El recibo de sueldo de una funcionaria municipal artiguense desató, en pleno enero, una tormenta política enel departamento gobernado por el intendente nacionalista Pablo Caram. Stefani Severo, pareja del entonces secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, había cobrado tan solo en un mes $ 93.979 por 196 horas extras de trabajo.

Hubo denuncias mediáticas y en la Fiscalía. Se cursaron pedidos de informes y de acceso a la información pública. Severo renunció y Rodolfo Caram fue trasladado a otra dependencia de la Intendencia de Artigas. Caram abrió una investigación administrativa, pero negó que hubiera corrupción bajo su mandato.

Finalmente se confirmó que el pago irregular no solo se dio en una oportunidad, sino que se repitió sistemáticamente durante casi dos años. Desde febrero de 2021 y sin interrupciones, Severo se computó entre 72 y 294 horas extras por mes, de acuerdo a los resultados de la investigación administrativa, a los que accedió El País en exclusiva.

Caram remitió este documento a la Fiscalía, que ya estaba investigando el caso a partir de una denuncia del Frente Amplio, y a fines de marzo cesó a dos jerarcas por la omisión en los controles.

La tormenta pareció apaciguar entonces, pero todo indica que volverá en los próximos días, cuando el edil del Partido Colorado Daniel Argañaraz presente una nueva denuncia penal. Con ella no solo apuntará hacia la administración por el caso de Severo, que en principio involucró solo a tres funcionarios, sino que buscará probar que las horas extras son utilizadas discrecionalmente, como una forma de “recompensar” a los empleados leales a Caram o como una “especie de sobresueldo para pagar favores”, según dijo a El País.

Argañaraz contó que entregará a la Justicia los nombres, números de cobro y marcas de reloj biométrico de 12 personas que, en este período de gobierno, también cobraron cifras “disparatadas” por concepto de horas extras, incluso cuando estaban de licencia.

El edil aseguró que brindará suficientes pruebas como para que el ministerio público constate que el caso de Severo no fue uno aislado.

“Es imposible realizar las horas extras que se computaron: diecisiete, veinte horas de trabajo diario, todas las semanas y durante todo el año. No hay cuerpo que aguante”, expresó.

El año pasado, la Intendencia de Artigas destinó más de $ 120 millones al pago de horas extras, como informó La Diaria a partir de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública del diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo. Desde el comienzo, Caram ha contestado que esto se debió en gran parte a la cantidad de obras que se están realizando en el departamento.

Sin embargo, para Argañaraz, esta es una respuesta que se cae por su propio peso. El edil adelantó que los funcionarios comprendidos en su denuncia cumplen tareas administrativas y que, en algunos casos, marcaron su ingreso en medio de la madrugada, cuando la comuna está cerrada.

O que directamente nunca registraron el horario de entrada y salida, pero igual gozaron de la compensación, algo que no hubiera sido posible pues se desconocía el punto de partida para hacer el cálculo.

La contundencia de la documentación es tal que, según Argañaraz, llevó a que el Ejecutivo Departamental del Partido Colorado en Artigas resolviera por unanimidad acompañarlo en la denuncia penal.

De esta forma, se revirtió la postura adoptada en febrero, cuando quienes estaban a favor de hacer la denuncia penal en nombre del Ejecutivo Departamental quedaron en minoría, seis votos contra ocho. Silvia Cortazzo, una de las coloradas que estaba en contra, manifestó entonces que “faltaba contundencia”, pero ahora confirmó que el respaldo a Argañaraz fue de todo el organismo.

Para Argañaraz, “no hay duda alguna de que se trata de una maniobra” de la que la Intendencia de Artigas no quiere hacerse cargo. “La propia comuna, al tener esas pruebas en la mano, debería haber investigado seriamente a todos los funcionarios que cobran horas extras pero no las hacen”, dijo a propósito de la investigación administrativa.

¿Pero cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Para empezar, Severo reconoció que se computaban todas las horas trabajadas como si fueran extras y que lo hacía para “pagar préstamos” que había contraído. Y remarcó que “muchos funcionarios de otras reparticiones” incurrían en la misma práctica, abonando así la teoría de Argañaraz.

En su caso, cada mes entregaba dos planillas. Una por aproximadamente 50 horas extras, que era el tope permitido en Recursos Humanos y otra que incluía trabajos extraordinarios de lunes a lunes y una carga horaria superior. Liquidaciones validaba siempre la segunda.

Severo aseguró que lo hacía con la autorización de la encargada de Recursos Humanos, Elizabeth Ramallo, que a la postre fue cesada. Sin embargo, según esta exjerarca, fue Severo quien le transmitió que debía autorizar el pago por “orden superior”, sin hacer referencia a nadie en particular, pero era algo que tenía en cuenta pues era pareja del entonces secretario general y primo del intendente.

En tanto, el otro funcionario despedido por Caram, Miguel Romero, el encargado de Liquidaciones, afirmó que “nunca” se cuestionó por qué se remitían dos planillas. “No tenemos tiempo para eso”, sentenció al ser consultado en el transcurso de la investigación.

Consultado por El País, el intendente de Artigas negó que más funcionarios municipales hayan cobrado horas extras de forma irregular. “Es bien claro. No hay más casos. Se trató aquel (el de Stefani Severo), pero no hay más. Así que tengo tranquilidad”, afirmó.

Para el jefe comunal, esta denuncia -que fue anunciada a principios de año, pero recién ahora se efectivizará- tiene intencionalidad política. “Hay gente que parece que tiene poca cosa para hacer. Vienen jodiendo desde enero con que van a presentar una denuncia. Entonces, que la presenten de una vez”, dijo. Por otra parte, Caram aseguró que se tomaron medidas de contralor tras la investigación administrativa: “Se pusieron más relojes y los directores tienen que autorizar las horas extras y firmarlas”. Esa disposición se fijó mediante una resolución municipal, según el intendente. El asesor jurídico recomendó “indagar en profundidad” el hecho de que Severo cobrara horas extras cuando estaba de licencia, ya que alguien más tuvo que manipular manualmente el reloj biométrico.