MEDIDA

Horas después del anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de reglamentar el artículo 38 para “limitar el derecho a reuniones cuando se esté notoriamente atentando contra la salud” frente al aumento de casos de COVID-19, se divulgó este jueves entre legisladores el proyecto de ley que mañana viernes será considerado con carácter grave y urgente en ambas cámaras parlamentarias. 

"Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos", sostiene el artículo 38 de la Constitución, que ahora busca reglamentar este proyecto de ley. 

La exposición de motivos del proyecto de ley recuerda el aumento de casos de coronavirus que experimenta Uruguay, y plantea que "en este marco se entiende oportuno la aprobación de una ley, con alcance general, en una materia tan sensible al Estado democrático, como lo es la limitación de derechos individuales, todo, en aras de la protección de un bien fundamental tutelado como es la salud colectiva, cuya garantía permite el goce de los demás derechos y libertades reconocidos constitucionalmente". 

Se añade en esta línea que "la adopción de las medidas que se proponen resulta legítima y necesaria" (...) ya que tienen como finalidad proteger la vida de las personas y la salud pública ante la grave amenaza del agravamiento de la emergencia sanitaria que transita nuestro país por la expansión de la pandemia de COVID-19". 

El primer artículo del texto que será puesto a consideración de ambas cámaras en pocas horas sostiene: "Limítase transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días desde la publicación de la presente Ley, entendiéndose como tales, la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etc. según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas".

El segundo artículo faculta a los ministerios competentes "a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente". En tanto, se precisa en el texto que esta facultad "deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios".

En tanto, el tercer artículo plantea qué tipo de sanciones se aplicarán si existe incumplimiento de esta norma. Estas pueden ser "apercibimiento, observación y multas de 30 a 1000 Unidades Reajustables (de $ 38.743,2 a $ 1.291.440), sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder". Lo recaudado por las multas "será destinado al 'Fondo Solidario Covid-19'", creado meses atrás para hacer frente a la pandemia.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar "por única vez y por el término de treinta días" el plazo de 60 días desde la publicación de esta ley, de acuerdo al cuarto artículo.

El segundo capítulo de este proyecto de ley comienza refiriéndose al cierre de las fronteras del país hasta el 10 de enero de 2021 inclusive. "Prohíbese el ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas -cualquiera sea su modalidad- desde la fecha de promulgación de la presente Ley y hasta el 10 de enero de 2021 inclusive", sostiene el texto.

Tal como señaló el presidente anoche, serán exceptuados "los transportistas internacionales de bienes, mercaderías, correspondencia y ayuda humanitaria y sanitaria", así como "los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso".

El último artículo faculta al Poder Ejecutivo a "prorrogar" el plazo de este blindaje con dichas excepciones, que en principio rige hasta el 10 de enero próximo inclusive, así como "disponer otras excepciones" siempre que "se justifique y acredite la necesidad de las mismas", remata el texto.

El senador blanco Gustavo Penadés dijo esta tarde en rueda de prensa que "la idea del Poder Ejecutivo no es que este proyecto ni las sanciones previstas tengan que ser aplicadas, sino que sirva como un elemento más en la toma de conciencia que todos tenemos que tener frente al crecimiento exponencial de los contagios que estamos viviendo en los últimos tiempos".

Penadés calificó al texto que será analizado mañana como "muy sensato", que contiene "palabras correctas y que establecen un compromiso de partes, o sea, del Estado de una parte y de la ciudadanía de otra. Todos trabajando en pos de la salud pública".

El blanco espera que mañana ingrese el proyecto al Senado, donde se votará, y posteriormente, de tarde, sea aprobado en la Cámara de Diputados para que "sea ley a partir del sábado".

Remarcó que la coalición pretende que este texto "sea aprobado lo antes posible", y que sea votado "por unanimidad". Sobre el último punto, dijo que sería un "fuerte mensaje de los que tantos actores políticos han reclamado en los últimos tiempos".