CAMBIO DE LA LUC

El derecho a la portabilidad numérica que instauró la Ley de Urgente Consideración (LUC) cambió las reglas del mercado de las empresas telefónicas de una manera disruptiva. Desde el 12 de enero todos los usuarios pueden cambiarse de firma manteniendo su número de teléfono, por lo que desde entonces los tres competidores del mercado salieron decididos a hacerse de los clientes de los demás, cada uno con su impronta y perfil, pero con fuertes campañas publicitarias.

Y a casi seis semanas de vigencia del nuevo sistema, la empresa que puede lucir sus cifras y que tenía encima la lupa de la oposición -que buscará derogar en el referéndum de este 27 de marzo 135 artículos de la LUC, entre ellos el que permite la portabilidad- es la estatal Antel.

Hasta este fin de semana, la compañía logró -en el balance entre los que se fueron y los que ingresaron- un saldo positivo de 2.500 clientes que poseían contrato con Movistar o Claro y que ahora lo tienen con Antel. Su presidente, Gabriel Gurméndez, dijo a El País que para expresarlo “con mayor claridad, son muchos más los que eligen Antel que los que optaron por irse a otra operadora”. Y para ilustrarlo usó una metáfora que proviene de un mundo que conoce bien: “En términos hípicos, podría decirse que es una ventaja de varios cuerpos”.

Para Gurméndez, además, los datos constituyen una “confirmación de una tendencia sostenida en este tiempo”, aunque en las últimas semanas esa ventaja “se ha acelerado” a medida que los uruguayos se van interiorizando acerca de la portabilidad numérica.

¿Dónde estuvieron las claves? El presidente de Antel entiende que no hay mucho misterio: sostiene que la “oferta de planes muy atractivos para los distintos segmentos de clientes” más el énfasis comunicacional puesto en que Antel constituye “la mayor comunidad de usuarios” con la “mayor cobertura territorial” y los mejores servicios de Internet, fueron algunas de las ellas. “Y es importante decir que hubo una planificación de mucho tiempo y que Antel fue capaz de ejecutar esa planificación en una forma muy oportuna”, agrega el jerarca, que hace referencia, también, a una campaña mediática “muy acertada”, que calificó además de “muy uruguaya, muy amplia, muy diversa”. El corazón de esa comunicación fue un spot en el que aparecieron figuras públicas como los futbolistas Luis Suárez, Antonio Pacheco y Álvaro Recoba y la bailarina de ballet María Noel Ricceto, para promocionar “la bienvenida a todos los números de teléfono”.

Por supuesto que la buena noticia para Antel tiene la contracara en Claro y Movistar, pero ambas empresas se negaron en diálogo con El País a brindar datos sobre sus propios balances. Desde Movistar afirmaron que “corresponde” a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) “decidir qué información brindar y cuándo hacerlo”. Y desde Claro, en tanto, entienden “muy incipiente hablar de números en el poco tiempo que lleva implementada la portabilidad” y reafirmaron a su vez que “los datos serán publicados oportunamente por Ursec en sus reportes semestrales”.

El Observador había informado el 5 de febrero que en ese entonces Movistar tenía un saldo negativo de 1.000 clientes, mientras que Claro había perdido 20 usuarios. Ahora, desde el Poder Ejecutivo indicaron a El País que en aquel momento la información era correcta, pero que desde entonces hubo variaciones, aunque no se otorgaron mayores detalles acerca de cuáles serían.

El debate sobre si este cambio en el mercado iba a ser perjudicial para la empresa pública al debilitarla o dejarla a merced de las multinacionales con las que compite en el mercado -como han afirmado el Frente Amplio y el Pit-Cnt-, o si, por el contrario, esta modificación iba a potenciar a una empresa que domina la telefonía nacional pero que sobre todo iba a dar libertad a los usuarios, fue una de las polémicas recurrentes en esta campaña de cara a la consulta popular del último domingo de marzo.

Del lado de los promotores del referéndum se hacía mención a algunas proyecciones de encuesta que auguraban ciertos márgenes de pérdida para Antel, y de parte del oficialismo no se desconocía cierto “desafío” para el que la compañía estatal se estaba preparando hacía tiempo (ver aparte), pero se rechazaban los pronósticos pesimistas.

La tensión llegó al extremo de una intimación judicial, presentada por el sindicato de Antel a comienzos de año, para pedir que el gobierno no pusiera en práctica la portabilidad, al menos hasta que la ciudadanía se expresara en las urnas, en el entendido de que la ley no podía considerarse firme hasta no obtener esa ratificación popular. El 3 de enero, en una conferencia de prensa en la que Sutel informó sobre este recurso al que la Justicia se limitó -como es de orden- a dar trámite, el secretario general del gremio, Gabriel Molina, llegó a decir que consideraba a la portabilidad como “solamente un negocio para que los privados crecieran” en Uruguay “al quedarse con parte de los clientes de Antel”. Y había dicho también que el gobierno “ha vendido que esto es profundizar la democracia, pero lo que no se dice es el negocio que hay atrás”.

El Poder Ejecutivo rechazó la intimación -un recurso que se agotaba con la mera presentación- por considerarla, entre otras cosas, inconstitucional, pero en el gobierno -y particularmente en Antel - eran conscientes de que los primeros reportes de mercado iban a mirarse con lupa.

La discusión tuvo un último coletazo cuando la intendenta Carolina Cosse -y expresidenta de Antel- dijo días atrás que el asunto no le parecía prioritario: “El tema de la portabilidad no me va ni me viene”, afirmó. Esto fue respondido por Gurméndez, quien en Twitter le cuestionó que ahora cambiara su discurso.