Redacción El País
Desde este viernes 30 de agosto y por el término de 20 días hábiles, el Ministerio de Ambiente puso de manifiesto el Informe Ambiental Resumen (IAR) del proyecto Arazatí, formalmente llamado “Mejora de la seguridad y del suministro de agua potable al sistema metropolitano y servicios de ruta del departamento de San José”, del titular Consorcio Aguas de Montevideo.
El proyecto esencialmente consiste en la construcción y operación de una toma de agua bruta desde el Río de la Plata en la zona de Arazatí. Ambiente publicó un formulario para quienes quieran realizar comentarios o apreciaciones sobre el proyecto.
Tal como informara El País, la semana pasada se dio a conocer un nuevo fallo sobre el caso del proyecto Neptuno para construir una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en la costa del Río de la Plata en San José. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno falló contra OSE por una recusación que había presentado contra los integrantes del tribunal por “prejuzgamiento” en el caso.
Previamente, el Tribunal había rechazado la recusación que OSE presentó contra el juez Alejandro Recarey, quien meses atrás ordenó una medida cautelar que suspendió la firma del contrato entre OSE y el consorcio que iba a encargarse de la obra. En junio, el mismo tribunal falló contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) que también recusó a Recarey.
En la sentencia, a la que accedió El País, el tribunal expresó que "no se explica en forma detallada y específica cuál o cuáles de los agravios articulados por OSE no podrían ser resueltos por el tribunal, y el motivo por el cual considera que hay ´prejuzgamiento´". El Tribunal de Apelaciones remitió las acusaciones a la Suprema Corte de Justicia, que será la encargada de retornar el caso a 4° Turno o pasarlo a otro.
El fallo del juez Recarey sobre el proyecto Neptuno
El juez Recarey emitió una resolución en la que ordenó a OSE "no innovar" y que "no suscriba" el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que se iba a encargar de la obra en Arazatí.
De esta forma quedó suspendida, de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, un proyecto que generó rechazo en la oposición política y algunas organizaciones sociales ambientalistas.
La orden es "hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario".
"Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", expresa el documento judicial.
"También es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas", apuntó el juez.
El magistrado consideró que "hay extremos indiciarios serios" de que "podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad de la que podría disfrutar" si la toma se hiciese en fuentes más limpias.
Además, "no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas del agua".
De momento el proyecto y la licitación se aprobaron y se adjudicó al consorcio, pero no se ha firmado el contrato.
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