VIOLENCIA DOMÉSTICA

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La cantidad de femicidios en 2019 preocupa y alerta al sistema político, que estudia medidas para tratar de enfrentar el problema. La futura vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo a El País que la sociedad no se puede resignar a vivir con esta realidad y adelantó que el mandato que inicia el 1° de marzo de 2020 deberá trabajar en la creación de un nuevo protocolo global “fuerte” que sea elaborado “al más alto nivel” y que sirva para mitigar los casos.

La compañera de fórmula del presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo en conversación con El País que se debe resistir al “no se puede hacer nada” y “redoblar” los esfuerzos para concientizar y mitigar losproblemas vinculados a la violencia, no solo hacia las mujeres, sino también hacia los niños.

“Ninguna sociedad debe acostumbrarse a los femicidios. No se puede aceptar como normal que sean casos que se transformen en situaciones del acontecer sin reaccionar y actuar en consecuencia. Necesitamos trabajar en el tema de los derechos humanos”, afirmó Argimón. Y agregó: “Estamos hablando realmente de episodios que tienen que ver con lo cultural. Pensar que no se puede hacer nada, yo me resisto a eso. Siempre se va a poder hacer más”. En esa línea, si bien existen protocolos de actuación en casos de violencia de género a nivel de diferentes organismos que trabajan en la materia, la futura vicepresidenta de la República remarcó que se debe trabajar en un nuevo “protocolo interno funcional” y que se elabore “al más alto nivel” con especial “fortaleza” y claridad en los conceptos.

Para eso, Argimón indicó que es importante avanzar en el tema educativo, en la concientización desde edades tempranas y generar compromiso social para combatir el problema.

“Vivimos en una sociedad que tiene una posibilidad de hacer una denuncia anónima, y eso permite la colaboración para prevenir casos si se logra acompañar los procesos que pueden generar dificultades. Todavía hay mucho de concientización, la educación es clave, si los niños y las niñas se educan sabiendo lo que significa esa violencia, la respuesta en su ser adulto va a ser diferente y más eficaz”, señaló Argimón, quien ha tenido una militancia activa vinculada a este tema desde tiempo atrás.

Sin embargo, Argimón entiende que es clave que la sociedad comprenda el nivel de la problemática por las heridas que generan. “Es importante remarcar, no solo que son delitos que están penados y penalizados por la ley, sino que también tienen un claro rechazo social”, enfatizó.

Por eso, destacó la necesidad de nuevos programas y políticas. “Para la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y niñas tiene que haber un programa integral fuerte. No solo un protocolo claro y firme. Programas que se aggiornen a esta nueva realidad. Que se exijan respuestas rápidas, y que permita ir detectando esas señales de alertas amarillas para evitar las luces rojas. Es importante y se trabajará al más alto nivel. Es momento de asumir como un tema de especial importancia y preocupación, no solo política, sino social”, explicó Argimón.

En noviembre, luego de que los partidos de la coalición multicolor sellaran el acuerdo electoral, las mujeres de los cinco partidos (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido independiente y Partido de la Gente) redactaron un documento especifico con políticas de género.

“Entendemos que, si bien a lo largo de los años hubo avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres -desde la aprobación de la ley contra la violencia doméstica en 2002 hasta la 19.580, a fines de 2017-, la situación necesita ser declarada como emergencia de seguridad”, señala el texto.

Después agrega: “Los homicidios, que en la última década promedian los 26 al año, son en realidad una parte de un panorama que indica una denuncia de agresión hacia mujeres cada diez minutos. A su vez, en las últimas semanas una fiscal especializada aseguró que recibe un promedio de diez denuncias diarias de casos de abuso sexual a mujeres y niños”.

Además de políticas preventivas para los casos de violencia, aquel documento establece dar especial consideración a las mujeres solas con hijos a cargo y víctimas de violencia doméstica en los programas de vivienda social, mejorar el acceso de las mujeres del interior del país a los servicios de salud preventiva y diagnóstico de cáncer de mama así como cuello de útero, como políticas de salud.