Ante queja de comunistas por documento de "los 111", el FA ratificó que su camino es el "diálogo social"

Mayoría consideró que economistas no quebraron la "libertad de acción" con su texto crítico a la reforma del Pit-Cnt, aunque algunos sectores cuestionaron la "oportunidad".

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Reunion de la Mesa Politica del Frente Amplio por emergencia hidrica
La Mesa Política Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunieron este lunes.
Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

"Cuando uno pierde de vista al enemigo, empieza a pelearse con el compañero". La frase, atribuida a Fidel Castro, resonó este lunes en la Huella de Seregni. Como en un déja vu, el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política del Frente Amplio (FA) volvieron a discutir los alcances de la "libertad de acción" que se otorgó a sectores y bases en torno al plebiscito impulsadopor el Pit-Cnt para reformar el sistema de seguridad social. El debate, y con él las tensiones, resurgieron a partir de la difusión, la semana pasada, de un documento en el que 111 "Frenteamplistas por el No" advirtieron sobre las "consecuencias injustas y regresivas" y los "enormes riesgos para la economía uruguaya" que tendría esa reforma si prospera.

El Partido Comunista (PCU), principal sostén político del plebiscito, planteó este lunes su profunda molestia con la postura de este nuevo grupo, cuyo posicionamiento generó hasta momento la mayor discrepancia interna de la campaña electoral. El secretario general comunista, Juan Castillo, había dicho a El País el sábado que el grupo había ido "más allá" y que había quebrado "determinados criterios" definidos en esa libertad de acción.

En un intercambio duro por momentos, los cuestionamientos pasaron por dos aspectos. Uno, que el documento violó "el precepto de evitar la atribución de intenciones que pongan a compañeros de la fuerza política o a las organizaciones sociales en contraposición a los principios y valores que enmarcan el proyecto político". Otro, la utilización, por parte de los "111", de la bandera y los símbolos del FA para defender su postura.

La discusión se fue prolongando y recién entrada la noche se llegó a un consenso. Sin necesidad de una votación, la mayoría de los sectores ratificaron que el camino elegido por el Frente Amplio para una reforma de la seguridad social es el "diálogo social", previsto en sus bases programáticas. Unido a ello, se reivindicó la "libertad de acción" definida y el derecho de sectores y dirigentes a, "en unidad", expresar sus convicciones en un "respeto fraterno" hacia otras posturas.

Para la mayoría - integrada entre otros por algunos de los firmantes del documento - los "111" no se excedieron en los "márgenes" definidos por la libertad de acción. Sin embargo hubo sectores - como el Partido Socialista - que cuestionaron la "oportunidad" elegida para presentar el informe, tomando en cuenta los escasos dos meses que faltan para las elecciones nacionales y para el plebiscito.

El otro plebiscito

Por otra parte, la Mesa Política Nacional resolvió que el FA "no acompañará" el otro plebiscito que habrá el octubre. Se trata del impulsado por el oficialismo para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. "Esta discusión, planteada con motivaciones electorales, no se desarrolla en el escenario más adecuado para que existe un debate franco, informado y honesto", afirmó el órgano de conducción de la izquierda.

Tras recibir un informe técnico, la Mesa Política concluyó que la forma en que se instaló esta propuesta en el debate público es "engañosa", al fundamentarse en la idea - a su juicio errónea - de que los allanamientos nocturnos "son la bala de planta para combatir las bocas de drogas".

Para el FA resulta además una medida "demagógica" y "sin sustento empírico", que constituirá una "desprotección a los hogares" sin una propuesta de regulación que posibilite un uso adecuado. Surgió, según se aseguró desde la fuerza opositora, porque al gobierno "le sirve electoralmente", ante el "fracaso" de su política de seguridad, manifiesta en la "ola de homicidios" y en rechazo de la opinión pública a su gestión.

"Así planteada y sin conocer cómo se regulará su aplicación, no es el mejor camino para solucionar los problemas de seguridad que hoy tiene", se afirmó.

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