PRESENTARÁN DENUNCIA EN LA JUSTICIA

La suma final fue de US$ 213 millones, aunque pueden agregarse otros US$ 37 millones de las eventuales condenas por las demandas iniciadas contra la empresa, y deben sumarse los US$ 8 millones que costará retirar los pilotes en el Río de la Plata, y los US$ 3 millones que gasta Gas Sayago por año mientras dura la liquidación, proceso que continúa abierto.

“Analizado el documento final de la auditoría por parte del Directorio de UTE y considerando el informe legal de nuestra Área Jurídica, podemos transmitirles que en los informes se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio”, dijo ayer Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, al presentar las principales conclusiones de la auditoría externa que analizó la frustrada inversión.

“A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de US$ 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”, agregó la jerarca en conferencia de prensa, en la que informó que todos estos elementos serán elevadas a la Fiscalía General de la Nación en un plazo no mayor a los 10 días.

Entre los hallazgos del informe que fue encargado a la firma PricewaterhouseCoopers (PWC) -lo que implicó un costo de $ 13 millones-, Emaldi informó que no se detectó documentación que acreditara que tanto UTE como Ancap -dueños del 80% y el 20% de los capitales, respectivamente- “hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos”.

Y agregó Emaldi: “No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos”.

Otras de las irregularidades encontradas en la auditoría refieren a los procesos de contratación y la adjudicación de las obras del gasoducto a la firma brasileña OAS. “Esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos”, dijo la jerarca.

En este sentido, de hecho, el fiscal Luis Pacheco, que participa de la causa formada en 2013 con la primera denuncia (ver en columna aparte), está a la espera de dos exhortos enviados a la Justicia de Brasil en 2019 y 2020 para saber si el exministro de Industria de ese país, Fernando Pimentel, intervino ante el gobierno del entonces presidente frenteamplista José Mujica (2010-2015) para que la compañía asumiera las obras.

Según supo El País, la empresa tuvo gastos por más de US$ 210.000 para la alimentación de su personal. De estos, cerca de US$ 140.000 corresponden a menús que se les daba a sus trabajadores, los cuales estaban incluidos en la remuneración mensual de todos los funcionarios. Pero también hay US$ 28.499 que fueron destinados a “lunch/catering”. Y se gastaron US$ 11.584 en “almuerzos y cenas”, US$ 5.777 en café y azúcar, US$ 2.041 en canastas y comidas en las fiestas, US$ 1.646 en frutas y algo más de US$ 4.100 en “frutos secos”. Este último ítem fue uno de los que más llamó la atención de las nuevas autoridades de UTE, al punto que fue conversado en las últimas reuniones del directorio donde se presentaron los informes que se hicieron públicos ayer.

La capacitación al personal fue otro de los rubros donde la empresa Gas Sayago destinó cantidades importantes, a pesar de tener en duda la viabilidad del proyecto. Para maestrías y posgrados se volcaron US$ 68.447, en conferencias y congresos US$ 29.050, en cursos de inglés US$ 22.723, en “cursos de habilidades blandas” se gastaron US$ 21.540, en cursos de supervivencia personal US$ 5.266, en libros US$ 1.644, emergencias y primeros auxilios US$ 1.428, cursos de manejo y libretas de conducir US$ 553, y también se decidió contratar una “membresía de piano” por US$ 110.

En tanto, el rubro “viajes y traslados” fue uno de los ítems que abultó más los gastos de la empresa. Incluso estas cifras se incrementaron luego del 2015 cuando Gas Sayago terminó el consorcio con GNLS S.A. En total se usaron US$ 289.836 entre traslados, estadías y alimentación desde 2011 a 2020.

Surge del informe de PwC que el gerente técnico, Ariel Álvarez, fue quien más viajó gastando un total de US$ 26.941. La gerente general y directora de la empresa, Marta Jara, fue la segunda en cantidad de gastos por viajes utilizando un total de US$ 23.957, y Mariana Correa, la jefa técnica y coordinadora del departamento técnico, completó el podio con US$ 15.165. Entre estos tres funcionarios se gastó el 44% del dinero destinado para viajes.

Al analizar los destinos, también surge del informe de la consultora que el 58% corresponden a gastos efectuados en Uruguay, un 24% a viajes a Europa, y el resto del dinero fue gastado en traslados y alojamientos en América del Sur, Asia y Estados Unidos.

Otro de los puntos que observa el informe externo es que había salarios que estaba bastante por encima de lo que marcaba el mercado. El estudio de PwC realizó una comparación de las remuneraciones mensuales de los empleados en Gas Sayago con lo que hubiera sido justo pagar para esos cargos. En el caso de la gerente general, Jara, su sueldo está en el límite superior, o sea dentro de lo que marca el mercado, pero en el borde. En cuanto al gerente general adjunto, su sueldo se ubica en la media del mercado, al igual que el cargo de coordinador de gasoducto. Los restantes técnicos tienen sueldos fijados sobre el límite superior.

Directora del FA: “No se aportó nada nuevo y se gastó plata”

La representante del Frente Amplio en el directorio de UTE, Fernanda Cardona, manifestó su posición contraria a lo resuelto por el directorio ayer. “Finalmente UTE hizo público el informe externo que contratamos sobre Gas Sayago. Pagamos una auditoría cara y recibimos a cambio un informe intrascendente. Me siento defraudada. No lo aprobé y voté no pagarlo”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Al ser consultada por El País, agregó que a su entender el trabajo de la auditoría para lo único que sirvió fue para gastar US$ 300.000, porque “no agregó nada nuevo”.

“No hay nada que no haya estado contablemente auditado en anteriores trabajos de Gas Sayago. La consultora (PwC) en sus primeras páginas hace salvedades y expresa que no se trata de una propia auditoría, que no elabora conclusiones ni recomendaciones. Gastamos esa cifra y no tenemos nada nuevo para reportar. Ni valoraciones, conclusiones o recomendaciones de cómo proceder, como ocurre en una auditoría”, dijo la representante frenteamplista.

A su vez, la jerarca de la oposición indicó que la empresa encargada de la auditoría admitió que estuvo “limitada en el acceso a la información de manera completa”. Cardona agregó que en la reunión del directorio también votó en contra de contratar un abogado penalista externo, porque a su entender se podía trabajar con los abogados funcionarios de UTE.

“No existe la necesidad de la contratación. Si se están discutiendo gastos, no entiendo por qué agregar nuevos gastos”, dijo.

Sobre el contenido de la auditoría y los gastos en alimentación, masajes, viajes y cursos de capacitación, Cardona dijo que no le correspondía a ella hacer valoraciones sobre si fueron justificadamente realizados o no.