Redacción El País
La incorporación del delito ambiental al Código Penal es una discusión de larga data. Y es por eso que desde el Ministerio de Ambiente se planteó la necesidad de que cuando el Parlamento retome su actividad regular se le dé prioridad al proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y está a estudio de Diputados.

El subsecretario de la cartera, Gerardo Amarilla, se comunicó con legisladores oficialistas para que le den un “tratamiento más ágil” en marzo, según relató el jerarca a El País.

El nacionalista cree existe “ambiente para aprobar” la iniciativa durante este periodo, después de no tener éxito en el anterior. Amarilla considera, además, que “estas situaciones” (en referencia al derrame de soda cáustica en UPM 2) justifican que existan delitos ambientales”.

Sus declaraciones se dan después de que se conociera que el Ministerio de Ambiente decidió cuadriplicar la multa que le aplicó a la empresa finlandesa por la afectación del ecosistema del Arroyo Sauce y, en menor medida, sobre la calidad del agua del Río Negro.

Para Amarilla -magíster en derecho ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía- la creación de los delitos ambientales es una “medida bastante disuasoria” que hace que la “gente tenga mucho más cuidado a la hora de manejar temas que puedan afectar el ambiente”.

El Ministerio de Ambiente, por otra parte, tiene en carpeta la presentación de una propuesta de decreto al Poder Ejecutivo que apunta a elevar los montos de las multas económicas.

Amarilla indicó que se está en etapa de elaboración de la iniciativa -está en el ámbito técnico- pero que, a grandes rasgos, permitirá una mayor flexibilidad en los criterios para poder poner sanciones económicas mayores.

Habilitará, por ejemplo, a no tener un “criterio tan rígido que nos impida poner multas importantes cuando hay daños”, como el que se dio en la planta de UPM 2, ubicada en Paso de los Toros (Durazno), añadió.

El Ministerio de Ambiente resolvió aumentar la multa a la planta UPM 2 por el derrame de soda cáustica que sucedió el 16 de agosto. La sanción económica, que en un principio se definió en 1.000 unidades reajustables ($ 1.638.350, US$ 41.637), aumentó a 4.500 UR ($ 7.372.575, US$ 187.368).

El subsecretario explicó que hubo tres “elementos importantes” que se tomaron en cuenta para determinar la sanción.

Una es que la empresa ya había tenido infracciones. Tal como informó El País en octubre, la segunda planta acumula 15 multas y apercibimientos por su obra en Durazno, que se inauguró en junio. El hecho de tener infracciones anteriores permitió aplicar una cifra mayor, ya que se recurrió a la progresividad que habilita la ley.

En segundo lugar, continuó Amarilla, se dio un apartamento al Plan de Gestión Ambiental de Operación. Y es que, según la resolución de la cartera, se constató que UPM 2 no cumplió con el compromiso de gestión después de que se detectó la presencia de hidróxido de sodio.

También, se afirmó en la resolución a la que accedió El País, la empresa incumplió el plan “al realizar en forma inadecuada la comunicación externa del incidente y el control operacional de los valores reportados por el condictivímetro y el sensor de nivel en la pileta de control”.

UPM aseguró sobre la multa que “como en todo el proceso administrativo, la empresa cumplió con las solicitudes de las autoridades, aplicando las medidas correctivas necesarias, y acatará lo dispuesto en la notificación”.

Y añadió a El País: “UPM mantiene su probado compromiso con una operación en línea con los máximos estándares ambientales y el estricto cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.