Redacción El País
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi advirtió ayer que la irrupción en este proceso electoral de poderosas herramientas tecnológicas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) presagian un “cambio en las reglas de juego” en la campaña y que la eventual manipulación de mensajes, imágenes y videos mediante estos mecanismos, “puede poner en riesgo la integridad de las próximas elecciones. Como barrera de contención, el legislador presentó un proyecto de ley -al que accedió El País- que propone penar la falsificación de este tipo de contenidos con fines políticos.

“El desarrollo acelerado de estas herramientas y su disponibilidad le permitirán a casi cualquier ciudadano imitar la voz y generar imágenes realistas, pero falsas, de los candidatos, además de crear robots en redes sociales con la capacidad de conversar en forma parecida a una persona”, advirtió Goñi. Ante la posibilidad de que estos suceda, y de que un uso indebido de la IA pueda intervenir en los resultados y derivar en un “fraude electoral”, el legislador remarcó la necesidad de que, al igual que lo están haciendo otros países, Uruguay legisle sobre el tema.

Lo que propone Goñi es que aquel que “sin autorización y mediante el uso de inteligencia artificial u otros sistemas informáticos genere, modifique o manipule un contenido” con el objetivo de “dañar la imagen pública de un candidato o engañar a los votantes”, sea castigado con una pena de entre un año de prisión a seis años de penitenciaría. La misma pena quedará prevista para todos aquellos que difundan este tipo de contenidos destinados a generar “desinformación electoral”. Goñi apuntó, además, al uso de la IA para sembrar dudas sobre información veraz, a través de “deepfakes” destinadas a negar o encubrir la autenticidad de acciones reales.

“Si no tomamos medidas, la campaña electoral quedará absorbida por un debate sobre la autenticidad o falsedad de mensajes o declaraciones de los candidatos, en vez de la conveniencia o no de llevar adelante las diferentes ideas de los partidos políticos”, afirmó.

Goñi admitió que la creación de nuevas penas no constituyen una “solución mágica”, sino que la medida debe complementarse con otras acciones que involucren a las plataformas tecnológicas que operan las redes sociales, así como una mayor “alfabetización digital” para que la ciudadanía adquiera las debidas capacidades para su correcto uso.

En esa línea, el diputado nacionalista propuso reeditar el “pacto ético contra la desinformación” que todos los partidos habían firmado en 2019 en donde, a instancias de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se había asumido un compromiso de “no generar ni promover noticias falsas o desinformación en perjuicio de adversarios políticos”.