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Por Rosina De Armas
La Intendencia de Canelones amplió dos denuncias penales sobre presuntas irregularidades en el Municipio de La Floresta.

Estos hechos de apariencia delictiva habían precipitado a fines de octubre la renuncia del alcalde Néstor Erramouspe, del Partido Comunista, también denunciado por violencia laboral y de género.

Los nuevos elementos a disposición de la Fiscalía de Atlántida refieren al manejo de las ollas populares y a la ocupación de terrenos, según supo El País a partir de fuentes judiciales.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, había dispuesto dos investigaciones administrativas para determinar eventuales responsabilidades.

En cuanto al manejo irregular de alimentos, la instructora sumariante de la comuna concluyó que no se encontraron responsabilidades de funcionarios. Por este motivo, archivó las actuaciones el 3 de marzo.

No obstante, en el transcurso de la investigación administrativa se hallaron hechos de similar tenor a los ya denunciados, que involucran a personas ajenas a la Intendencia de Canelones.

Como podrían guardar relación con la denuncia penal original, el gobierno departamental los remitió al Ministerio Público para que investigue.

La denuncia penal original respondía al aparente “desvío” de insumos para las ollas populares canarias -provistos por Uruguay Adelante- a otras obras sociales.

La organización social, que tenía un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar la distribución de alimentos, planteó su “disconformidad” porque en La Floresta había ollas populares cerradas. Y además sostuvo que, en algunos casos, no coincidía la cantidad de platos declarados con los efectivamente entregados.

Estos elementos fueron denunciados públicamente por dirigentes del Partido Nacional, fuerza política opositora que a la postre solicitó una comisión investigadora en la Junta Departamental de Canelones. Los ediles estudiaron tres de seis carpetas presentadas sobre presuntas irregularidades en La Floresta.

Entre otras denuncias, se encontraba el punto de la ocupación irregular de terrenos con el aval de Erramouspe. Pero este tema no se llegó a estudiar en la Junta Departamental porque ya se había hecho la denuncia penal.

Ahora, el intendente canario amplió la información de la que dispone la Fiscalía de Atlántida. Según supo El País, lo hizo a raíz de un informe de la Dirección de Servicios Jurídicos ante la posibilidad de un delito de falsificación ideológica en cuanto a cruzamiento de poseedores y testigos con diferentes escribanos.

Este hecho irregular podría ser penado a partir del artículo 239 del Código Penal, que estipula penas de hasta dos años de prisión por la presentación de una declaración falsa en el otorgamiento o la formalización de un documento público, ante un funcionario público.

Los hechos presuntamente irregulares se dieron en varios balnearios. En el informe, concluido el 24 de febrero, la comuna advirtió apellidos repetidos entre poseedores y testigos, proximidad entre padrones que pertenecen a manzanas contiguas y coincidencia en las fechas de los negocios, según supo El País.

Esta ampliación de la denuncia también fue resuelta por Orsi el 3 de marzo. El País intentó contactar a las autoridades de la comuna canaria, pero prefirieron no hacer declaraciones.