Un informe de auditoría reveló un riesgo alto o extremo de desvío o incluso de apropiación indebida de los fondos públicos destinados a los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF).

El trabajo, al que accedió El País, fue realizado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que evaluó los controles sobre estos centros, que cuentan con financiamiento estatal bajo la órbita del INAU, pero que son gestiones por organizaciones civiles privadas, destinados a niños de hasta tres años, priorizando a los que provienen de familias pobres o vulnerables. La auditoría abarcó el período entre enero de 2022 y mayo de este año.

Entre las conclusiones, se indica que el 28% de los CAIF que funcionaban a junio de este año presentaban serias carencias de control, al no contar con director regional o supervisor asignado. Una situación que se agrava debido a la concentración de estas funciones.

A junio de este año, de 475 centros, 132 presentaban ausencia o debilidades de algún pilar de control. En 37 centros no hay supervisor y en 74 no existe un director regional. En 21 locales se carece de ambas figuras, una situación que abarca al 10% de los centros ubicados en Montevideo y al 33% de los que están en San José.

La explicación que dio en su momento la Dirección del Programa de Primera Infancia es que el personal no era suficiente, pero que estaba realizando gestiones para las designaciones correspondientes.

La auditoría también determinó fuertes debilidades en la asignación y liquidación de las subvenciones a las organizaciones privadas que gestionan estos centros. La forma de calcularla, se indica, depende en buena medida de la información que aporten esas mismas organizaciones, quedando el control en las constataciones que puedan realizar los supervisores cuya carencia, precisamente, se subraya.

Así, según el análisis de la gestión financiero-contable, entre enero y mayo de este año, se les transfirieron $ 93 millones -unos US$ 2,5 millones- a organizaciones que gestionan centros sin supervisor ni director regional asignado. La auditoría constató diferencias en cinco partidas, por un monto de casi $ 10 millones -unos US$ 266 mil-, que no pudieron ser conciliadas con multas aplicadas. Las respuestas atribuyeron el hecho a errores de digitalización que determinaron partidas que no figuran en los estados contables, imputaciones erróneas, liquidaciones imputadas a diferentes períodos y partidas correspondientes a rubros que no son subvenciones.

Según el informe, esta situación deja expuesto al Estado a una serie de riesgos. El principal: una posible “apropiación indebida” de fondos públicos de las organizaciones civiles, que podrían declarar un número mayor de chicos atendidos que el real. También podría generar decisiones inadecuadas por parte del directorio del INAU, que podrían afectar directamente los cometidos del programa, al no contar con información contable íntegra y veraz.

La auditoría apuntó en su proceso de análisis a otras debilidades, referidas a las rendiciones de cuentas bimestrales que las organizaciones civiles deben presentar, a fin de justificar las subvenciones transferidas. La principal: incumplimiento en plazos de presentación de esas rendiciones. Los datos indican que, al 15 de mayo, 30 proyectos presentaban atrasos. De ese total, 17 con un promedio de 104 días, cuatro con 166 días, seis con 227 días y uno con hasta 441 días de retraso.

El mecanismo prevé que el INAU aplique una multa del 10% de las subvenciones ante demoras en la presentación de rendiciones. También se verificaron atrasos en el análisis de las rendiciones presentadas por parte del organismo.

En la Dirección Departamental de Montevideo, el atraso constatado fue estimado en ocho meses. El argumento del organismo fue la falta de personal suficiente. Y, dado que ese retraso no pudo atribuirse a las organizaciones, se le siguió realizando transferencias sin elementos que garantizaran el cumplimiento.

Otro problema detectado se dio en los viáticos y las horas a compensar de los funcionarios encargados del contralor. Se indica que en su mayoría residen en Montevideo, pero priorizan las visitas al interior, en desmedro de los centros a supervisar en el área metropolitana. En 2022 se fijó un criterio que obliga que la mitad de las inspecciones se realicen en el departamento de residencia. No obstante, se señala, ello no garantiza la optimización de los tiempos y las frecuencias de las supervisiones. La mitad de los supervisores superaron las 100 horas compensadas, con un caso que llegó a 491 horas.

El informe de la Auditoría Interna de la Nación advirtió, entre otros factores, que el perfil de los supervisores de los centros CAIF les impide contar con las herramientas necesarias para el desarrollo de los controles que tienen asignados, siendo en su mayoría maestros, educadores, psicólogos y trabajadores sociales. También se indicó que no existe un programa de capacitación continua para del desarrollo de estas tareas, si se considera el impacto que estas tienen en todo el proceso.