Dos proyectos para garantizar el consumo de agua potable siguen dando que hablar por estas horas, luego de que el gobierno otorgara un permiso ambiental a un consorcio privado para la construcción de una nueva toma de agua y planta potabilizadora en Arazatí, con el objetivo de reforzar el suministro para Montevideo, Canelones y zonas aledañas. Esto sucede a poco más de un año de la peor sequía en la zona desde que hay registros.

El proyecto del Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil) es apoyado por el oficialismo, pero resistido por ambientalistas, vecinos de Arazatí (San José) e incluso por el Frente Amplio, que evalúa por estas horas si decide avanzar con esta obra o concretar un embalse en el arroyo Casupá (Florida), un afluente del arroyo Santa Lucía Grande, anunciado en 2013, durante el gobierno de José Mujica, pero que finalmente no se llevó a cabo.

Si bien el expresidente Tabaré Vázquez le propuso al presidente Luis Lacalle Pou durante las reuniones de transición la construcción del Proyecto Casupá, el gobierno entrante de Luis Lacalle Pou, tras superar la gestión de la pandemia, optó por impulsar el Proyecto Arazatí, dejando de lado Casupá, al menos en esta etapa.

Foto: Fernando Ponzetto

Lo cierto es que ambos proyectos son diferentes en varios aspectos. Casupá supondría una inversión total de entre US$ 100 a US$ 120 millones, aunque fuentes de la construcción dijeron a El País que esta cifra saltaría a US$ 150 millones, entre la obra y la expropiación de unas 3.000 hectáreas. Mientras, Arazatí, si bien implicaría una inversión privada de US$ 300 millones, con una expropiación de unas 450 hectáreas, el Estado terminaría pagando unos US$ 50 millones anuales, por 17,5 años, lo que sumaría cerca de US$ 900 millones.

Otro aspecto clave es que son dos modelos diferentes de refuerzo del suministro para más de la mitad del país. Casupá implica embalsar agua dulce que se va acumulando en un terreno gigantesco, que casi duplica la única reserva actual de Paso Severino (Florida). Esta última represa, sobre el arroyo Santa Lucía Chico, tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos (m³), y Casupá, ubicada al noreste de Paso Severino, tendría 118 millones de m³.

Estos reservorios son pensados para aportar agua dulce cuando hay una sequía, y que esta pueda ser mezclada con agua salada en Aguas Corrientes sin afectar el suministro normal de agua dentro de los valores nacionales permitidos (200 miligramos por litro (mg/l) de sodio y 250 mg/l de cloruros). Paso Severino y Casupá juntas garantizarían el suministro por unos 240 días, a razón de un consumo de 700.000 m³ diarios.

Por otro lado, Arazatí implicaría tomar agua bruta del Río de la Plata, tratarla en una planta potabilizadora hasta los valores máximos de cloruros, y disponer de un monorelleno para los lodos del proceso de potabilización. También incluye una reserva de agua (pólder) para ser utilizada por hasta 70 días en casos de mayor salinidad para no afectar así el suministro, cuando hay diferencias entre los técnicos del Ministerio de Ambiente con los promotores respecto al período de frecuencia de un evento severo, que sería menor a 50 años. A esto se debe sumar una cañería de unos 70 kilómetros para trasladar el agua tratada hasta la zona metropolitana. El aporte de Arazatí puede ser hasta 200.000 m³ diarios, casi un tercio de la demanda actual.

De esta forma, Casupá implicaría reforzar la reserva de agua dulce para no afectar la calidad en episodios críticos. Mientras que Arazatí ofrecería otra alternativa, como es obtener agua del Río de la Plata, otra fuente, para no depender solo del río Santa Lucía. Esta última lectura, estratégica, es el principal punto que han insistido desde el oficialismo para avanzar con el plan llevado adelante por privados, operado por OSE, que ganó el consorcio privado tras una licitación internacional.

“Se ha instalado una especie de dilema de falsa oposición, de que es Arazatí o Casupá. No tenemos nada que elegir, hay que hacer Arazatí cuanto antes y también hay que hacer Casupá. Porque Casupá corresponde solo a Aguas Corrientes y Arazatí es la seguridad de todo el sistema”, había dicho el gerente general de OSE, Arturo Castagnino, en julio de 2023.

Pero también hay otras diferencias con respecto a la calidad del agua en un proyecto y otro. El agua dulce del Santa Lucía en la represa de Casupá no tendría cloruros, sodio y bromuros, algo que sí está presente en el agua del Río de la Plata. El sodio y los cloruros no se pueden quitar con esta planta, aunque los promotores de Arazatí indicaron que en el 98% del tiempo el agua obtenida sería dulce, pero igual se trataría con ozono y cloro.

Los opositores a Arazatí insisten en que hay un riesgo en cuanto a los bromatos —posible cancerígeno para humanos— que se producen en la ozonorización; y de aumento de trihalometanos, que se forman por la reacción del cloro en la desinfección con la materia orgánica disuelta. Ambos puntos han sido descartados por promotores del proyecto y jerarcas de OSE, quienes destacaron que el agua obtenida sería de calidad.

El futuro de ambos proyectos hoy es incierto. El presidente y la vicepresidenta electos, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, respectivamente, se manifestaron en contra de Arazatí públicamente, aunque no lo han descartado en conversaciones informales, y también formales, indicaron a El País fuentes del consorcio privado.

Orsi dijo por estas horas que Arazatí ofrece “reparos”, después de haber señalado que el proyecto tiene puntos que “no lo terminan de convencer”. Lacalle Pou indicó en el Consejo de Ministros posterior al balotaje que hasta el cambio de mando si inician nuevos proyectos, o se hacen cambios significativos a los que están en curso, deberán conversarse con los jerarcas del gobierno electo, para conocer si tendrán o no continuidad, tal como informó El País.

Si bien la autorización ambiental, que cae si no se hacen obras dentro de un plazo de dos años, permite el inicio de las obras, lo cierto es que no se podrá mover ninguna retroexcavadora hasta que OSE firme el contrato con el privado. Este paso no ha ocurrido y desde el Frente Amplio, como se establece en sus propias Bases programáticas, se viene señalando que Casupá es la “prioridad”.

"No se ha analizado colectivamente en el Frente Amplio, ni a nivel de gobierno electo, (qué es lo que se terminará haciendo). Estimo que esto se hará una vez Yamandú nombre el futuro gabinete para encarar los temas específicos de la transición", dijo a El País el expresidente de OSE y senador electo, Edgardo Ortuño.