OPOSICIÓN AÚN ANALIZA LAS DENUNCIAS

La discusión por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tiene a oficialismo y oposición cruzados en varios frentes, pero en uno de ellos el tono subió especialmente, con actores oficialistas exigiendo disculpas a la cúpula del Frente Amplio, algo que la oposición no está dispuesto a hacer.

El tema en cuestión es tal vez uno de los más debatidos en esta campaña: la seguridad -tema sobre el que tratan 33 artículos- y, especialmente, los presuntos abusos policiales cometidos -según cree la oposición- por funcionarios supuestamente “envalentonados” por los cambios introducidos por la LUC.

Por eso el Frente Amplio presentó días atrás, en una conferencia de prensa convocada específicamente para este tema, 50 casos de abuso policial -identificados con número de expediente- para que el Ministerio del Interior investigara y diera explicaciones y más detalles.

La cartera liderada por Luis Alberto Heber entregó este lunes un informe tanto al FA como al presidente Luis Lacalle Pou, y que en su resumen destacaba, básicamente, que de los 50 casos presentados en 37 la Secretaría de Estado no tiene registro de denuncias formuladas; que en 47 de ellos “los detenidos cuentan con antecedentes penales”; y que no hay ningún policía imputado ante la Justicia por excesos cometidos a los detenidos.

Pasaron las horas, y el pasado miércoles tres jerarcas de la cartera se dirigieron al FA enfáticamente. “Sembraron duda, lanzaron sombra sobre toda una institución. Resultó que era mentira. ¿Y ahora?”, escribió en Twitter el director general de la Secretaría de la cartera, Luis Calabria. En la misma red se expresó Santiago González, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde aseguró que el FA y el Pit-Cnt “llevaron adelante la mayor campaña de ataque a la Policía que se recuerde” y que es “tiempo (de) que pidan disculpas a los policías”. Y también en Twitter lo hizo Juan Manuel Romero, director de Comunicación del ministerio: “Compré un banco para esperar las disculpas del FA (...) pero lo voy a cambiar por una reposera porque veo que no van a venir”.

El gremio policial, de hecho, también emitió un comunicado el que reclamaron por haber sido utilizados políticamente, y cuestionaron que el FA no haya tenido “reparo en dañar gratuitamente la imagen de quienes arriesgan su vida todos los días por los uruguayos”.

En la oposición, mientras tanto, no se acusa recibo de estos comentarios. El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo a El País que la coalición de izquierda no responde “a la velocidad de Twitter ni a la velocidad que quiere el ministro Heber”. Y que además, continuó el dirigente, todavía se encuentran analizando los documentos que les entregó el ministerio. “Claro que no” pedirán perdón, subrayó Pereira, y se explicó: “Actuar así no es razonable. No me parece bien dar un informe hace dos días y que hoy ya tengamos que dar una respuesta”.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos -que estuvo presente en la conferencia del 14 de marzo en la que anunciaron los 50 casos reunidos- afirmó también que entendía que el pedido de los jerarcas “no corresponde”. “Ninguna de las denuncias fueron del FA, sino que los que las presentaron fueron los ciudadanos”, aseguró el legislador. “Nosotros lo que hicimos fue una recopilación de los casos; un trabajo casi de archivo para identificar estas situaciones”, continuó el legislador, que sigue sosteniendo que la cartera de seguridad aún tiene pendiente “investigar” estos casos, que “son más” que esta lista de 50, ya que en realidad la Asociación de Defensores de Oficio identificó meses atrás cerca de 100 (ver aparte).

Sin embargo, para Calabria no hay mucho más para hacer. “Se buscó sacar un rédito político de un hecho que de haber sido cierto era muy grave”, criticó el jerarca en diálogo con El País. Y ante la pregunta del pedido que todavía hace el FA de que se indague e investiguen todas esas situaciones, contestó que de haberse detectado irregularidades la Justicia ya habría actuado.

“¿Dónde están los imputados?”, se preguntó y siguió: “Ni este gobierno ni la LUC promueven ningún abuso contra nadie, que es lo que han dicho, además de que la ley habilita a hacer cosas que en verdad no habilita”.

En paralelo a esta discusión, la Fiscalía General de la Nación se encuentra analizando -también una por una- un total de 97 situaciones de presunto abuso policial, y el resultado será entregado a la Institución Nacional de Derechos Humano (Inddhh).

Según informó a El País Juan Gómez, fiscal de Corte, su intención es entregar toda la información antes de que termine esta semana, con el objetivo de quitar al Ministerio Público de esta discusión política. Es que como ya adelantó El País este domingo, el jerarca ordenó a todas las fiscalías entregar toda la información disponible sobre estas denuncias, de las que dio cuenta días atrás un informe del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP), que depende de la Inddhh -y que usó como insumo los casos reportados por la Asociación de Defensores de Oficio-. Ese informe había aconsejado tanto a la Fiscalía como al Ministerio del Interior que se “disponga de manera urgente una investigación administrativa en sus respectivas dependencias, a efectos de abordar las presuntas irregularidades denunciadas”.

Lo que estudia ahora la Fiscalía es cuántas de esas denuncias han tenido tratamiento dentro de la institución, y qué estado procesal tienen si llegaron a la Justicia.