El Ministerio del Interior deberá enviar al Parlamento toda la información que posea sobre casos de personas que, no siendo policías o careciendo de vínculos familiares con ellos, hayan recibido atención en forma irregular en el Hospital Policial. Todo esto, en el marco de la investigación que a nivel parlamentario se viene desarrollando en torno a presuntas irregularidadesen la Dirección General de Secretaría de ese ministerio entre 2010 y 2017, cuando esa oficina fue encabezada por el actual senador frenteamplista Charles Carrera.

El pedido, al que accedió El País, apunta a una serie de situaciones de este tipo descritas en un informe remitido el 23 de agosto del año pasado por la cartera a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en las que se menciona con nombre y apellido a los involucrados. Allí figura entre otros la diputada Susana Pereyra, esposa del fallecido ministro Eduardo Bonomi. También Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia durante el pasado período de gobierno. La lista se completa con la exdirectora de Asuntos internos del ministerio, Stella González, y el exdirector de la Unidad de Comunicación, Fernando Gil.

La solicitud fue efectuada por el senador nacionalista Jorge Gandini (autor de la denuncia que dio origen a la investigadora), a quien le llegaron elementos que demuestran que varias de esas personas se atendieron en forma irregular en el Hospital Policial, según informó.

Por otra parte, la comisión también resolvió pedirle al Ministerio del Interior que analice la oportunidad de efectuar una investigación administrativa a partir de las declaraciones que, el lunes pasado, aportó en ese ámbito el exdirector de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone. La polémica quedó instalada ya que, según dijo a El País Gandini, Anzalone "no dijo toda la verdad o le falló la memoria", ya que afirmó que desconocía los pormenores de la internación -también en forma irregular- de la entonces esposa de Carrera. Un hecho por el que días atrás las actuales autoridades de la carteraefectuaron una denuncia penal.

"No tengo idea de por qué se trató ni para qué se trató", dijo el exjerarca ante los legisladores. Sin embargo, Gandini aportó este martes una serie de documentos que demuestran que, por lo menos en cinco oportunidades, Anzalone aparece autorizando la internación de la expareja de Carrera.

Los detalles del caso incluyen otros elementos llamativos para la investigación y que quedaron en evidencia este lunes. El expediente indica que la mujer, que era civil, fue ingresada el 14 de marzo de 2010 por una consulta de fractura de cuello de pie. "Calidad: no usuario. Grado: no corresponde", dice la ficha. Dos días después, el 16 de marzo, la mujer vuelve a ingresar, pero ya con el grado de "suboficial ayudante", que se reiteró en el resto de las 42 veces que se atendió allí.

Ante Anzalone, Gandini reparó en un hecho: según afirmó, en la historia clínica, le pusieron "de Carrera" y lo subrayaron con color amarillo, como para que "todo el mundo se entere que es la mujer del jefe".

La inclusión repentina de un grado policial también se reiteró en el caso de Víctor Hernández, el hombre que quedó paralítico en diciembre de 2012 en La Paloma a partir de una bala que, afirma, partió de la casa del entonces subcomisario, donde se desarrollaba una fiesta con varios policías. El caso fue que el desató la investigación, a partir de la "ayuda" que Hernández comenzó a recibir por parte de Carrera en forma de atención médica y apoyo económico.

Hernández, otro civil, ingresó al Policial el 24 de julio de 2013. En su ficha de ingreso, el espacio "calidad de usuario" aparece vacío. Es recién en febrero de 2014 cuando, en uno de sus tantos reingresos, su internación pasa a ser autorizada en calidad de "oficial subayudante". Algo extraño, señaló Gandini, ya que si hubiera ostentado ese cargo no hubiera necesitado autorización.

Consultado por los legisladores, Anzalone aseguró que, en su calidad de director de Sanidad Policial, no estaba en condiciones de otorgarle ningún grado a nadie. Esa potestad, señaló, es del Ministerio del Interior. Sí reconoció que el cambio en la ficha de Hernández "llamó mucho la atención". Según dijo, el ingreso se dio a través de una "orden de la Dirección General de Secretaría del ministerio, a cargo entonces de Carrera, a través de la entonces directora de Asuntos Internos, Stella González. Y siempre de manera verbal.

"Había que internar a una persona que tenía un problema de salud", contó. "No era mi función interrogar cómo se había dado esa situación y nadie me informó. Las órdenes no se discuten" remarcó.

La "orden" era ingresar a esa persona esa persona y, según, dijo, allí se argumentaba su "vínculo con la Policía". Un vínculo que, señaló, jamas supo cuál era. "Para mí era bastante chocante el hecho de que se ordenara algo de lo que yo no tenía ningún tipo de información", admitió. Según contó, sus opciones eran cumplirla o pedir la baja.

Gandini citó ante la comisión informes jurídicos del ministerio que indican que la atención en el Hospital Policial solo les corresponderá a policías en actividad o retirados, sus cónyuges y concubinos. También sus padres, siempre que tengan ingresos menores a un salario mínimo, los hijos con discapacidad o hasta los 21 años. Asimismo se prevén "autorizaciones especiales" para casos excepcionales, siempre que tengan nexo con un funcionario activo o retirado. Según Anzalone, desde 2001 se venían extendiendo unas 200 de esas autorizaciones por año.

"Hay expedientes de ministros que mandaban personas a que se atendieran en el hospital por tanto tiempo", expresó. "Hay secretarias de ministros que pidieron autorizaciones especiales para otros directores", agregó, al explicar cómo se fue "manejando" el sistema a lo largo de la historia. Anzalone no aportó nombres en torno a estas afirmaciones.

La de Hernández era una de esas "autorizaciones especiales", pese a que no mantenía ningún vínculo con la Policía. Originalmente, esta prevista su atención por cuatro meses. Al final ese período, y a través de una nueva orden, se le indicó que había que renovarla, situación que se fue reiterando en el tiempo. Incluso, dijo, cuando desde Fisiatría se aclaró que "ya no había nada más que hacer" por el paciente. El argumento que se le de daba era que Hernández no tenía otro lugar para seguir con su tratamiento.

Consultado por Gandini, Anzalone dijo que nunca conoció a Víctor Hernández. "Nunca lo vi", afirmó. "Me entero de él y de todo lo previo que sucedió por la prensa".

Ante la comisión Anzalone sí reconoció haber autorizado la primera internación en el Hospital Policial del entonces ministro Eduardo Bonomi. "Se quería hacer un chequeo porque tenía múltiples patologías y la necesidad de que su situación fuera analizada de forma integral", señaló. El exjerarca recordó que fue de "pública notoriedad" cuando el ministro concurrió a la emergencia del Policial por un caso agudo. "No era una situación oculta", dijo.

Sostuvo además que en ese momento fue que se reveló la gravedad la patología que terminaría con la muerte de Bonomi, el año pasado. "Hay antecedentes de atención", remarcó Anzalone. "Quizá no ministros, pero hay listados". Consultado nuevamente sobr qué nombres estarían en esos listados, el exjerarca dijo "no tenerlo claro".

La comisión pretende también saber quién era el tesorero del hospital cuando se libraron los "tickets de alimentación" que se otorgaron a Hernández a lo largo de 47 meses que totalizaron $ 940 mil.