El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tiene una postura clara sobre qué debe hacer el gobierno en relación a la denuncia penal que se presentó contra la construcción del Antel Arena en noviembre de 2021 y que el pasado 22 de febrero fue archivada por el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado, al no constatar delitos en su indagatoria.

La definición del presidente fue tomada en los últimos días, luego de analizar un informe jurídico sobre este archivo realizado por Gustavo Bordes, el abogado que defendió a Antel -actor denunciante- en este caso. Ese escrito, como ya informó El País, entre otras cosas ponderaba todas las variables que están en juego y las posibilidades -bajas- que tiene el gobierno de lograr que otro fiscal se incline por una imputación penal.

Pero Lacalle Pou no tiene dudas: su voluntad es que el directorio de Antel solicite a la Fiscalía el reexamen de la denuncia, indicaron a El País fuentes de Presidencia. El primer mandatario, de hecho, se comunicó en los últimos días con la presidenta de la empresa estatal, Annabela Suburú, para comunicarle la determinación.

El jefe de Estado arribó a esta postura luego de un análisis en el que, básicamente, se tomaron en cuenta dos escenarios que quedaron abiertos con el archivo.

Por un lado, se evaluó la posibilidad de aceptar el dictamen del fiscal, quien si bien encontró un “manejo dispendioso de los recursos públicos”, descartó que ello mereciera reproche penal. La valoración política que se hizo de esta opción es que se habría asumido que “está bien” lo resuelto por Machado, con lo cual el gobierno aceptaría tácitamente que todo el proceso de inversión y construcción del Antel Arena -uno de los cuestionamientos al Frente Amplio más recurrentes por parte del oficialismo- fue acorde a la ley.

Pedir en cambio el reexamen de toda la denuncia por otro fiscal implica un mensaje políticamente distinto. “Lo natural para el gobierno en este caso es que se agoten todas las instancias”, señalaron las fuentes consultadas.

Y esa “visión” fue la que Lacalle Pou transmitió a la presidenta de Antel.

Mañana, más allá de la definición política ya tomada, el directorio sesionará para, formalmente, analizar la situación y presentar la solicitud de reexamen ante la Fiscalía.

Antel tendrá tiempo para hacerlo hasta el 1° de abril, ya que entonces vencerá el plazo dispuesto por la ley para pedir el reexamen de la causa, señalaron a El País desde el directorio de la compañía.

Foto: Fernando Ponzetto

Como era de esperarse, una vez que se conoció el archivo de esta denuncia, el sistema político reaccionó de inmediato: en el oficialismo vieron con pesar esta decisión, mientras que en el Frente Amplio, y sobre todo la precandidata a presidenta Carolina Cosse, la destacaron.

Uno de los que se mostró más crítico con las conclusiones del fiscal Machado fue el precandidato blanco Jorge Gandini, quien el 22 de febrero manifestó: “El archivo no cambia los hechos, los hechos son claros. De US$ 40 millones se pasó a US$ 118 millones, muy buena parte por compras directas con observaciones del Tribunal de Cuentas, con irregularidades de todo tipo y naturaleza que se apartan claramente de la normativa y que fueron hechas con absoluta arbitrariedad”. Y agregó: “Para mí es una gran decepción porque el mensaje es que se puede hacer lo que se quiere y no pasa nada, y eso está mal, pero respeto lo que dice la Fiscalía”.

Algo similar había dicho en sus redes sociales el también senador nacionalista Sebastián Da Silva: “Se puede hacer cualquier cosa con la plata de la gente, total no pasa nada. Yo no quiero ese país”.

Cosse, en tanto, respondió en una rueda de prensa horas después de conocerse el dictamen que el proceso de cuestionamiento al Antel Arena -complejo del que ella fue su principal impulsora cuando era presidenta de Antel (2010-2015)- se enmarcó en “ataques sistemáticos” contra su figura.

“Quiero reafirmar mi confianza en las instituciones republicanas. Intentaron un juicio político absolutamente fuera de lugar e injustificado y el Parlamento, uno de los pilares de la República, lo rechazó. Intentaron toda una operación política dirigida contra mí por el Antel Arena, pero la Justicia se tomó su tiempo y finalmente en el día de hoy archiva el caso. Es una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la República”, valoró entonces la precandidata de la oposición.