TRAS INFORME

Las compras con la tarjeta corporativa de Ancap que realizó Raúl Sendic, quien fue presidente y vicepresidente de la empresa, están nuevamente sobre la mesa. Esto es así, ya que el directorio del ente decidió reclamarle el dinero de las compras personales y no vinculadas a la función, por las que nunca presentó justificativo, informó el semanario Búsqueda y confirmó a El País el vicepresidente de Ancap, Diego Durand.

La decisión se tomó tras analizar un informe del Departamento de Servicios Jurídicos de la compañía. El texto, al que accedió el semanario Búsqueda, establece que "descartados los gastos que podrían vincularse a la función (hoteles, restaurantes, combustibles), de los resultados de cuentas resultan numerosas compras en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyas, librerías", tanto en Uruguay como en el exterior.

Respecto de esas adquisiciones, indica el informe, "no se han presentado comprobantes justificativos de dichos gastos, ni recibos que acrediten el reembolso de los importes”.

A partir de este escrito, el directorio de Ancap pidió que se le exija el dinero a Sendic "por las vías que entienda pertinente —judiciales y/o extrajudiciales—”, más los ajustes e intereses que pudieran corresponder.

"El Servicio Jurídico de Ancap en lo que se basó, precisamente, fue en la sentencia que quedó firme por la Justicia que condenó a un exdirector, se decidió repetir contra ese funcionario", explicó Durand a El País y dijo que se trata de una resolución del cuerpo directivo de la empresa.

En marzo de 2018, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, acusó a Sendic de haber usado en "más de 300 oportunidades" las tarjetas corporativas de Ancap sin debida justificación y de apropiación indebida de dineros del Estado (peculado).

El dinero que se le reclamará por parte de Ancap a quien fue vicepresidente durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se suma a las 500 unidades reajustables ($ 680.000 al cambio actual) que fue condenado a pagar tras una sentencia de la jueza María Helena Mainard, quien lo encontró culpable de peculado y abuso de funciones.

El artículo 153 del Código Penal define el peculado de la siguiente forma: “El funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.