“ES IMPORTANTE Y PRIORITARIO”

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En las últimas semanas ingresó alParlamentoun proyecto de ley que, pese a no estar entre los más mencionados por el sistema político, es sin dudas “prioritario” para este gobierno. De hecho, a partir del día de mañana, cuando la iniciativa sea abordada en comisión por la Cámara de Diputados, el oficialismo ya tiene decidido darle un rápido tratamiento legislativo.

El asunto en cuestión es una reforma a la ley de la negociación colectiva (2008), que incluso había sido una preocupación del último gobierno del Frente Amplio, que en 2019, con la firma del entonces ministro de Trabajo, Ernesto Murro, envió al Parlamento una iniciativa que todos reconocen como casi calcada a la que ahora comenzará a discutirse.

La motivación, de entonces y de ahora, es dar respuesta a una serie de observaciones que ha hecho a lo largo de estos años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la norma vigente y a la forma como se negocian actualmente los salarios, y eso es valorado especialmente por los legisladores oficialistas que integran la comisión de Asuntos Laborales de Diputados.

“Está hablado: la idea es ya discutirlo mañana, porque es un proyecto importante que viene del Ejecutivo para salvar las observaciones de la OIT y eso nos parece relevante”, señaló ayer el diputado blanco Pedro Jisdonian, integrante de la comisión y coordinador de la bancada de los nacionalistas. “Es algo prioritario e importante y así nos lo transmitió el ministro Pablo Mieres”, agregó el representante, que remarcó que “el objetivo es discutirlo y tratarlo lo más rápido posible”.

Que lo que busque la iniciativa sea levantar algunas observaciones de la OIT, es algo que se reconoce en la propia exposición de motivos. Así, por ejemplo, se plantea eliminar la “ultractividad” de los convenios colectivos, lo que hoy implica que cuando los acuerdos se vencen, igual se mantiene la “plena vigencia” de las cláusulas hasta que al menos se firmen nuevas condiciones. Ahora, en cambio, se propone que ambas partes negocien libremente los términos y alcances de los convenios.

Asimismo, por detenerse en un punto más, se plantea que tanto los sindicatos como los empleados cuenten con personería jurídica para poder asumir responsabilidades civiles en caso de violar la confidencialidad en las negociaciones.

Pero hay otra observación, que refiere a que los consejos de salarios solo deberían tener participación del Estado para fijar salarios mínimos, que no fue atendida en su integridad en esta propuesta.

Esto tiene como consecuencia que, de no modificarse la redacción, las cámaras empresariales mantendrán su queja en la OIT, tal como informó El Observador. Y esto, aunque suene paradójico, es parte de los argumentos por los cuales el Pit-Cnt ya anunció que se opondrá de la misma manera que lo hizo en 2019, por razones “de forma”.

“Nosotros ya hemos resuelto que vamos a actuar en defensa de la negociación colectiva”, dijo a El País el presidente del movimiento sindical, Marcelo Abdala, luego de resumir los porqués del rechazo de la central obrera.

El asunto no es fácil, señaló el abogado laboralista Nelson Larrañaga, porque el gobierno se comprometió, en el acuerdo programático que firmaron en 2019 los partidos de la coalición, a mantener los consejos de salarios. “Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad”, es lo que señala en el capítulo 11 el documento Compromiso por el País. “Por tanto, es difícil armonizar esas dos cosas”, puntualizó Larrañaga, en el entendido de que limitar la negociación tripartita a fijar solo los salarios mínimos -y no permitir la injerencia del Estado en temas como los ajustes salariales, licencias médicas u otro beneficios- es prácticamente anular esta instancia.

“Yo no creo que se vaya a levantar esta observación de la OIT, porque eso significaría no convocar más a los consejos e implicaría cambiar la dinámica actual, que es la forma, además, como el gobierno fija su política económica general a través del establecimiento de las pautas salariales”, siguió Larrañaga.

Otras miradas, como la del también laboralista Alberto Baroffio -socio de Ferrere-, entienden que la norma “es buena” porque atiende varias de las críticas que han sido realizadas por la OIT, aunque en algunas partes la redacción es imprecisa, como a la hora de definir qué sindicato o grupo de trabajadores es el más idóneo para negociar con la patronal.