En octubre de 2020 el gobierno de Luis Lacalle Pou dio a conocer las conclusiones de varias auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que entre otras conclusiones determinaron “desidia y poco apego” en el manejo de los organismos públicos durante los gobiernos del Frente Amplio.

Una de esas auditorías fue al Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), donde se advirtió por la falta de controles para la administración y la utilización de recursos obtenidos a través de los convenios firmados entre el instituto y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) y el Fondo Rotatorio Especial.

Según explicó a El País, el presidente de Inacoop, Martín Fernández, la auditoría detectó que entre 2018 y 2020 hubo “una falta de estructura de control adecuada en todo el proceso de otorgamiento y seguimiento de los préstamos a las cooperativas”.

Esa auditoría, dijo Fernández, les advertía de riesgos “medianos y altos” en los procesos del instituto. Fe a través de mejoras en la gestión que se logró revertir la situación y que la AIN levantara las observaciones sobre la gestión llevada a cabo por la administración anterior.

Así, entonces, un nuevo informe sostiene que “tras la información remitida por Inacoop, referente a las acciones tomadas ante las recomendaciones realizadas, se concluye que las mismas mitigan los riesgos” que habían sido advertidos.