COALICIÓN DE GOBIERNO
En Cabildo Abierto seguirán reclamando por mejores salarios para personal de las Fuerzas Armadas.
Las discusiones por la Rendición de Cuentas -mojón anual que tienen todos los gobiernos- suelen ser desafiantes para cualquier oficialismo, porque son instancias en las que se exponen divisiones internas, perfilismo o reclamos particulares.
Por eso en la coalición de gobierno había especial preocupación estos días por el desenlace del debate de este año, que tenía en el centro un proyecto que disponía, por primera vez en este período, de un sustancial incremento del gasto -US$ 226 millones-. Pues el riesgo -que todavía sigue latente- es que la alianza pierda unidad, cuando los tiempos electorales asoman en el horizonte.
Nada grave ha pasado en ese sentido, pero eso no implicó algunas zozobras. Porque la discusión iniciada en la Cámara de Diputados había avanzado a buen ritmo hasta este fin de semana, cuando en una reunión de coordinación el encuentro cobró un alto nivel de tensión, luego de que uno de los representantes -Álvaro Perrone, por Cabildo Abierto- advirtiera que había dos artículos con los que su partido discrepaba, y otro legislador se levantara de su silla y diera por suspendido el encuentro, exasperado por la postura del colega, según informó entonces El País.
Finalmente, el intercambio se encarriló y varios dirigentes del oficialismo destacaron el entendimiento en el tramo final del trabajo en la cámara baja.
Al cierre de esta edición, los diputados de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se encontraban votando el articulado, que originalmente tenía 450 artículos, 200 de los cuales -aproximadamente- sufrieron modificaciones a influjo de los legisladores del oficialismo.
“Estamos conformes porque logramos llegar a acuerdos en la gran mayoría de los temas”, sintetizó a El País el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien a su vez subrayó que, en los casos en los que persistieron las diferencias, los artículos en cuestión pasarán a discutirse en otras comisiones parlamentarias.
¿En dónde están los principales acuerdos? En varios ítems pero sobre todo en lo que tiene que ver con el refuerzo de recursos -mediante reasignación presupuestal, pues el incremento solo puede realizarlo el Poder Ejecutivo- para solventar un mayor incremento salarial a policías y militares -más que el dispuesto originalmente por el gobierno- y para el sector de la ciencia y la innovación.
En el caso de los policías, los legisladores dispusieron de una partida extra redirigida desde Rentas Generales, y gracias a la contribución del Ministerio del Interior, que resigna algunas vacantes que habían sido otorgadas en el mensaje del Ejecutivo.
Para el caso del sector de la ciencia e innovación -lo que incluye, entre otros, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba)-, se logró un refuerzo de cerca de $ 230 millones, a través de porcentajes de tasas que abastecen el LATU y el Instituto Nacional de la Carne.
En cuanto a los militares, hay un acuerdo, pero quienes más lo exigieron -los cabildantes- no están del todo conformes. El incremento es de $ 400 millones -que se suman a otros $ 520 millones que estaban incorporados en la iniciativa original-, lo que implica una suba de 7,8% para el personal del escalafón más bajo, y de 2,6% para los oficiales que se encuentran en el inicio de su carrera, tal como anunció esta semana el ministro de Defensa, Javier García.
Pero el tema volverá a estar arriba de la mesa cuando la discusión continúe en la cámara alta, adelantó a El País el senador Raúl Lozano. Porque para los liderados por Guido Manini Ríos todavía faltan esfuerzos para que el personal más sumergido de las Fuerzas Armadas se acerque al promedio de ingresos del resto de los funcionarios públicos.
“Ya que estamos también discutiendo una reforma previsional en la que todas las cajas tendrán un mismo trato y no se contemplarán las especificidades de los militares, nos parece que la base de ingresos para entrar a un sistema jubilatorio común también tendrá que ser similar”, señaló Lozano, que agregó: “Hoy por hoy esa base no es similar y el aumento otorgado a los militares no es suficiente”.
Más cambios
Ayer se acordaron varios cambios en el proyecto de la Rendición de Cuentas. Una de las decisiones que se tomó fue aumentar el dinero dirigido hacia el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República (Udelar). Para ello, le quitaron $ 100 millones anuales al Instituto Nacional Colonización y $ 20 millones anuales de rentas generales. El monto tiene como destino los siguientes programas: un proyecto sobre el cáncer de próstata y la creación de un centro de referencia de medicina materno-fetal.
