El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande,Carlos Albisu, busca convencer a la principal figura que ha criticado la serie de contrataciones que se dieron en el organismo. Para ello, el jerarca había pactado ayer una reunión con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que estuvo esperando por largo rato en el despacho del excomandante en jefe del Ejército.

El encuentro no se concretó, pero quedó la puerta abierta para concretarlo en estos días. “No tengo ningún problema en recibirlo y escuchar lo que tenga para decir”, dijo el legislador. Lo que sí recibió Manini fue documentación con “profusa información”, aportada por funcionarios de Salto Grande para explicar las polémicas contrataciones, que Manini dijo estar analizando.

La apuesta de Albisu es clara: procura despejar las dudas de su principal cuestionador en filas del oficialismo, tras conocerse la partida de “refuerzo” por $ 200 millones que la CTM recibió del Ministerio de Economía, en medio de acusaciones de clientelismo político financiado, en parte, con esos mismos recursos.

Manini insiste desde hace tiempo en la necesidad de una “auditoría” o una “rendición de cuentas” al detalle que aclare en qué gasta la delegación sus fondos. “Si los dineros se usaron en forma adecuada y con la finalidad para lo que fue creada la comisión, no hay nada más que hablar”, afirmó. Y eso es lo que le reclamará su partido a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el canciller Francisco Bustillo en la interpelación a la que serán sometidos el martes 3 de octubre en la Cámara de Representantes.

Los cabildantes decidieron sumarse a la moción del Frente Amplio, limitada a la actual gestión en la CTM. Blancos y colorados plantearon, sin éxito, que en el llamado a sala se analizaran también a las administraciones designadas por el Frente Amplio desde el año 2005.

Consultado por El País , Manini Ríos adelantó que “parte de la base” de que los ministros aportarán ese día en sala la rendición de cuentas que viene reclamando. “Va de suyo que en la interpelación debe haber una explicación”, dijo. Y, aunque se negó a “cobrar al grito”, el líder de Cabildo Abierto adelantó que, en función de la información que se aporte, se definirá la postura que su partido adopte en esa instancia.

El Frente Amplio en tanto prepara el llamado a sala, que estará encabezado por el diputado Nicolás Viera (MPP). En diálogo con El País, el legislador adelantó que allí se tomará como base un informe elaborado por Gabriel Rodríguez Fleitas, que integró la delegación uruguaya en la CTM entre 2005 y 2020. En una carta a la que accedió El País -en respuesta a afirmaciones hechas por Albisu en la prensa- el exjerarca confirma que la actual gestión hizo ingresar en forma directa a 34 personas con vinculación política o personal con las actuales autoridades del ente. Esa cifra significa el doble, dijo, de la dotación con la que se contaba en los tres períodos anteriores. En algunos casos, aseguró, los nombramientos se produjeron en cargos creados específicamente. En ellos, afirma, Salto Grande gasta casi $ 80 millones “extra” todos los años. El exjerarca aclaró que en ese cálculo no incluyó viáticos, horas extras o beneficios. Solo entre 2020 y 2021, indicó, el gasto en personal de la delegación uruguaya creció 15% por sobre la inflación registrada.

“Por si fuera poco”, apunta Rodríguez Fleitas, en junio de este año un cambio en los estatutos le otorgó la “inamovilidad” a los empleados de Salto Grande, que a partir de ahora solo podrán ser despedidos mediante sumario por falta grave. A González Fleitas le “llama la atención” que en un gobierno de signo “liberal”, se tome una medida de este tipo. “No hace otra cosa que asegurar la estabilidad de las personas que entraron a Salto Grande por cuota política y no por capacidades técnicas”, aseguró el exjerarca.

El argumento oficial para justificar la partida de “refuerzo” se basa en que el presupuesto de la CTM -$ 744 millones anuales- no se actualiza desde 2015.

Además, Salto Grande viene recibiendo anualmente otra partida extraordinaria, también por $ 200 millones, por parte de UTE, en este caso en concepto de “administración de energía”.

Hace más de un año, en la respuesta a un pedido de informes realizado por el Frente Amplio, el Ministerio de Economía -a través de la Contaduría General de la Nación- aclaró que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo internacional intergubernamental, con ordenamiento jurídico propio. Como tal, su régimen jurídico “no forma parte de la administración pública” de Uruguay ni de Argentina. Dos de los representantes uruguayos son designados por Cancillería y el restante por Industria.