La postura de la intendenta Carolina Cosse y sus "actitudes persistentes" en cuanto a no responder a los llamadosa sala que le efectúa la Junta Departamental de Montevideo derivaron en que volviera a ponerse sobre la mesa el pedido de juicio político en su contra, que está a estudio del Senado.

El tema volvió a la agenda de la coalición de gobierno luego que la semana pasada la jefa comunal, con el apoyo de su bancada, declinara concurrir ante el deliberativo departamental para responder sobre la formación de Gabriel Chevalier, su director de Empleabilidad para la Inclusión Social, que aceptaba ser presentadocomo sociólogo sin tener ese título.

Blancos y colorados promovieron el llamado a sala a Cosse pero el Frente Amplio impuso sus mayorías y en su lugar promovió la concurrencia del director de Gestión Ambiental, Gabriel Moncecchi, y del prosecretario Daniel González.

El hecho trajo al recuerdo lo sucedido a en octubre del año pasado, cuando la intendenta se negó a comparecer a un llamado sala. En esa ocasión había sido convocada ante los supuestos bajos niveles de respuesta de la Intendencia a los pedidos de informes efectuados por los ediles. Según la oposición, fue la tercera vez consecutiva que Cosse rechazaba cumplir con su obligación de presentarse ante la junta.

En diálogo con El País la senadora nacionalista Graciela Banchi sostuvo que la última negativa de Cosse configura una serie de "actitudes persistentes" por parte de la jefa comunal, que a su juicio ameritan que la cámara discuta el pedido de juicio en su contra.

El pedido de juicio político a Cosse ingresó el 31 de octubre pasado el Senado, tras una acción promovida por los ediles de la oposición departamental. Fue derivado a la Comisión de Constitución y Legislación, que trató el tema solo una vez. Fue el 1 de noviembre. Ese día, el Frente Amplio pidió su archivo inmediato. "Desde el primer momento hemos considerado que esto es absolutamente desproporcionado", había manifestado entonces la senadora Liliam Kechichian.

Bianchi se negó allí a ningún tipo de trámite especial e impulsó el ingreso del tema a la lista de asuntos a estudio. "Acá no es cuestión de protocolos. Es la Constitución de la República y, nos guste o no, hay que cumplirla", dijo. El argumento para no considerar el tema en su momento era que había un orden de prioridades previamente establecido.

El mecanismo aparece regulado por el artículo 296 de la Constitución. Allí se indica que intendentes y ediles podrán ser acusados ante el Senado por un tercio de los componentes las respectivas juntas departamentales. Las causales aparecen previstas en el artículo 93: "violación a la Constitución o delitos graves".

El Senado podrá separarlos de su destino con el voto de dos tercios de sus componentes. Votos que de los que la coalición carece y que el Frente Amplio, por obvios motivos, no aportará. El Senado no tiene plazo para definir el tema, pero todos saben que, tarde o temprano, y con o sin votos la discusión se dará.

Con todo, el tema es apenas uno de las varias decenas de asuntos a estudio de una comisión por la que, tradicionalmente, pasan los proyectos más importantes del Parlamento y en donde aún no existe una clara perspectiva de en qué orden irán a tratarse. La sesión de esta semana fue suspendida porque, además, el oficialismo debe poner orden en las prioridades para este año.

Los colorados tienen sobre la mesa su proyecto para derogar el artículo 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC), que había aumentado las penas de prisión previstas para el suministro de estupefacientes y cuyo principal impacto se vio en el incremento de la prisionización de mujeres.

El Frente Amplio, por su parte, agregó tres nuevas carpetas a la extensa lista: un nuevo proyecto para elvoto consular, el que prevé soluciones para las personas excluidas del registro electoral y el que plantea una alternativa de reestructura de la deudas de las personas físicas y protección a deudores.

Este último aspecto también constituye una prioridad para Cabildo Abierto, que analiza incluso promover una consulta popular si su ley no se aprueba.