La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó una serie de riesgos "extremos", con distintos niveles críticos, en la gestión del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), en cuanto la regulación y fiscalización de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem), lo que, advirtió, puede redundar en un "uso ineficiente de recursos", además de la "vulneración de derechos de las personas mayores", "pérdida de vidas humanas" y "reclamos judiciales".

El organismo de contralor culminó el relevamiento relativo a esa institución, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y el cumplimiento del cometido que tiene encomendado en cuanto al control de este tipo de residenciales.

El alcance de esa auditoría, a la que accedió El País, fue de enero de 2023 a mayo de 2024, aunque para algunos procedimientos se analizó un período más extenso.

La normativa implica que los Elepem deben estar inscriptos en el Registro de Establecimientos del Mides, a través de Inmayores, y contar con el certificado social correspondiente, que será requisito necesario para que luego puedan obtener la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Con base a datos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) se indicó que, a marzo del año pasado, había relevados en todo el país 1.481 establecimientos de adultos mayores. De ellos, 298 tenían el certificado social vigente y otros 158 lo tenían en trámite. A esa fecha el instituto había realizado 408 fiscalizaciones, y recepcionado 133 denuncias.

A su vez, de los 1.175 establecimientos que carecen de ese certificado social, se verificó que 176 nunca fueron fiscalizados. Otros 236 fueron inspeccionados por última vez antes de 2020.

Únicamente se han revocado certificados por cambio de titular o de domicilio de los establecimientos, no existiendo criterios que establezcan las condiciones que se deben dar para la revocación. Por otra parte, se constató la existencia de Elepem con certificados vencidos pero con habilitación vigente del MSP. Según la AIN, una de las razones para que suceda esto es que ambas certificaciones tienen una vigencia de cinco años, pero estas emiten en fechas diferentes.

La AIN detectó en ese sentido una "falta de seguimiento" por parte del instituto de las condiciones de funcionamiento de estos establecimientos. También, que la División Regulación no cuenta con una planificación que permita definir objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo.

Por otra parte, se señala que desde diciembre de 2022 el cargo de jefe de Fiscalización e Intervención está "acéfalo", y que a diciembre de 2023 el instituto contaba, para todo el país, con cuatro funcionarios fiscalizadores que desempeñaba la mayoría de sus tareas en Montevideo.

La normativa indica que las fiscalizaciones deben realizarse en duplas. Y, si bien esa dupla puede estar conformada por un referente territorial, desde el propio Inmayores se informó que en en seis departamentos del interior se carece de esa figura.

Por otra parte, el informe reparó en que el organismo carece de controles complementarios a las visitas de los fiscalizadores como para garantizar el cumplimiento de la competencia asignada.

A abril de este año, Inmayores contaba con un total 87 funcionarios. De acuerdo al Sistema Integrado de Información Financiera, el instituto tuvo en 2023 un presupuesto de $ 5,3 millones, que bajó a $ 4,5 millones en 2024.

La AIN concluyó que Inmayores, como regulador, fiscalizador y rector de políticas públicas en vejez, no cuenta con la articulación interinstitucional necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, se evidenciaron debilidades que limitan el cumplimiento de sus competencias.

Entre otros aspectos, se indica que hubo un descenso en la frecuencia de las reuniones del Consejo Consultivo previsto por ley. "No se puede asegurar que esté cumpliendo con su cometido", alertó el informe, al señalar que se reunió solo cuatro veces en 2022, una en 2023 y una a mayo de 2024, no contándose con actas que acrediten lo resuelto en cada instancia.

"No se han implementado acciones a los efectos de que los establecimientos clandestinos regularicen su situación y puedan iniciar el trámite de habilitación", advirtió la AIN. Al respecto, la auditoría dijo haber constatado que el organismo tiene conocimimiento de Elepem que "no cuentan con forma jurídica".

Por otra parte, el instituto carece de un criterio para la revocación del Certificado Social, y los registros utilizados para la gestión de la División Regulación no brindan información íntegra, confiable y oportuna.

El proceso para la habilitación de un Elepem implica que el establecimiento debe presentarse primero ante el MSP, que le otorga un certificado de registro y le pasa el trámite al Mides. Allí Inmayores analiza el caso y fiscaliza al solicitante. De no haber observaciones, le extiende el certificado social por cinco años. Luego devuelve el expediente a Salud Pública, que es el que concede la habilitación final, para que continúe con el trámite.