle Pou remarcó en más de una oportunidad que la actual ley que regula el derecho a interrumpir el embarazo (la 18.987) es una “ley vigente”, y recordó que un año después de aprobada hubo una iniciativa popular para derogarla que estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias. Días atrás, además, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas también afirmó que “la ley se va a cumplir”. Sin embargo, esto no ha hecho más que alarmar a quienes en su momento impulsaron y apoyaron -aún con eventuales reservas- la ley. La exsenadora frenteamplista Mónica Xavier dijo a El País que el término “agenda provida” no solo tiene en su mira al aborto, sino también a otras leyes que forman parte de lo conocido como la “agenda de derechos”.

“Las políticas que se han aplicado han tenido como resultado que no ha habido muertes por abortos inseguros, que ha disminuido el embarazo no deseado adolescente”, dijo la dirigente, quien evaluó que también la ley de salud sexual y las que contemplan a las minorías sexuales son antagónicas a la “agenda provida”. “El término puede tener una concepción particular para el presidente, pero para todos los demás esa agenda supone retroceder en derechos”.

-Pero tanto el presidente como el ministro de Salud Pública han afirmado varias veces que se respetará la legislación vigente. ¿Usted ve que hay una posibilidad concreta que se derogue la ley?

-Los derechos no se conquistan una vez y para siempre. Se trabajan y profundizan. Tal vez no toda la población susceptible conoce de qué trata la ley, que genera instancias para que la mujer tome decisiones de manera consciente y libre. No estimula la decisión de interrumpir el embarazo. También hay un debate sobre la educación sexual, en donde hay expresiones que rechazan que el Estado se encargue de educar en ese sentido, en donde se dice que es potestad exclusiva de la familia.

Para la expresidenta del Frente Amplio, se trata de intentar limitar la autonomía femenina y la de los menores de 18 años. “Se puede desestimular una ley si no se proveen los recursos financieros y humanos necesarios”, concluyó.

El País contactó a autoridades del MSP, que no quisieron hacer declaraciones sobre el tema. “En estos momentos, estamos concentrados en el coronavirus”, dijo el subsecretario de ese organismo, José Luis Satdjian. Pero fuentes del ministerio dijeron a El País que el término empleado por el presidente es “abstracto” y que lo concreto es que el gobierno está “a favor de la dignidad humana y de la vida sana”.

En cuanto a “desestimular” el aborto, lo que ya se ha dicho por parte del oficialismo es que eso se refiere a facilitar el proceso de adopción (hoy hay unos 4.000 casos en donde se aspira a concretar una adopción), haciéndolo más ágil.

El año pasado se informó que en Uruguay se realizan algo más de 10.000 abortos voluntarios. Ese guarismo, de acuerdo al médico y exsubsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo, ubica a Uruguay como uno de los países con menos abortos en el mundo, a nivel de países como Dinamarca, Suecia y Noruega.

La tasa empleada en este tema se calcula tomando en cuenta la cantidad de abortos realizados en una población de 100.000 mujeres entre 15 y 44 años. La comparativa baja cifra de abortos llevados a cabo en Uruguay es el resultado, dijo Briozzo, “de manera directa” con las políticas públicas del país, en particular la ley de salud sexual y reproductiva y al acceso universal y gratuito de métodos anticonceptivos.

Además, el exjerarca político señaló que Uruguay tiene la segunda menor tasa de mortalidad maternal en el continente americano, solo superado por Canadá. “Y Uruguay está en condiciones de alcanzar el primer lugar en ese ranking. Tenemos algunas ventajas comparativas con Canadá para poder aspirar a eso: somos un país más chico, no tenemos condiciones climáticas como las que tiene ese país, en donde poblaciones enteras pueden quedar aisladas durante semanas, y además tenemos mayor cantidad de profesionales de la salud en relación a la población”.

Aunque pueda parecer bizantina en estos momentos, donde las prioridades están puestas en lidiar con las causas y consecuencias de la pandemia, la polémica por el aborto no está saldada.

En una versión original de esta nota se informó que por año se realizan 8.000 abortos cuando lo cierto es una cifra algo superior a los 10.000, según datos del MSP. A los lectores las disculpas.