Entre incidentes que implicaron la vandalización del edificio de OSE, ayer se abrieron los sobres de la licitación del Proyecto Arazatí para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua para el área metropolitana, un buque insignia de esta administración.

OSE recibió dos ofertas. Se presentó el Consorcio Aguas de Montevideo —promotor de la iniciativa—, integrado por las firmas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comercio LTDA y Grupo Arazatí conformado por las empresas Teyma y la Compañía Electrotécnica Industrial (CEI).

Mientras las autoridades abrían los sobres con las propuestas, en la puerta de la calle Soriano manifestantes chocaron con policías y efectivos de la Guardia Republicana. “Es saqueo, no es sequía”, gritaban.

A pasos de allí, medios de TV también dieron cuenta cómo un policía que se cruzó con manifestantes fue cinchado para atrás por sus compañeros, mientras agentes intentaban enderezar el cerco en pleno forcejeo.

El episodio, que involucró a integrantes del sindicato de OSE (FFOSE), derivó en que miembros de la Guardia Republicana se encolumnaran en la entrada para evitar el ingreso. Los cánticos con carteles no cesaron durante la gélida tarde.

Además de estos hechos, fuentes de OSE indicaron a El País que se vandalizaron los cables de internet de la gerencia general que quedó registrado por las cámaras de seguridad. También detectaron la rotura de una puerta de vidrio. Y se analiza si algún funcionario estuvo involucrado.

La tensión se extendió al interior del edificio público. Cuando periodistas se encontraban en la sala de recepción del directorio, previo a una conferencia de prensa de la cúpula de OSE, un grupo de personas intentó -sin éxito- ingresar mientras gritaban “no se vende, el agua se defiende”.

Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, dijo a El País que “no ocurrió nada que justificara la aparición de la Policía”. Y agregó que pretenden suspender la licitación por considerar que “el negocio del privado cuesta US$ 200 millones y OSE va a terminar pagando US$ 800 millones con la excusa de no querer tomar deuda hoy”.

El presidente de OSE, Raúl Montero, sostuvo que veía “con cierta tristeza” lo que ocurría afuera, tras catalogar de “ilógica” la protesta.

El jerarca dijo que ahora una comisión analizará las propuestas con un plazo de entre 60 y 90 días. “Vamos a tratar de acortarlo lo más que podamos” este proceso, destacó.

Ante las críticas de la oposición, Montero descartó que se esté “privatizando” el agua. “De ninguna manera creemos que el prestador del servicio de abastecimiento de agua potable deje de ser OSE”, dijo y remarcó: “No le estamos comprando agua, estamos pagando por disponer de infraestructura que va a producir agua potable para la zona metropolitana”.

La vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, valoró la licitación tras señalar que desde que comenzó la gestión tomaron conocimiento de la “fragilidad” del suministro “con una sola fuente -Santa Lucía- y una sola planta potabilizadora -Aguas Corrientes”.

El contratista, señaló OSE, “se hará cargo del financiamiento, diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento” de la infraestructura por 20 años, mientras que la operación “estará a cargo de OSE”.

El gobierno busca con este proyecto la producción de 200.000 metros cúbicos (m3) por día netos de agua potable, a partir de agua bruta captada del Río de la Plata en el maragato Puerto Arazatí.

Esta obra “claramente no nos va a salvar de esta emergencia” producto de la mayor sequía, sino con medidas que se están tomando, dijo Montero. La construcción y puesta en marcha, “seguramente lleve más de dos años”, agregó.

Consultado por una eventual rebaja de la tarifa, el jerarca se preguntó si es correcto que todo el país deba “pagar un problema” que se centra en Montevideo. Y acotó: “¿Es buen mensaje que le diga a la gente que no voy a cobrar el agua cuando lo que quiero es que gasten lo menos posible?”.