Redacción El País
Crysol, la organización que nuclea a los expresos políticos de la dictadura, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le pidió que intervenga para que el Estado uruguayo le ponga fin a “prácticas impropias” que “degradan la calidad democrática” del país. La solicitud, elevada a través de una carta dirigida a la presidenta de esa organización, Margarette May Macaulay, cuestiona la decisión de la coalición oficialista parlamentaria de no recibir las inquietudes de la entidad sobre el proyecto del gobierno relativo al “libre acceso” de toda la documentación sobre el pasado reciente. Al igual que otras organizaciones, Crysol planteó sus dudas sobre la difusión de esos archivos, pese a que la iniciativa del Ejecutivo asegura que los datos personales de las víctimas quedarán en reserva.

El tema generó polémica en las últimas semanas con cuestionamientos entre Crysol y el ministro de Defensa, Javier García.

Ante la CIDH, los expresos políticos también denunciaron que tampoco se les permitió expresar su opinión cuando el Parlamento discutió y aprobó la ley que le otorgó un “resarcimiento económico” a las víctimas de la sedición por montos que, aseguran, “duplican o triplican” las pensiones reparatorias concedidas en su momento a las víctimas del terrorismo de Estado.