Redacción El País
Más allá del ruido de las declaraciones públicas y los discursos, la realidad es que las propuestas programáticas —los textos que establecen los principales ejes de gestión con los que los presidenciables se comprometen— que han mostrado el Frente Amplio y la coalición de gobierno tienen grandes coincidencia. Incluso con aquel problema de fondo, estructural, que a lo largo de esta campaña se han instalado varias veces en la agenda: la pobreza infantil, que de acuerdo a los últimos datos oficiales se sitúa en el entorno del 20%.

En las últimas horas el frenteamplista Yamandú Orsi volvió al tema en varias de las entrevistas. En diálogo con Radio Carve, por ejemplo, el postulante de la coalición de izquierda reconoció que sobre este tema hay “unanimidad” en el sistema político —de hecho, el postulante de la izquierda y el candidato Álvaro Delgado firmaron esta semana un documento comprometiéndose a trabajar en este tema— en definirlo como “el problema central” o “principal”. Y luego se refirió a la ley integral aprobada este año con el voto de todos los partidos sobre primera infancia, impulsada por la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, para referirse a la complejidad institucional que tiene el abordaje de este problema —“no puede ser de (parte de) una sola institución o de instituciones separadas”— y evitó adelantar si tenía un objetivo concreto para lograr en un eventual futuro gobierno frenteamplista. “Cando se trata de la situación de los gurises chiquitos, el 1% ya te tiene que doler. Yo no puedo decir un porcentaje”, señaló el exintendente de Canelones.

Delgado, por su lado, ha sido enfático sobre este problema en varias ocasiones. El comienzo de esta campaña, el 9 de abril, cuando era precandidato a presidente, había afirmado que “el primer objetivo” de un eventual gobierno suyo sería justamente “bajar la pobreza infantil”, y daba argumentos para afirmar que eso era posible, como el hecho de contar hoy con una “economía ordenada” con “récord de inversión”, y “tres puntos menos de desempleo” que en 2019.

En diálogo con El Observador días atrás, cuando fue consultado sobre qué meta se planteaba, respondió que, en un solo período de gestión no creía posible que la pobreza infantil se redujera “más de un 30%”.

Tanto en el programa que la coalición como en las bases programáticas del Frente Amplio hay planteos concretos para comenzar a paliar el problema, sobre la base del mismo diagnóstico.

Así, mientras el documento de la izquierda Prioridades para gobernar Uruguay se sostiene que hay que introducir cambios en “el sistema de protección social, con un foco especial en la infancia, para garantizar que ningún niño, niña, adolescente y joven que habite este país quede atrás”, en el Compromiso por el país: gobernar entre todos de la coalición se asevera que “la razón de ser de un buen gobierno es el bienestar de su gente” y que “el centro de las prioridades” para lograr esto en una forma integral en una futura administración debería estar “en la primera infancia y las familias”.

En ambos casos se propone incrementar las transferencias monetarias a hogares en situación de vulnerabilidad socio económica extrema a través del Bono Crianza, aunque con diferentes formulaciones.

El ex secretario de la Presidencia, por su lado, propone “una triplicación del monto pasando a cobrar $6.900” por mujer embarazada o niño de hasta tres años —con lo que se aspira alcanzar a un universo de 30.000 niños— y se plantea extender este mismo beneficio para los niños de entre tres y seis años y llegar así a unos 60.000 menores de contexto crítico.

Además, se proponen medidas complementarias como “crear una licencia y subsidio para cuidados de hijos para los padres de niños de hasta tres años de 10 días al año”, o “avanzar en la transformación de los CAIF (y otras propuestas) a tiempo completo, comenzando por aquellos de contextos vulnerables”.

Orsi, mientras tanto, se compromete a “aumentar un 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza”, con lo cual espera llegar “a cerca de 100.000 hogares con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Asimismo, en el documento con prioridades —que toma insumos de las bases programáticas del Frente Amplio— también incluye como propuesta “implementar un apoyo de $2.500 a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP, para el arranque de clases”, además de "dar apoyo a las familias para gastos extraordinarios al inicio de cursos (túnica, mochila, útiles, zapatos, etc.)”.