DIRECTOR DE INTELIGENCIA

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Fue una de las tantas noticias de la semana pasada que pasaron sin mucho destaque porque el tema instalado en la agenda mediática es el caso que tiene en el centro al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, imputado por varios delitos e investigado por otros tantos, con sospechas de connivencia con altos mandos de la Policía.

Sin embargo, esta otra noticia no pasó desapercibida para sus protagonistas: el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia que había hecho a fines de octubre el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, por haberse filtrado un documento de su repartición que dio a conocer a legisladores de todo el sistema político en su comparecencia al Parlamento el pasado 24 de octubre.

El resultado, previsible para muchos porque el fiscal no pudo conocer el origen de la filtración de la información secreta ya que el periodista que la develó se amparó en su derecho de no revelar su fuente, de alguna manera sorprendió en algunos dirigentes de la coalición de gobierno, que quedaron con “profunda preocupación” con cómo procedió el jerarca en todo este episodio.

Porque desde un primer momento se interpretó que hacer una denuncia ante el Ministerio Público contra el Parlamento no era algo “liviano” desde el punto de vista institucional.

Por esa razón, de hecho, las expectativas en el oficialismo -y especialmente en filas del Partido Nacional- eran que el jerarca hiciera esa denuncia si estaba “completamente seguro” de que el documento -con definiciones sobre la estrategia de inteligencia aplicada por el Estado- había sido filtrado por parte de legisladores de la comisión de control y supervisión al respecto, integrada por senadores y diputados.

“Nosotros pensábamos que la prueba que tenía iba a ser contundente, porque cuando eso sucede no hay ningún fiscal que archive”, dijo a El País uno de los dirigentes del oficialismo disconformes con el jerarca, que además entiende que tampoco midió “el daño al Parlamento” que generó con la denuncia.

Es que mientras duró la indagatoria del fiscal, que interrogó a los legisladores en el propio Palacio Legislativo, los calificativos sobre la presunta gravedad de lo sucedido abundaron.

Uno de los más enfáticos en ese sentido fue el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou (ver recuadro), quien además dijo que se daba “por hecho que lo sucedido se dio en el Parlamento”, extremo que la investigación no terminó por comprobar, entre otras cosas porque el fiscal no pudo siquiera establecer cuál era el “documento original” puesto que Garcé presentó al menos tres versiones del texto -como consta en el dictamen de Gilberto Rodríguez.

Pero hubo más voces. El senador cabildante Raúl Lozano, por ejemplo, quien preside el ámbito parlamentario donde compareció Garcé, fue otro de los que calificó de “muy grave” la publicación de la información que se había compartido en una sesión declarada como secreta. Y luego agregó que también estaba seguro que su divulgación había partido de algún legislador, algo que por otra parte comparten otros dirigentes de la coalición, como la senadora nacionalista Graciela Bianchi. “Hay una tendencia a responsabilizar a los funcionarios, pero en este caso no había ninguno. Los responsables somos los legisladores. No se cumplió con el articulo 27 de la Ley de Inteligencia”, había dicho Lozano el 2 de noviembre, en declaraciones a El Espectador.

En el Frente Amplio, mientras tanto, pese a que el foco de las críticas lo tienen depositado en todas las noticias que día a día surgen relacionadas al caso Astesiano, este episodio constituye un nuevo flanco abierto con el gobierno.

“Yo ya lo había dicho en términos condicionales -afirmó el senador opositor Enrique Rubio en diálogo con El País-: si Garcé no lograba demostrar, en base a la trazabilidad, su tesis categórica de que el documento se había filtrado desde el Parlamento, estaría demostrando un grado de incompetencia que lo inhabilitaba para el cargo, y creo que los hechos han demostrado eso”.

Por eso para el dirigente de la Vertiente Artiguista “amerita que Garcé sea destituido” en el entendido de que no es admisible haber apuntado contra el Parlamento “con esa contundencia, lo que además provocó erosión institucional”. “Esto no puede quedar como un episodio sin consecuencias: no es como si no hubiera pasado nada”, agregó.

El senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani -que además inte- gra la comisión especial en cuestión- señaló por su parte que en la interna de la coalición de izquierda analizarán la situa- ción, y que “habrá alguna novedad” sobre los pasos a seguir “en estos días”.