PROYECTO

Hay una piedra en el zapato de la que el sistema político es consciente desde hace un buen tiempo: que si no se vota la nueva integración de la Corte Electoral, Cabildo Abierto no acompañará la iniciativa que propone cambios en la regulación del financiamiento de los partidos políticos, un proyecto que pretende dar mayor transparencia a este tema y control de la incidencia empresarial en las donaciones.

Pero al margen de la postura de los cabildantes, en las últimas horas la coalición de gobierno y el Frente Amplio acordaron que el proyecto se transforme en ley con “consenso” de todos los partidos, con la “voluntad” de que la norma se apruebe por el Parlamento antes de 2023. Esto último, para evitar discutir una ley electoral en pleno año de elecciones que será el 2024. “Ese es el objetivo: que se apruebe lo más alejado posible de la instancia electoral para que nadie pueda decir después que se buscó beneficiar o perjudicar a alguien”, explicó a El País el diputado nacionalista Juan Rodríguez.

Fue con este norte que en las últimas horas hubo reuniones entre legisladores de todos los partidos, lo que incluyó encuentros entre diputados de la comisión y subcomisión parlamentaria dedicada específicamente al estudio de este asunto, que trabaja desde mediados de 2020, sin avances significativos por falta -hasta el momento- de acuerdo.

“Ahora la voluntad es de avanzar con este proyecto y que la ley que emane sea fruto del consenso de todos”, remarcó el diputado colorado Conrado Rodríguez, que agregó que el “Frente Amplio también está dispuesto a caminar hacia la aprobación de esta norma”.

Con el objetivo, entonces, de arribar todos a un entendimiento en común, ayer los representantes del oficialismo le entregaron un documento al diputado frentamplista Carlos Varela con un listado de los puntos en los que hay consonancia, así como en los que faltan detalles para el acuerdo o persisten distancias.

“La idea es que podamos aprobar esto con la mayor cantidad de votos posible, e ideal sería que saliera por unanimidad, dadas las características de lo que estamos considerando”, dijo Varela por su parte, que en el mismo sentido que los oficialistas afirmó que el objetivo es que el proyecto sea sancionado por Diputados este año, para que la Cámara de Senadores pueda recibirlo en 2023.

Desde que funciona esta comisión especial, la cámara baja ha aprobado distintos plazos para presentar el proyecto, y el último vencerá este 30 de junio, aunque todos dan por hecho que se requerirá una nueva extensión hasta mediados de diciembre, por dos razones. Primero porque falta un trecho largo por recorrer, pero además por la particular situación de Cabildo Abierto, lo que fue anunciado formalmente ayer ante el resto de los representantes por el diputado de Álvaro Perrone.

“Si se aprueba este proyecto -dijo Perrone-, será la Corte Electoral la encargada de controlar el financiamiento de las campañas y no puede ser que para entonces ese organismo no esté integrado como debería”.

Como sea, se vendrán meses de intensas negociaciones, y con un antecedentes que no es bueno: el naufragio que tuvo este tema en la legislatura pasada, cuando se aprobó en el Senado pero quedó por el camino en Diputados, por divisiones que incluso atravesaron al Frente Amplio, oficialismo de entonces.

La hoja de ruta sobre la que trabajarán los partidos de ahora en más tiene cuatro páginas. Las diferencias entre oficialismo y oposición son de redacción, pero a veces de fondo. Por ejemplo, “no se comparte el criterio de reducir el monto del aporte máximo” de los donantes”, así como tampoco “prohibir que personas jurídicas debidamente identificadas puedan realizar donaciones”. Por el contrario, sí “se comparte el criterio de extender las obligaciones establecidas para los candidatos presidenciales, a intendentes, (y) a los precandidatos presidenciales que se presenten a las elecciones internas de los partidos políticos”, aunque en ese caso hay discrepancias con detalles en la formulación. También, por citar otro ejemplo, hay consonancia en establecer referencias en los porcentajes de aportes de los políticos.