El exministro de Ambiente Adrián Peña presentó por escrito -antes de la fecha límite que es hoy- su descargo ante el Comité de Ética del Partido Colorado luego de que tres agrupaciones coloradas solicitaran que el exjerarca fuera investigado tras los hechos vinculados a su título universitario que generaron que el pasado 30 de enero renunciara a la Secretaría de Estado.

Allegados a Peña, indicaron a El País, que el exjerarca reconoció ante la comisión su error aunque destacó que entiende que solamente se vio afectada su reputación personal. En ese sentido, el exministro planteó en su defensa que el título que se atribuyó sin haber cursado la totalidad de la carrera -como informó el semanario Búsqueda-, nunca lo usó para provecho personal y tampoco actuó como licenciado en administración de empresas en el ámbito privado.

El exjerarca destacó además que el título en cuestión no tuvo “nada que ver” para que fuera designado ministro y “menos” cuando fue electo senador. En este sentido, Peña explicó también que este episodio no afectó al gobierno ni a la valoración que pueda tenerse sobre su gestión al mando del novel Ministerio de Ambiente sobre la cual entiende fue elogiada por integrantes de todos los partidos políticos.

Por último, el dirigente de Ciudadanos afirmó que a pesar de todos los argumentos expuestos, él mismo se “autoimpuso” una sanción que fue la de renunciar como ministro “sin que nadie se lo pida”. Es que Peña, según confiaron a El País las fuentes consultadas, considera que con la renuncia a la cartera, él mismo se aplicó por voluntad propia la sanción más severa y que la expulsión del partido es “impracticable”.

Más aún, teniendo en cuenta que para su expulsión se deberían reunir todos los convencionales del partido que son más de 400 y no alcanzarían los votos ya que los convencionales de Ciudadanos y de Batllistas no darían su voto para que sea expulsado.

Por otra parte, Peña presentó a la comisión colorada una circular del Ministerio de Ambiente con fecha 5 de setiembre de 2022 donde se comunicaba a las gerencias, divisiones, departamentos y asesorías de la cartera que en caso de realizar algún tipo de documento donde se lo nombrara debían describirlo como Adrián Peña Robaina, sin la palabra licenciado justamente para evitar la equivocación de adjudicarle un título que no tenía.

El exjerarca explicó que durante su gestión firmó documentos, en su mayoría resoluciones, hasta 20 o 30 por día, y que sobre ellas podía controlar que no apareciera el error, pero no en los expedientes que por lo general son de una gran cantidad de hojas y son revisados por los técnicos de Jurídica.

Ahora, a Peña le restará esperar el informe elaborado por el organismo que evalúa la ética de los dirigentes colorados, que lo remitirá, recomendando o no sanciones, a la Convención Nacional colorada. Integrantes del comité indicaron a El País, que ven poco viable que se le aplique una medida extrema como es la expulsión. Los miembros consultados explicaron que el informe buscará dar asesoramiento al órgano máximo del partido que es la Convención Nacional para lo cual cada uno ya tiene una opinión formada al respecto. De todas formas, advierten que habrá que esperar para ver si cambia alguna postura.

La carta orgánica colorada dispone, en su artículo 10, que los afiliados al colectivo y quienes lo representen en cargos políticos pueden ser sancionados en el caso de incurrir en “conductas reñidas con la ética o la moral, dentro del partido, representando a este o en su vida pública”.

Las penalizaciones pueden ser el apercibimiento, la suspensión de la afiliación, la “censura que importe el descrédito partidario”, la solicitud de la “renuncia o remoción de los cargos partidarios o públicos que ocupe en representación del partido” y, por último, la expulsión.