El diputado blanco Sebastián Andújar adelantó el martes que los montos irían para operaciones de próstata a través de un robot que solo “se hace en el ámbito privado”, y también un “sistema de internación de madres que están en el proceso final del embarazo y que necesitan tener un cuidado especial”.
En cambio, la compensación por la eliminación del Fondo de Solidaridad no quedará resuelta por completo en Diputados. Andújar había adelantado el martes que en la cámara baja se resolvería una “primera etapa” y que esperaban que en Senadores se avanzara en abordar lo que restara.
Otro artículo que se agregó al proyecto de ley de Rendición de Cuentas le da $ 50 millones a la Junta Nacional de Drogas. Se trata de uno de los reclamos que realizó su secretario general, Daniel Radío, cuando asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Por otra parte, la coalición acordó cambios en el artículo vinculado al régimen de licencias por enfermedad en los funcionarios públicos. El diputado blanco Javier Radiccioni explicó a El País que durante los primeros tres días de certificación no recibirán remuneración y que, a partir del cuarto día, percibirán el 75% del salario.
No obstante, tendrán nueve días al año para suplir esos primeros tres días. Cuando ese cupo se termine, indicó el legislador, “van a cobrar cero”. A su vez, el diputado nacionalista aclaró que hay excepciones a la regla como contraer , realizarse diálisis o tratamientos oncológicos, y padecer “enfermedades crónicas que afecten la posibilidad de trabajar”.
En el MI destacan “compromiso y respaldo” a los uniformados
El actual gobierno siempre ha destacado como una de sus prioridades el apoyo a la actuación de los policías. Sin embargo, cuando el actual proyecto de ley de la Rendición de Cuentas se presentó en el Parlamento el 30 de junio pasado, los sindicatos policiales reclamaron que, a su juicio, no estaban recibiendo el incremento salarial que esperaban, y que por tanto el respaldo no era tal. El aumento previsto, y considerado insuficiente, era de $ 650 millones a partir del año próximo.
Los uniformados se reunieron entonces tanto con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como con los diputados de la coalición de gobierno, para lograr un mayor aumento. Y eso lo lograron, pues con los votos aportados ayer por los representantes del oficialismo de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, los policías recibirán además un refuerzo extra de $ 520 millones anuales. De esta manera, el salario básico de los agentes pasará de los $ 44.800 nominales actuales a más de $ 50.000 -lo que implica una suba de unos 36.000 a casi 40.000 líquidos, a partir de enero de 2023.
“La Policía cumplió con al sociedad, y ahora el gobierno cumple con la Policía”, destacó a El País Luis Calabria, director general de Secretaría de la cartera de seguridad. El jerarca también sostuvo que, en línea con el discurso del gobierno desde que asumió el mando en marzo de 2020, a los funcionarios policiales “se les dio respaldo moral, político, jurídico que ahora se consolida”.
Artículos que quedan afuera
Cambios del MSP que se postergan
Uno de los puntos de mayor conflicto dentro de la coalición era la creación de la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que tendría a su cargo el contralor asistencial y económico financiero de los prestadores de salud. Sin embargo, el ar-tículo no se votó en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y pasará a estudio a la Comisión de Salud Pública. Que había desacuerdo era algo claro desde hacía un tiempo y el martes autoridades de la cartera se reunieron con los legisladores para plantear posibles modificaciones para que se votara.
El diputado batllista Conrado Rodríguez explicó a El País que “casi todos en la coalición” no estaban de acuerdo con el artículo, y que “chocaba” con el rol de la Junta Nacional de Salud.
En ese sentido, dijo que “puede pasar” que la cartera “mande nuevos artículos”. También aclaró que están de acuerdo con el objetivo final, pero entienden que la “instrumentación no es la (ley) adecuada”.
El otro punto vinculado al MSP que generó diferencias dentro de la coalición fue el relacionado con los servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas. Ante la falta de consenso entre los legisladores para aprobarlo ahora, también pasó a estudio de la Comisión de Salud Pública, comentó Rodríguez.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo dice que los prestadores deben “garantir la igualdad de trato entre los usuarios” en lo vinculado a ciertas prestaciones obligatorias.
No obstante, los diputados de la coalición sí llegaron a un acuerdo para votar el artículo 264, que dice que las entidades que quieran crea servicios no asistenciales deberán pedir autorización al MSP.