Redacción El País
Está previsto que el gobierno saliente, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, y el entrante, liderado por Yamandú Orsi, se reúnan a mediados de enero para retomar el análisis del Proyecto Arazatí, que plantea la construcción de una planta potabilizadora hecha por privados y operada por OSE —y que ha quedado en stand by tras posiciones a favor y en contra.

El proyecto privado incluye un área de captación de agua del Río de la Plata; una planta potabilizadora; una reserva de agua bruta (pólder) ante episodios de salinidad, un terreno de lodos del tratamiento del agua, y una cañería que se conecte a la red hídrica. OSE pagará unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.

Fuentes del gobierno entrante dijeron a El País que uno de los puntos que genera críticas es hacer una obra que requiera de un pólder. El plan original preveía una reserva de cuatro hectómetros, pero luego se la amplió a 15 hectómetros previendo episodios graves de salinidad.

Fuentes del consorcio privado indicaron en tanto que una opción es hacer la obra con un pólder más chico o bien quitarlo. Ante la eventualidad de la última opción, dejaría a la planta sin operar en casos de salinidad, pero no modificaría en forma considerable la inversión. El pólder cuesta unos US$ 20 millones, de un costo total proyectado de US$ 300 millones.

Otra opción que está sobre la mesa es cambiar la ubicación del proyecto y correrlo más hacia el oeste para evitar casos de salinidad. Desde el gobierno entrante manejaron Boca del Cufré como un punto más óptimo, algo que desde el consorcio dijeron que no mueve la aguja por las condiciones del terreno, y sí en cambio aumentaría el presupuesto porque implicaría mayores mas costo encañería.

El punto donde se estudió que se podría tomar agua sin necesidad de un pólder es en Riachuelo (Colonia), que está a unos 100 kilómetros de Arazatí, y a unos 170 kilómetros de Montevideo. Esta opción fue evaluada durante la generación del proyecto por el consorcio, pero fue descartada porque esto implicaría aumentar unos US$ 100 millones la inversión.

Además del diseño, otro cuestionamiento desde el Frente Amplio es el presupuesto. La inversión de la obra como está ahora es de unos US$ 300 millones, pero saltaría a unos US$ 900 millones por la modalidad elegida de pago por disponibilidad, aunque en OSE ya proyectan una inversión final de US$ 1.027 millones.

Este fue uno de los cinco presupuestos que se presentaron. La opción más económica sería una inversión estatal directa, que también implicaría intereses anuales y aumentaría la cifra, además de abultar el déficit fiscal.

Pero los cuestionamientos del gobierno entrante no se agotan solo en revisar el impacto ambiental de Arazatí, sino si hay una incompatibilidad con el artículo 47 de la Constitución, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

Esto, a ojos del gobierno entrante, puede estar en contradicción si se define que sea el privado el encargado de manejar la bomba de la toma, tal como se prevé.

El proyecto que busca reforzar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana con casi la tercera parte de la demanda actual fue adjudicado por OSE en agosto de 2023, en medio de la peor sequía en un siglo, al Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil), promotor de la iniciativa.

Pero para iniciar las obras, que se extenderían 30 meses, hace falta la firma del contrato con OSE y la Autorización Ambiental Previa (AAP). Esto último, necesario para remover la tierra, ya fue concedido por el Ministerio de Ambiente a un mes atrás, pese a la resistencia de vecinos de Arazatí (San José), ambientalistas, expertos y de dirigentes del Frente Amplio.

Lo que resta es definir si se firma o no el contrato, y en qué condiciones, con OSE. Este paso se dilató primero tras la suspensión del juez Alejandro Recarey, desestimado por un tribunal de apelaciones, y ahora por las negociaciones para llegar al “punto intermedio”, que dijo Lacalle Pou, decidido a seguir adelante con el proyecto.

El gerente general de OSE, Arturo Castagnino, estimó a El País que el Proyecto Arazatí “finalmente se firmará”, sobre todo valorando que no sellar el acuerdo para iniciar las obras “sería un gravísimo error para el país”.

“No tenemos nada que elegir, hay que hacer Arazatí cuanto antes y también hay que hacer Casupá. Porque Casupá corresponde solo a Aguas Corrientes y Arazatí es la seguridad de todo el sistema”, dijo Castagnino en julio de 2023, en medio del cruce político por hacer un proyecto u otro, en medio de la sequía.