ANUNCIOS ECONÓMICOS
Según analistas, el incremento de tarifas, al ser en abril, atenúa la combinación de efectos que habría tenido sobre la inflación de marzo.
Tras la polémica generada con los presidentes de UTE, Antel y OSE sobre la información de proyecciones de ingresos y costos de las empresas públicas, finalmente ayer el gobierno anunció el esperado ajuste de tarifas. En el único caso en que el gobierno recibió información, Ancap, el ajuste fue postergado por la fuerte baja del precio del petróleo.
La forma de anunciarlo fue particular. El presidente Luis Lacalle Pou fue el encargado de hacerlo, pero no mencionó los porcentajes. Esa información llegó tras una pregunta en la conferencia de prensa y fue la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche la encargada de responderla: el aumento para las tarifas de OSE será de 10,7%, en el caso de UTE 10,5%, y en el de Antel 9,78% en promedio. Además, señaló que en todos los casos empiezan a regir a partir del 1° de abril.
El encargado de explicar por qué se dieron esos ajustes fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
“En todos los casos la proyección de las empresas (sin el ajuste tarifario) daba muy deficitaria”, enfatizó Alfie. “En la suma de las cuatro el déficit previsto para 2020 era de $ 20.000 millones (unos US$ 460 millones a hoy), sin tener en cuenta el normal aumento del Imesi sobre los combustibles (este año no se hizo) y UTE proyectaba reducir en un 75% la transferencia” a Rentas Generales que hizo “en el promedio 2017-2019”, agregó el director de OPP.
Según Alfie, “en este contexto claramente no hay posibilidades de no adecuar los precios de venta de los bienes y servicios públicos. La adecuación por costos debió ser bastante superior, no se hizo, no se hace así por un tema de competitividad”. Una fuente del gobierno dijo a El País que si fuera exactamente en línea con los costos, el ajusta habría sido de entre 12% y 13%.
Se puede estimar que el ajuste de poco más de 10% en las tarifas a partir del 1° de abril, equivale a un ajuste de 8% si se hubiera efectuado a partir del 1° de enero, es decir en línea con la inflación (en 2019 fue de 8,79%. Es decir, al haberse realizado más tarde el ajuste, el mismo es mayor para no afectar los números de las empresas públicas.
“Las empresas públicas de todas maneras tampoco van a tener un resultado muy positivo este año. Estarán en zona de empate o algo de déficit. Esperemos que sea menor que el año pasado”, señaló Alfie.
Efecto en la inflación.
El economista Aldo Lema dijo a El País que al realizar el ajuste a partir de abril y postergar el de los combustibles, el gobierno “busca que la inflación de marzo sea menor a la que habría sido si el ajuste se hacía a partir de este mes”, ya que se sumaba el efecto del aumento del dólar sobre los precios.
Si se hubieran ajustado todas las tarifas este mes, habrían tenido un impacto de un punto porcentual. Al hacerlo en abril y postergar combustibles, el impacto es de 0,5 puntos, explicó Lema.
“De esta manera distribuye el impacto (de dólar y tarifas) en la inflación de marzo y abril. En marzo la presión vendrá del sector privado (por la suba del dólar) y en abril del sector público y lo que quede del privado que no haya ajustado”, agregó.
En tanto, el economista de CPA Ferrere, Santiago Rego dijo a El País que “el tema tarifario también estaba en línea con lo que se había previsto. Al no tener el aumento en enero era necesario modificar las tarifas para no resignar ingresos que son importantes para adecuar los costos operativos de cada una de las empresas” públicas.
“En ese sentido también, el impacto del coronavirus (que junto a temas de oferta desplomaron el precio del petróleo) es lo que permitió que seguramente no haya un ajuste de los combustibles o que por lo menos no los hayan anunciado todavía”, agregó Rego.
¿Por qué no hubo ajuste en enero?
En julio de 2019 el entonces ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, había asegurado que “no va a haber ajustes de tarifas tanto de combustible como de los otros por lo que resta del año y probablemente hasta el final del período de gobierno”.
En diciembre de 2019, luego de la victoria de Lacalle Pou en la segunda vuelta electoral, el gobierno del Frente Amplio (FA) reiteró que no haría el aumento que se realiza de manera habitual cada enero. Esto despertó la crítica de la coalición que lidera Lacalle Pou. La discusión pasa por quién “carga” con el peso del ajuste tarifario. Ayer el presidente se lo endilgó al FA y el FA se lo enrostró al mandatario.
Las empresas en manos del FA
El nuevo gobierno liderado por el Partido Nacional se encontró con una dificultad a la hora de diseñar el ajuste de las tarifas: los directorios de las empresas públicas siguen en manos del Frente Amplio. Es que el nuevo gobierno no tiene aún aprobadas las venias para designar a los nuevos jerarcas. Cuando desde la OPP se les solicitó información para estructurar el aumento, desde el Frente Amplio se ordenó a los directores responder “en bloque” sin aportar datos, más allá de los ya entregados en la transición. Quien se descolgó del pedido del frente Amplio fue Marta Jara, de Ancap, quien sí diseñó un informe entregado al equipo económico. El hecho fue denunciado por los blancos como un gesto de falta de institucionalidad republicana.