Agenda de derechos

Se trata del grupo que consiguió 40.000 adhesiones contra el proyecto.

No fue promulgada aún por el Ejecutivo, pero la ley para personas trans ya encuentra resistencias y hay quienes analizan iniciar una campaña de recolección de firmas para conseguir la derogación de la iniciativa que hace parte de la llamada “agenda de derechos” que promueve el Frente Amplio.

La norma se terminó de sancionar en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes, luego de diez horas de discusión. Se aprobó por 62 votos en 88 legisladores presentes. Contó con el apoyo del Frente Amplio, seis diputados nacionalistas, cuatro colorados, dos del Partido Independiente, Carlos Pérez (Unidad Popular) y el excolorado Fernando Amado.

“Estamos evaluando y probablemente tomemos acciones que tienen que ver con la derogación por medio de iniciativa popular, teniendo en cuenta que hay una buena parte de la población que está en contra”, dijo a El País Ana Laura Benavídes, vocera del grupo que entregó 40.000 firmas al Parlamento en contra de la norma.

Según dijo, la resolución no se tomó y “se está conversando”. “Se tienen que recolectar firmas, lo estamos evaluando como una posibilidad”, explicó.

El antecedente que tienen a favor es que se recolectaron en una semana 40.000 firmas “sin apoyo estatal”. Benavídes fue la que personalmente entregó un bibliorato con las firmas ante la comisión de Población del Senado, para que fueran tenidas en cuenta como “insumo” a la hora de la discusión del proyecto remitido por el Ministerio de Desarrollo Social.

Destacó que tuvieron el cuidado de que no firmaran menores de edad “por respeto a la legalidad”. También agregó que cada planilla tenía un encabezado donde se explicaban las razones para firmar, a pesar de que legisladores oficialistas cuestionaron la falta de información de los que apoyaron la causa. Por ejemplo, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) consideró en su momento que la convocatoria a firmar contenía “inexactitudes” acerca del texto del proyecto.

Por otro lado, Benavídes aseguró que en la recolección de firmas a favor de la ley -impulsadas por colectivos LGBTI- se aceptó la adhesión de menores de edad. “La de ellos fue una juntada de firmas con apoyo gubernamental, con la Marcha de la Diversidad en el medio y solo juntaron 60.000 firmas. Es obvio que es mayoría la gente que está en contra de la ley, que la que está a favor”, aseguró.

El proyecto aprobado autoriza la hormonización en menores de edad sin el consentimiento de sus padres, así como también el cambio del nombre legal de la persona. Además establece un régimen reparatorio para las personas nacidas antes de diciembre de 1975 que, por causas relacionadas a su identidad de género, hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad durante la dictadura.

Lo que alarmó al grupo que entregó las 40.000 firmas contra la ley, fue el artículo que permitía la realización de operaciones de cambio de sexo irreversibles sin el consentimiento de los padres, algo que fue retirado de la iniciativa por parte de la bancada del Frente Amplio.

“Las primeras 6.000 firmas las juntamos en un día”, contó Benavídes. La convocatoria a firmar en contra del proyecto se extendió luego por redes sociales. La planilla se fue viralizando por WhatsApp, a tal punto que en el plazo de una semana llegaron a la Terminal de Tres Cruces sobres de todo el país con firmas contra la ley trans.

Benavídes dijo que personalmente es “cristiana”, pero han firmado contra la ley trans ateos, agnósticos, católicos y lesbianas.

Los cambios al proyecto de ley no conformaron al grupo de personas que firmó contra la ley trans. Las modificaciones fueron “un grito a la tribuna” o “un saludo a la bandera”, advirtió Benavídes. “Fue una tomada de pelo, porque como generó alarma cambiaron palabras, pero dejaron prácticamente todo pero con otras palabras para que pasara (...) Hay un montón de atropellos a la patria potestad que siguen estando”, señaló la responsable de juntar firmas contra la ley.