La Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) es uno de los entes que debe ser asistido por el gobierno centralpara poder funcionar. Las cifras del último ejercicio indican que recibió de Rentas Generales el equivalente a US$ 17 millones. El 73% de esa cifra se fue en el pago de salarios y el segundo ítem en que más recursos se invirtieron fue seguridad y vigilancia.

Y lo más sorprendente no es que una empresa ferroviaria destine ese monto a seguridad, sino que el ente carece de información fidedigna de que esos servicios se estén cumpliendo. Y tampoco sabe el valor de la mayoría de las propiedades que paga por custodiar, por lo que no tiene en claro si se justifica el gasto de cuidarlas. La razón es que no cuenta con información sistematizada que indique, fehacientemente, con qué activos cuenta.

AFE cree tener unos 1.500 predios dispersos en todo el país. En su mayoría, abandonados. La situación fue descrita como "caótica" por el director colorado del ente, Gustavo Osta, en diálogo con El País.

Este abandono que marcó el jerarca tuvo, entre otras derivaciones, repercusiones en la mayor obra de infraestructura del país en los últimos tiempos. En los accesos a Peñarol, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debió modificar los planes para el Ferrocarril Central. La previsión inicial de dos vías se tuvo que reducir a una, por las casas y casillas de AFE ocupadas ilegalmente y por viviendas construidas en forma irregular en la faja ferroviaria.

Pese a que AFE no tiene conocimiento cabal de los bienes con los que cuenta, sus gastos en seguridad y vigilancia superaron los U$ 25 millones en casi dos décadas. En determinados períodos, con incrementos que llaman la atención. En 2004 se gastaron en ese rubro US$ 170 mil y en los siguientes años esas erogaciones aumentaron exponencialmente. Para 2010, esos gastos llegaban a US$ 1,2 millones anuales. En 2013 ya superaban los US$ 2 millones, y al año siguiente crecieron a los US$ 2,2 millones. Luego de una ligera baja se retomó la tendencia alcista y en 2017 se llegaba a un máximo de US$ 2,263 millones anuales en seguridad y vigilancia.

"Hablamos de una empresa que todos esos años no invirtió en locomotoras", apuntó el director colorado y remarcó: "Creo que eso le llamaría la atención a cualquiera". El fenómeno va de la mano con otra situación: desde 2014 -cuando comenzó el período de mayores gastos- una sola empresa resultó beneficiaria de la contratación para seguridad.

En la práctica, el ente nunca tuvo prueba de que los servicios de vigilancia que contrató se cumplieran. La empresa entregaba la factura y el funcionario encargado de esas contrataciones avalaba los pagos, pero no existía control.

Osta cuenta que un aparente error hizo caer una licitación que la actual gestión había lanzado para contratar un nuevo servicio, pero a la vez derivó en que el tema llegara al ámbito judicial. El proceso debió ser anulado porque el Tribunal de Cuentas (TCR) observó que el llamado no había sido publicado en el Diario Oficial, tal como lo marca la normativa.

Eso motivó que en abril de 2022 el directorio dispusiera una investigación interna, que derivó luego en una denuncia penal por parte del Minisiterio de Transporte y Obras Públicas contra el funcionario encargado de la sección de seguridad y vigilancia, el mismo que avalaba los pagos y que fue sumariado y separado de su cargo. El motivo: "Vulneró el principio de paridad en la presentación de las ofertas, por la forma en que se comunicó con los proveedores". Fue denunciado por "hechos de apariencia delictiva" en dichas contrataciones.

La caída de la licitación generó, entonces, que la empresa en cuestión siga prestando servicios de vigilancia y fuera contratada en forma directa mientras se prepara un nuevo llamado, pero ahora cobrando una cifra mucho menor. Al asumir la actual administración, las cifras bajaron. En 2020 AFE gastó en seguridad y vigilancia US$ 1,1 millones, que en 2021 fueron US$ 1,3 millones. Osta estima que el año pasado el gasto en ese ítem fue 20% menos. En los hechos, entre 2014 y 2021, esa empresa embolsó US$ 14,5 millones.

La falta de control sobre los servicios prestados sigue vigente, pero ahora existe un plan para remediarlo. Osta adelantó que el ente trabaja en implementar un sistema que garantice que se dinero que se está gastando, efectivamente sea por un servicio que se cumpla. Por ejemplo, a través de la contratación de otra empresa que verifique que la primera cumpla el cometido para el que se le paga.

En sus análisis sobre el ente, el Tribunal de Cuentas (TCR) marcó varias veces que AFE no cuenta con una auditoría interna, indispensable para efectuar estos y otros controles. Tampoco existe una base de información que respalde el inventario. Eso se intentó corregir hace algunos años en un trabajo conjunto con la Fundación Ricaldoni, que se frenó por falta de recursos.

La solución para la empresa parece clara: contratar un servicio tercerizado que se encargue de realizar un recuento y valuación completa de todos sus bienes.

Todo este proceso fue acompañado por un deterioro apreciable en los recursos humanos de la empresa. En 2004 el ente contaba con 1.094 funcionarios. Hoy apenas superan los 400 y, según Osta, están "mal asignados", con áreas como la de infraestructura que no se podían cubrir.

La situación fue discutida la semana pasada en el Parlamento, cuando las autoridades de AFE comparecieron ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. "AFE es la mayor inmobiliaria del país", ironizó allí el director en representación del Frente Amplio, Williams Kelland.

En una entrevista que le concedió a Telenoche en abril el presidente del ente, José Pedro Pollak, señaló que la empresa debería cobrar por 231 predios que tiene arrendados a privados. Algunos, señaló, por un valor tan irrisorio como $ 1.500 mensuales. Sin embargo, solo 92 inquilinos están al día con los alquileres. Pollak estimó que AFE pierde por esta vía unos $ 5 millones.

Algunas de las propiedades de AFE albergan predios logísticos en varias partes del país. Por ejemplo, la terminal Carnelli la tienen arrendada la empresa Saman, en un contrato a 30 años. La idea del directorio es que el Banco República le otorge al ente un "adelanto" del equivalente a los alquileres por los próximos diez años. Con esos fondos se crearía un fideicomiso que le permita a la empresa comprar equipos.

La intención es que todos estos predios puedan ser puestos en el mundo de la "economía real" y aportar valor a la empresa.