Redacción El País
La decisión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) de incrementar sus precios a partir del próximo mes le volvió a generar dolores de cabeza al gobierno en torno a la política portuaria. La empresa, que opera la terminal especializada en contenedores en el Puerto de Montevideo, anunció el lunes que, a efectos de "mantener la ecuación económica de la firma", ajustará sus tarifas 24,1% a partir del 1 de julio.

TCP, en donde el 80% de las acciones pertenece a la multinacional de origen belga Katoen Natie, fundamentó la decisión a través de una carta, en la que mencionó que el incremento se dispuso a partir de un estudio técnico externo encargado a la consultora CPA Ferrere. Allí afirma que el aumento resulta "inevitable" debido a "la incidencia de la caída sostenida del tipo de cambio y el aumento de los costos en pesos medidos en dólares", lo que a su juicio generó una situación "que no es posible mantener". TCP aclaró que el incremento corresponde a la actualización de la ecuación económica desde fines de 2020 a la fecha.

El diputado colorado Ope Pasquet (Ciudadanos) ultima los detalles de una propuesta que presentará en las últimas horas y buscará fortalecer la capacidad de regulación del Estado en materia de precios portuarios. Se trata, en la práctica, de modificar un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había presentado en 2021 y que hoy está empantanado en la Cámara de Diputados ante el escaso convencimiento que reúne en el sistema político.

Según explicó a El País, el planteo es que la promovida Unidad Reguladora de los Servicios Portuarios (Ursep) tenga el mismo rol que posee hoy su similares de energía, agua y comunicaciones, y que pueda elevar informes periódicos similares a los que hoy detallan el precio de paridad de importación de los combustibles a través del estudio de los servicios portuarios en todo el mundo, para que sea el Poder Ejecutivo el que tenga la última palabra a la hora de fijar las tarifas.

"Es claro que se necesita una unidad reguladora", apuntó Pasquet al recordar la propuesta que su partido había efectuado en este mismo sentido en 2021. El planteo de Pasquet fue apoyado por el senador y coordinador de su sector, Adrián Peña. "Es imprescindible la creación de una unidad reguladora, pero con las modificaciones propuestas", dijo.

En el Frente Amplio sigue sin convencer la idea de crear una unidad reguladora. El senador Charles Carrera sostuvo que la manera de impedir los "abusos" de Katoen Natie no pasan por la creación de más "burocracia" que, apuntó, terminará superponiendo funciones con organismos ya existentes, como la propia ANP.

Para Carrera, que citará al Parlamento a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que expliquen la situación, la raíz del problema está en el acuerdo que se firmó a inicios de este gobierno y que habilitó a la multinacional de origen belga a "fijar libremente las tarifas y a determinar nuevos precios". Un acuerdo que, remarcó, viola a su entender el artículo 51 de la Constitución. Allí se establece que será el Estado el que condicione la homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de los servicios que estén a cargo de empresas concesionarias. Así, apuntó el senador, debería ser el Estado el que tendría que autorizar el incremento anunciado por la empresa.

Carrera ironizó en que al Poder Ejecutivo logre tan solo una "rebajita pírrica" para luego "venderla" como algo que ya se tenía conversado. "En todo caso, el daño al país ya está hecho", sentenció.

A nivel gubermamental el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, se mostró este martes sorprendido ante el anuncio de TCP y le pidió a la firma que revea esa decisión. En rueda de prensa adelantó que mantuvo contactos telefónicos con los responsables de la empresa y que en las próximas horas habría una reunión formal para hablar del tema.

Consultado, Falero sostuvo que “no es prudente” realizar un anuncio de este tipo de manera unilateral que, indicó, no estaba en conocimiento de las autoridades portuarias. El ministro sostuvo al respecto que es habitual que exista un reordenamiento de tarifas pero dentro de “parámetros normales”. Falero consideró que, en primera instancia, el incremento anunciado por TCP le parece “excesivo”.

"Parece mentira" sostuvo Carrera, que recordó que su partido se refería a este tema cuando hablaba de la "pérdida de soberanía" al cuestionar el acuerdo con la multinacional.

La representante de la oposición en la ANP, Alejandra Koch, manifestó por su parte su malestar por la suba anunciada por TCP. Dijo que la decisión fue tomada “de forma unilateral” y “habiéndose beneficiado del monopolio portuario”.

En marzo de este año, Koch había divulgado un informe en el que, entre otros aspectos, se señalaba que Katoen Natie habiá incrementado sus ganancias en más de US$ 20 millones en el último año, debido que algunas cargas que operaban en los muelles públicos habían sido redireccionadas a la terminal de contenedores.

El Frente Amplio se dispone además a habilitar en el Parlamento una confrontación de posiciones. Carrera quiera citar a la Unión de Exportadores y a la Cámara de Industrias para que expongan su postura ante la situación.

Los industriales habían reaccionado en forma inmediata una vez conocida la decisión de incrementar las tarifas. A través de una comunicado la gremial aseguró haber comenzado "gestiones al más alto nivel" para revertir una decisión que, de implementarse, "causaría un impacto muy negativo en nuestra industria exportadora". La cámara recordó que la ANP participa con un 20% en el paquete accionario de TCP.

Su presidente, Fernando Pache, afirmó que los empresarios del sector están "en jaque" ya que la medida de la empresa "afecta las exportaciones de bienes industriales y las materias primas utilizadas en los procesos productivos".

La suba anunciada por TCP fue también criticada desde la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), cuyo presidente, Julio Lestido, dijo a El País que “no es una buena noticia porque hace aún menos competitivo a Uruguay”.

En este sentido, el empresario manifestó que el comercio “puede aguantar muy poco más” sin trasladar “el aumento de costos” a sus precios finales, dado que a la diferencia cambiaria con Argentina, a la baja del dólar y al país “poco competitivo”, ahora “se le suma un aumento del 24% en los costos portuarios”.