El lunes comenzará a definirse el futuro de tres iniciativas que, de uno u otro modo, son prioritarias para los partidos que integran la coalición de gobierno. Y su desenlace condicionará el relacionamiento que de ahora en más pueda haber en el oficialismo. Ese día se sabrá si habrá o no reforma en el sistema previsional. El martes, se discutirá en la Cámara de Diputados el proyecto sobre "tenencia compartida". Y el miércoles, en el mismo lugar, se discutirá el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del accionar guerrilleroen el pasado reciente, que tampoco reúne unanimidades en filas oficiales.

Se trata de un proyecto que el gobierno hizo ingresar al Parlamento a fines de diciembre -recogiendo una inquietud de Cabildo Abierto-, que fue aprobado en el Senado el 28 de ese mes y que ahora, poco más de tres meses después, se apresta a recibir sanción en la cámara baja. Un "tratamiento exprés" que fue cuestionado por el diputado Iván Posada (Partido Independiente).

La razón de los montos que se definieronpara las pensiones es uno de los motivos de discrepancias políticas a nivel parlamentario. En los casos de muerte a consecuencia de acciones atribuidas a grupos guerrilleros, corresponderán US$ 150 mil. Para las personas que resultaron incapacitadas de forma permanente, serán US$ 100 mil, y para las que fueron secuestradas por más de 72 horas irán US$ 50 mil.

Las cifras definidas habían sido cuestionadas por el Frente Amplio. El diputado Mariano Tucci señaló días atrás que se trata de una “violación del principio de igualdad ya que se trata de montos “sustancialmente mayores” a los que se establecieron para las víctimas del Terrorismo de Estado. En diálogo con La Diaria, Tucci recordó que en, estos casos, las indemnizaciones por muerte fueron equivalentes a unos US$ 72 mil actuales.

Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet, autor del proyecto que será votado la semana próxima, dijo a El País que la cifra determinada para los casos de víctimas fatales es idéntica a la que esta prevista en un proyecto de ley enviado en 2007 por el presidente Tabaré Vázquez y que fracasó en el Parlamento ante la negativa del entonces mayoritario Frente Amplio.

Partiendo de esa base, dijo, se consideró establecer el resto de los montos para contemplar casos menos graves. "No hubo ningún cálculo matemático estimativo", señaló Pasquet. Mucho menos, agregó, un propósito de definir estos montos en función de los otorgados a las víctimas del terrorismo de Estado.

"En todo caso, el parámetro fue el propuesto por Tabaré Vázquez, y supongo que no le atribuirán a él un favoritismo en ese sentido", ironizó.

En diálogo este miércoles con El País, el legislador Iván Posada aseguró que el tema merecía un análisis mucho más detenido y llamó la atención en que su tratamiento coincidió con la discusión parlamentaria del proyecto sobre reforma del sistema jubilatorio. "Se ha vinculado este tema a la votación de la reforma previsional", recordó Posada, en alusión a ciertas voces que, tanto en el oficialismo como en la oposición, trazan un nexo entre ambos asuntos.

A fines de enero el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir había dicho que estaba seguro de que los cabildantes condicionarían su votoa la reforma a que blancos y colorados le terminen por llevar este y otros de sus reclamos. La semana pasada, varios de sus colegas blancos y colorados en el Parlamento también comentabanque Cabildo "presionaba" a sus socios en este sentido.

"Hay una coincidencia en esa circunstancia, y eso es un dato de la realidad" aseguró Posada sobre la simultaneidad en la discusión de ambos proyectos, para agregar: "Es absolutamente innegable que hay una decisión de una aprobación rápida" de las pensiones reparatorias.

Posada le dijo a El País que su partido está "claramente" a favor de establecer estas reparaciones y por eso votará ley en general. Sin embargo, adelantó, rechazará votar el articulado y resaltó que esta norma podría dejar la puerta abierta a futuros reclamos.

El legislador cuestiona especialmente los montos establecidos para las pensiones reparatorias que, dijo", le hacen ruido" y le generan numerosas dudas. Sobre todo, por ejemplo, por lo dispuesto en casos de policías fallecidos a manos de delincuentes comunes, o de cualquier funcionario muerto en acto de servicio. El legislador reparó específicamente en la situación del policía que murió en 2009 a manos de Saúl Feldman, el hombre que falleció atrincherado en su casa luego de un tiroteo con las fuerzas de seguridad tras el descubrimiento de un arsenal de su propiedad. "No hubo allí ningún tratamiento especial", señaló Posada.

A su entender, insistió, el proyecto debería haberse considerado con mucho más detenimiento, analizando sobre todo sus posibles efectos futuros y diseñando una solución que, remarcó, debía ser de carácter general, bajo el entendido de la que mayoría de las víctimas de la guerrilla fueron policías y que, por ende, debe haber una única respuesta por parte del Estado.

En los casos en que ya se hubiera recibido una indemnización a través de sentencias judiciales, decisiones administrativas o leyes especiales, las víctimas solo tendrán derecho a percibir la diferencia entre lo que ya recibieron y la nueva pensión.

El proyecto prevé que la comisión considerará como "presentadas" las solicitudes de las 66 personas que figuraban como víctimas del accionar guerrillero en una lista incluida en el proyecto presentado durante el primer gobierno de Vázquez. Son 34 policías, 18 militares y 14 civiles.

Al respecto,Posada reparó en la honestidad del actual presidente del INAU, Pablo Abdala, cuyo padre integra esa lista por haber sido asesinado en Asunción, mientra era embajador ante Paraguay. El problema es que su asesino fue un terrorista croata, que lo mató al confundirlo con un diplomático yugoslavo.

Según el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, Abdala se comunicó con el Parlamento para advertir que su padre no debería ser incluido en la lista en cuestión.