El empresario Alfredo Etchegaray presentó la semana pasada ante el Juzgado Letrado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo una demanda por compensación, daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral por US$ 25 millones contra el Estado. Alegó un "arbitrario comportamiento estatal" en torno a los derechos sobre el águila de popa del acorazado alemán Admiral Graf Spee, hundido frente a las costas uruguayas en 1939.

De la demanda, presentada el pasado 18 de diciembre y a la que accedió El País, participan la viuda y las hijas del buzo Héctor Ernesto Bado, que rescató el águila.

El monto reclamado equivale a lo que se entiende como una "justa compensación" y se trata del equivalente al 50% del valor bruto de los objetos extraídos. Para fijar ese valor se recurrió a las tasaciones efectuadas por dos rematadores de plaza. Uno de ellos es Sebastián Zorrilla de San Martín, que estimó que el valor del águila podría superar hoy los US$ 50 millones. Y el otro es Luis Ignacio Gomensoro, que estimó que, en una subasta internacional en la que participen estados, museos o coleccionistas de reconocida trayectoria, el objeto podría llegar a venderse por un monto que va desde US$ 40 millones a US$ 50 millones.

La demanda se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, que indica que el Estado será civilmente responsable por el daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos.

El 5 de agosto de 1997, Etchegaray pidió ante la Prefectura Nacional Naval permiso de búsqueda del Graf Spee, el que fuera dinamitado por capitán Hans Landsgroff frente a las costas de Montevideo.

La autorización fue concedida el 18 de febrero de 2003. Allí, según lo citado por el empresario, se acordó que el costo de la búsqueda correría por su exclusiva cuenta y que el beneficio se dividiría al 50% con el Estado. Efectivamente, en febrero de 2005 se logró extraer el telémetro del acorazo, y un año después el águila imperial.

Etchegaray pidió entonces poder llevar adelante la venta de los objetos rescatados. En el caso del águila, se solicitó su traslado al exterior para su exhibición y comercialización en subasta pública internacional. A eso le siguieron varios años de negociaciones e instancias judiciales que tuvieron marchas y contramarchas.

El empresario afirma que siembre hubo acuerdo entre las partes en que le correspondía un 50%. La diferencia estaba en cómo, cuándo y en qué condiciones proceder a la comercialización de estos objetos.

Desde junio de 2006 el águila permanece, encajonada y lacrada, en la base del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada.

"Se trata de dos piezas icónicas del régimen nazi, que cualquier museo del mundo estaría deseoso de obtener para exhibir", argumenta Etchegaray en su demanda.

"A pesar de ellos, el Estado ha decidido ir por el camino de oponerse a la venta de estas piezas, utilizando para ello lo más absurdos y contradictorios argumentos", agrega. Y afirma que este ha determinado, además, no abonar ninguna contraprestación, compensación o indemnización.

En la demanda también se recuerda que el Estado, aún conociendo "la postura" y el "interés" de Alemania y del Comité Central Israelita del Uruguay, que entre 2004 y 2006 le comunicaron al gobierno de Tabaré Vázquez su postura contraria a que se rescaten "objetivos nazis" con fines comerciales, continuó otorgando prórrogas al permiso de investigación, incluso hasta 2009, para así "maximizar el resultado económico".

En su demanda, Etchegaray relata numerosas gestiones y reuniones con representantes de distintos gobiernos en procura de una solución para la venta del águila o para una compensación. Da cuenta de encuentros con el secretario de la Presidencia del primer gobierno del Frente Amplio, Gonzalo Fernández, en 2007; con el ministro de Defensa del segundo gobierno de Vázquez, José Bayardi, en 2019; y con su sucesor —ya en esta administración del Partido Nacional—, Javier García, en 2020 y 2021.

Entre 2022 y 2023 se llevaron adelante encuentros, señala la demanda, con el presidente Luis Lacalle Pou y con el entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. Allí, según Etchegaray, se habría alcanzado un acuerdo transaccional "verbal" para poner fin al proceso judicial, que implicaba el pago de US$ 5 millones por parte del Estado, y que se llegó a plasmar en un documento.

A los efectos, el demandante pide al juzgado que se cite a declarar a unas quince personas, entre ellos al actual presidente.

En su demanda, el permisario presentó informes de varios expertos en Derecho Constitucional. Uno de ellos, Martín Risso, que afirma que "resulta absolutamente claro que negar el derecho a la reparación de los daños de los permisarios rescatistas iría, en forma clara y grosera, en contra del valor de justicia, del principio deresponsabilidad, del principio de buena fe, e implicaría un beneficio desmedido y desproporcionado para el Estado que aprovechándose ilegítimamente de las inversiones de los particulares, recibe en forma exclusiva todo el beneficio de dichas inversiones".

En su informe, Risso agrega que "el Estado no invirtió nada y el solo hecho de que pueda quedarse con el águila sin abonar nada a quienes la extrajeron es inadmisible e incompatible con el valor Justicia".

El catedrático añade que, si el Estado deseaba quedarse con el águila en propiedad, debió realizar por sí mismo la extracción, no autorizar a un tercero.

Al respecto, la demanda presentada por Etchegaray apunta al Estado por "enriquecimiento ilícito", al haberse "apropiado", a su entender, del cien por ciento del rescate del naufragio del Graf Spee.